Judicial
Fiscalía busca recuperar $481.3 millones en 12 procesos de corrupción y crimen organizado
En al menos 12 procesos judiciales que actualmente se encuentran en los juzgados, el Estado salvadoreño espera recuperar $481,363,11.18, que fueron sustraídos ilícitamente, malversados y obtenidos con fraudes cometidos en perjuicio de ministerios y autónomas por ex funcionarios de los partidos ARENA y FMLN.
La Fiscalía General de la República (FGR), desde que judicializó los 12 expedientes en los últimos cinco años, también se pronunció antes los jueces para que se diera por iniciada la acción civil y que a los acusados se les condena a devolver al Estado las millonarias cantidades de dinero con las que han causado perjuicios económicos al Estado.
De los 12 expedientes, solo dos han avanzado a la etapa final de proceso, pero los tribunales de sentencia no han podido realizar las vistas públicas por recursos interpuestos. Los otros 10 casos están en diversos juzgados de instrucción, algunos ya con etapa de investigación finalizada y con todas las pruebas presentadas, pero con peritajes claves pendiente de ser anexados.
Pero cuatro expedientes que pasaron a la fase de instrucción, aún están con la etapa de investigación vigente. Uno de esos es el caso Centrum, referente a un contrato de permuta de armas, los acusados son los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez, quienes supuestamente favorecieron al expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban, ocasionando un perjuicio económico de $2,706,472 al Estado.
De igual forma, otro de los procesos judiciales pendiente de finalizar la fase de instrucción es el que está activo contra del expresidente Mauricio Funes, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, «Mecafé» y el guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal de la empresa Serdelco S.A.
Estos son los casos que están activos en los diferentes tribunales:
Sigfrido Reyes y 13 acusados
Juzgado: Sexto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y 13 acusados más, enfrentan el proceso penal por lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes. En este expediente se detectó una venta irregular de cinco lotes propiedad del Instituto de Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA), hay varias pericias pendientes de presentar.
Expediente Corruptela
Juzgado: Cuarto de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
En el Juzgado Cuarto de Instrucción son procesadas 30 personas, entre ellos el exfiscal general Luis Martínez, quien según la Fiscalía General de la República recibió sobornos del expresidente Mauricio Funes y varios empresarios, entre ellos Enrique Rais. Se desconoce fecha de audiencia preliminar debido a que aún faltan algunas pericias.
Proceso penal El Chaparral
Juzgado: Cuarto de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, diligencia la causa penal del caso conocido como El Chaparral, donde supuestamente Mauricio Funes, Miguel Menéndez Avelar y José Leopoldo Samour, favorecieron a la empresa Astaldi pagando $108.5 millones por obras no ejecutadas. Ya se presentó toda la investigación, pero falta definir audiencia preliminar.
Exdirectores de Centros Penales
Juzgado: Tribunal Quinto de Sentencia
Estado: Esperando vista pública
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, tiene pendiente desarrollar la vista pública en contra de los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta. Este proceso tiene que ver con un supuesto manejo inapropiado de los fondos de las tiendas institucionales que funcionan en las cárceles.
Fabricación de casos penales
Juzgado: Tribunal Tercero de Sentencia
Estado: Esperando vista pública
El exfiscal general Luis Martínez, el abogado Héctor Grimaldi y el exdirector de Intereses del Estado de la Fiscalía, Julio Arriaza, son acusados de fabricar pruebas y judicializar casos para favorecer supuestamente al prófugo Enrique Rais. Los imputados enfrentan delitos de omisión en la investigación, revelación de hechos, actos arbitrarios y fraude procesal. Está pendiente la vista pública.
Expediente caso Centrum
Juzgado: Quinto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
En el Juzgado Quinto de Instrucción, está el proceso penal contra el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez. Este expediente tiene que ver con una permuta de armas donde se favoreció a Centrum entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban.
Fraude fiscal de Muyshondt
Juzgado: Octavo de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El Juzgado Octavo de Instrucción, tiene en la etapa de investigación el proceso contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por apropiación indebida de retenciones tributarias e incumplimiento de deberes. La Fiscalía lo acusa de apropiarse de $275,145, entre junio y diciembre del año 2020, con la multa e intereses el monto asciende a $571,258.
Norman Quijano y las pandillas
Juzgado: Quinto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El exdiputado Norman Quijano, del partido ARENA, tiene orden de captura que le giró el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. La Fiscalía lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral ya que supuestamente se reunió con pandillas para negociar votos a cambio de dinero y privilegios. El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ha solicitado a la Interpol que se emita difusión roja.
Tregua con las pandillas
Juzgado: Especializado de Instrucción A
Estado: En etapa de investigación
El exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés y el expresidente prófugo, Mauricio Funes, son procesados en Juzgado Especializado de Instrucción “A” por supuesta negociación con pandillas para reducir homicidios. Esta causa penal está pendiente de que se señale fecha de audiencia preliminar donde se determinará si el caso pasa a vista pública.
Caso del puente San Isidro
Juzgado: Tercero de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
En la construcción del puente San Isidro, que une San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango, la Fiscalía General de la República, dice que Mauricio Funes y Miguel Menéndez Avelar recibieron un avión de guatemalteco Jaime Aparicio Mejía, a cambio de adjudicarle el 10 de octubre del año 2013, la referida obra que costó $8.4 millones.
Negociación con pandillas
Juzgado: Segundo de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y de Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara y tres imputados más, están esperando que juzgado les programe la audiencia preliminar, el expediente es porque supuestamente negociaron con pandillas para obtener beneficios electorales en 2014. Según la Fiscalía, entregaron más de $600,000 a las maras.
Proceso «Saqueo Público»
Juzgado: Octavo de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, tiene pendiente programar la fecha de audiencia preliminar de este caso donde es procesado el expresidente Mauricio Funes y 31 imputados a quienes la Fiscalía General de la República acusa de sustraer de Casa Presidencial $351,035,400.49, están pendientes de entregarse varias pericias.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
