Judicial
Fiscales acusados de inventar pruebas contra Enrique Rais, buscaron que no se dieran ha conocer nota de “Los trapos sucios del fiscal que se va”
Los fiscales acusados de inventar pruebas contra el empresario Enrique Rais intentaron que el periódico web El Faro no publicara la noticia titulada “Los trapos sucios del fiscal que se va”, que hace alusión a Douglas Meléndez, quien finalizó sus funciones al frente del Ministerio Público a inicios de este año.
La resolucion del Juez 4 de Instruccion declaró “No Ha Lugar ” lo solicitado por los fiscales quienes intentaron que no se publicara el reportaje periodístico y que se ordenara al El Faro a bajar la noticia que afecta al exFiscal Douglas Meléndez.
“POR TANTO, CON BASE A LO EXPUESTO Y A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 19 Y SIGUIENTES D
DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA; SE RESUELVE: A) DELCARESE NO HA LUGAR LA PETICIÓN FISCAL DE LIBRAR OFICIO AL PERIÓDICO DIGITAL EL FARO , A FIN DE QUE RETIREN O SUPRIMAN DE LA NOTA PERIODÍSTICA DESCRITA EN LA PRESENTE RESOLUCON; APLIQUENSE LAS MEDIDAS PERTINENTES QUE ESTABLEZCA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA Y DEMÁS LEYES, A EFECTO DE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA RESERVA DEL PRESENTE PROCESO PENAL”, dice parte de la resolución.
A continuación mostramos parte del reportaje de El Faro titulado “Los trapos sucios el fiscal que se va”
https://elfaro.net/es/201901/el_salvador/22822/Los-trapos-sucios-del-fiscal-que-se-va.htm
Durante sus tres años de gestión, Meléndez ha repetido que recibió una Fiscalía maniatada por el crimen organizado, y en múltiples ocasiones apuntó su discurso contra la corrupción y el nepotismo.
“En El Salvador hay una corrupción sistemática. El Salvador es un país donde hay corrupción enquistada, la corrupción está en todos lados, en las instituciones públicas, ministerios, autónomas, en la política y hasta en la iglesia”, dijo a finales de agosto de 2018, durante el Encuentro Nacional Anticorrupción.
Saca y Martínez condenados; dos procesos abiertos por corrupción contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), el primer mandatario del FMLN; y el apoyo de la embajada de los Estados Unidos eran las cartas para su reelección, algo que no logró. El 21 de diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa eligió a Raúl Melara como nuevo fiscal general. La independencia de Melara ha sido cuestionada por diferentes sectores porque fue asesor del actual candidato a la presidencia del partido Arena, Carlos Calleja.
Son los últimos días de Meléndez al frente de la Fiscalía. Al revisar sus tres años de gestión, en la rutina, en el día a día, lejos de las cámaras, algunos fiscales cuentan que en esa institución ocurrieron prácticas que se parecen a lo que su jefe más criticó durante su período.
Entre octubre y diciembre de 2018, El Faro conversó con siete fiscales (tres de unidades especializadas, dos de unidades comunes y dos de una oficina subregional, en el interior del país). Todos pidieron anonimato como condición, asegurando que de aparecer sus nombres perderían sus empleos o se les abrirían expedientes en Auditoría Fiscal, la unidad que investiga a los fiscales. “Si el jefe lo tiene a uno en la mira le abren expedientes hasta por no poner el nombre del papá de un testigo en el sistema (informático) ¿A mí como fiscal de qué me sirve saber cómo se llama el papá de un testigo? ¿En qué me ayuda a resolver un caso?”, dijo una fiscal.
Los fiscales describen obstáculos en algunas investigaciones, en especial cuando los involucrados han sido miembros de la Fiscalía. Las fuentes señalan conflictos de interés de algunos jefes y cuentan que la institución encargada de castigar a la delincuencia fue víctima de la delincuencia: la Fiscalía de San Miguel extravió medio centenar de armas que eran evidencias en procesos judiciales. La investigación de ese hecho no ha dado mayores resultados y, pese a los indicios, ningún jefe o empleado fiscal ha sido sancionado.
