Judicial
Fiscal Melara satisfecho tras divulgación de videos donde se ve a políticos negociar con pandilleros: «Ya vieron que sí podía pasar los videos»
El jueves, el juez Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, Godofredo Salazar, ordenó a la Fiscalía General de la República procesar a cuatro políticos que aparecen en vídeos reunidos con cabecillas de la Mara Salvatrucha.
Esto luego que se divulgaran los videos donde se ve a los funcionarios públicos “negociando” beneficios con miembros de estructuras criminales.
Los políticos señalados son: el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, Roberto Angulo y e Jorge Velado, todos de ARENA.
También en los videos aparece Arístides Valencia del partido FMLN. En los audios también se menciona a un sujeto nombre “Howard”, de quien se presume sería el ex director de la Policía Nacional Civil Howard Cotto, además del ex ministro de la Defensa, David Munguía Payés.
Luego de que el juez Especializado de Sentencia A de San Salvador hiciera públicos los videos que descubren a los políticos de ARENA y del FMLN en reunión con los pandilleros de la MS- 13 presuntamente negociando altas sumas de dinero a cambio de votos el fiscal general, Raúl Melara, se dio por satisfecho: “Ya vieron que sí podía pasar los videos”, publicó el titular de la Fiscalía General de la República.
Antes, Raúl Melara había mostrado su aprobación por la condena que la FGR logró en contra de casi 400 pandilleros de la mara MS13 acusados en la “Operación Cuscatlán”.
Dichos vídeos, más las escuchas telefónicas, incriminan a los políticos, pues según el fallo judicial: hubo ofrecimiento de beneficios, entregas de dinero, y en las intervenciones los pandilleros hablan de que el exministro de Defensa David Munguía Payés, les iba a entregar uniformes de la Fuerza Armada.
Luego que la presan tuviera acceso a los videos con el consentimiento del juez Godofredo Salazar, quien según Norman Quijano entregaría a los pandilleros presuntamente $100 millones traducidos en programas de beneficio social, el ahora diputado tricolor reaccionó anoche a los señalamientos.
Quijano reiteró que no negoció con pandillas durante la campaña presidencial de 2014. “Tengo mi conciencia tranquila, hablé de un plan país que era para disminuir los niveles de criminalidad; me reuní con pastores y con diversos sectores de la sociedad y nunca adquirí compromisos con delincuentes”, dijo.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
