Judicial
Fiscal Melara satisfecho tras divulgación de videos donde se ve a políticos negociar con pandilleros: «Ya vieron que sí podía pasar los videos»
El jueves, el juez Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, Godofredo Salazar, ordenó a la Fiscalía General de la República procesar a cuatro políticos que aparecen en vídeos reunidos con cabecillas de la Mara Salvatrucha.
Esto luego que se divulgaran los videos donde se ve a los funcionarios públicos “negociando” beneficios con miembros de estructuras criminales.
Los políticos señalados son: el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, Roberto Angulo y e Jorge Velado, todos de ARENA.
También en los videos aparece Arístides Valencia del partido FMLN. En los audios también se menciona a un sujeto nombre “Howard”, de quien se presume sería el ex director de la Policía Nacional Civil Howard Cotto, además del ex ministro de la Defensa, David Munguía Payés.
Luego de que el juez Especializado de Sentencia A de San Salvador hiciera públicos los videos que descubren a los políticos de ARENA y del FMLN en reunión con los pandilleros de la MS- 13 presuntamente negociando altas sumas de dinero a cambio de votos el fiscal general, Raúl Melara, se dio por satisfecho: “Ya vieron que sí podía pasar los videos”, publicó el titular de la Fiscalía General de la República.
Antes, Raúl Melara había mostrado su aprobación por la condena que la FGR logró en contra de casi 400 pandilleros de la mara MS13 acusados en la “Operación Cuscatlán”.
Dichos vídeos, más las escuchas telefónicas, incriminan a los políticos, pues según el fallo judicial: hubo ofrecimiento de beneficios, entregas de dinero, y en las intervenciones los pandilleros hablan de que el exministro de Defensa David Munguía Payés, les iba a entregar uniformes de la Fuerza Armada.
Luego que la presan tuviera acceso a los videos con el consentimiento del juez Godofredo Salazar, quien según Norman Quijano entregaría a los pandilleros presuntamente $100 millones traducidos en programas de beneficio social, el ahora diputado tricolor reaccionó anoche a los señalamientos.
Quijano reiteró que no negoció con pandillas durante la campaña presidencial de 2014. “Tengo mi conciencia tranquila, hablé de un plan país que era para disminuir los niveles de criminalidad; me reuní con pastores y con diversos sectores de la sociedad y nunca adquirí compromisos con delincuentes”, dijo.
A cumplir una condena de 12 años de cárcel ha sido sentenciado José Alfredo Gómez Ramírez, quien fue declarado culpable por el delito de robo en perjuicio de una víctima, a quien despojó de sus objetos de valor.
El hecho ocurrió la tarde del 18 de enero de este año. La víctima transitaba sobre 12ª. calle poniente, entre la 1ª. avenida sur y la avenida Isidro Ménendez, en el centro de esta capital, cuando fue interceptada por Gómez Ramírez, quien la amenazó de muerte y de forma rápida la despojó de sus prendas de valor.
La víctima luego de entregar sus pertenencias huyó de la zona y buscó apoyo policial.
El sujeto fue ubicado y detenido por agentes de autoridad a los pocos minutos de la acción delincuencial. La Fiscalía presentó toda la prueba ante el Juzgado Noveno de Paz y al finalizar de la denominada audiencia de vista pública sumaria fue encontrado responsable penalmente por el mencionado delito.
Gómez Ramírez ya cumplió dos condenas carcelarias por igual número de robos que cometió en 2015 y 2020, respectivamente.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realizaron un operativo para capturar a Miguel Ángel Renderos Teo, quien será procesado por generar material de abuso sexual infantil.
La investigación contra el sujeto inició luego que la Fiscalía recibió un aviso en el que se alertaba que el hombre creaba material de abuso sexual de dos menores.
El registro se realizó en Soyapango, San Salvador Este y durante el procedimiento se logró la incautación de tres dispositivos celulares que ayudarán a robustecer las investigaciones en su contra.
Además se logró identificar a las víctimas, quienes fueron asistidas por el equipo multidisciplinario de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia (UAEMNA).
La FGR presentará al imputado en los próximos días ante las autoridades competentes.
Al hombre se le atribuyen los delitos de utilización de niñas/os, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS), violación en menor e incapaz agravada y continuada, y agresión sexual en menor e incapaz agravada continuada.
Obed Abraham Ruiz Campos fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de suicidio feminicida por inducción o ayuda y violación agravada en perjuicio de una mujer en La Libertad. La sentencia fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2024 en una vivienda ubicada en Lourdes, Colón, La Libertad Oeste. El ministerio público estableció que la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja marcada por episodios de violencia psicológica, emocional y física.
La investigación también determinó que, en reiteradas ocasiones, Ruiz Campos coaccionó a la víctima mediante amenazas cuando consumía bebidas alcohólicas, llegando incluso a utilizar un arma blanca para obligarla a ingerir alcohol.
Según la Fiscalía, el día de los hechos el condenado consumió bebidas alcohólicas y forzó a la mujer a beber hasta que perdió el conocimiento. Posteriormente, habría abusado sexualmente de ella.
Las investigaciones señalan que la víctima presentó convulsiones y sangrado en diferentes partes del cuerpo. La Fiscalía indicó que el imputado abandonó el lugar y dejó el cuerpo durante un día. Posteriormente, presuntamente intentó alterar la escena al cambiar y lavar la ropa de la víctima antes de informar a las autoridades que la había encontrado sin vida.
Al llegar al inmueble, las autoridades observaron indicios de limpieza reciente y encontraron el cuerpo con señales de violencia física.
Durante el juicio, un informe forense concluyó que la causa de muerte fue una intoxicación alcohólica aguda. Asimismo, otras pericias determinaron la existencia de lesiones genitales compatibles con abuso sexual.
La Fiscalía presentó pruebas relacionadas con el vínculo entre el imputado y la víctima, los antecedentes de violencia y el contexto de coacción constante al que, según la investigación, fue sometida la mujer. Con base en estos elementos, la jueza impuso una pena de siete años de prisión por suicidio feminicida por inducción o ayuda y 16 años por violación agravada.