Este periódico rastreó una serie documentos oficiales (actas policiales, documentos notariales) e información oficial de otras instituciones, como el Tribunal de Ética Gubernamental y la Dirección de Migración, que coinciden con la información revelada por las fuentes anónimas. Así se reconstruyeron cuatro casos, cuatro estampas desconocidas de la administración de Meléndez.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
Las estrategias de seguridad impulsadas por el Gobierno continúan produciendo resultados positivos a corto plazo con la ventilación de los procesos judiciales contra los cabecillas de los grupos criminales que por años sembraron terror y creyeron tener el control del país.
Este lunes continuó la audiencia única abierta contra 485 cabecillas de la MS-13 con la participación de la representación fiscal en los alegatos finales en un proceso amplio debido a la cantidad de acusaciones contra los involucrados.
«Estos alegatos, por tratarse de un caso bastante complejo y por la cantidad de las imputaciones que superan las 47,400, se han dividido, empezando primero a explicar la teoría para responsabilizar a todos estos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que es la autoría de los aparatos organizados de poder», explicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz.
Muñoz agregó que, en la evolución que tuvieron estos grupos criminales lograron extenderse con el paso del tiempo hasta abarcar sus operaciones criminales en todo el territorio. “En su evolución, fueron formándose las clicas territoriales, pero posteriormente fue creciendo tanto la organización criminal, a lo largo de los años, que surgieron los programas, que es la unión de varias clicas y está conformada por 32 programas a nivel nacional”, ahondó.
A partir de ello, dijo, hay más de 230 causas abiertas en contra de esta organización criminal, que son las detenciones que se han realizado en el marco del régimen de excepción. En los alegatos, se planteará el desarrollo de esta organización criminal, empezando por la ranfla histórica, pasando por los ranfleros en los penales que tuvieron poder durante la época de la tregua 2012-2015.
“Obviamente, pues estando en una supuesta tregua con el gobierno, pues en las cárceles prácticamente no había controles”, indicó el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado.
La ranfla histórica estaba conformada por 24 miembros. Entre ellos, había dos personas muy influyentes: El Diablito de Hollywood y El 13 de Teclas. Estas dos personas eran las más influyentes de la ranfla, pero tenían grandes diferencias”, agregó el fiscal.
A los pandilleros se les atribuye el uso de niños para movilizar la droga, cobrar la extorsión, mover las armas de fuego para evitar cualquier tipo de sospecha por parte de la policía en esos momentos.
Kevin Enrique Henríquez Laínez deberá permanecer en detención por orden del Juzgado Décimo de Paz, luego de ser procesado por el delito de tráfico ilícito, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado fue capturado el 21 de mayo de 2026 por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) durante un patrullaje realizado en la 49.ª Avenida Sur y Pasaje Los Héroes, en San Salvador.
Según el acta policial, los agentes observaron que Henríquez Laínez conducía una motocicleta de forma indebida y que, al notar la presencia policial, realizó maniobras en zigzag con el aparente propósito de evadirlos.
Tras ordenarle que detuviera la marcha para efectuar un registro, los policías encontraron cuatro porciones medianas de marihuana dentro de bolsas plásticas transparentes ocultas bajo el asiento de la motocicleta. Además, le decomisaron $210 en efectivo.
La Fiscalía sostiene que el imputado presuntamente se dedicaba a la venta de droga en San Salvador, por lo que fue acusado del delito de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
Una prueba de campo realizada por expertos antinarcóticos determinó que la sustancia incautada correspondía a 38.8 gramos de marihuana.
Al concluir la audiencia inicial, la jueza resolvió que los indicios presentados permitían establecer la existencia del delito y la probable participación de Henríquez Laínez, por lo que ordenó que continúe en detención mientras avanza el proceso penal.
