Judicial
Fiscal Ana Graciela Sagastume asume como fiscal especial para casos de feminicidio
La fiscal Ana Graciela Sagastume asumirá desde este día como fiscal especial en casos de feminicidios, una nueva instancia creada por la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz del incremento en estos delitos. Sagastume se desempeñaba como jefa de la Unidad Especial de Atención a Mujeres en Santa Ana, y en su hoja de vida destaca haber estado al frente de las investigaciones en los crímenes de la periodista Karla Turcios y la doctora Rosa María Bonilla.
El anuncio lo hizo la mañana del martes el fiscal general, Douglas Meléndez y forma parte del lanzamiento de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGTBI.
La nueva dirección estará conformada por cuatro coordinaciones especializadas, Meléndez apuntó que la primera estará a cargo de una fiscal especial que atenderá los casos de feminicidios; la segunda, en casos relacionados a la niñez y la adolescentes; la tercera estará dirigida a la población LGBTI y la última será adjudicada a la personas con discapacidad y adultos mayores.
Meléndez dijo que «esta nueva Dirección nos dará, entre muchos beneficios, datos estadísticos confiables, porque al saber exactamente qué pasa, podremos enfocar los recursos necesarios, dimensionar el problema y tomar las acciones correspondientes».
En los últimos meses se han incrementado los índices de asesinato en mujeres, niños y adolescentes, lo que ha provocado preocupación por parte de las autoridades de la seguridad pública.
Meléndez aclaró que los jóvenes son los más propensos a ser víctimas de las pandillas, ya sea para ser absorbidos por ella o por el simple hecho de ser joven. «Los círculos viciosos que tenemos en este momento de la niñez y la adolescencia, proclive a ser afectada por la delincuencia o a ser metida en la delincuencia, es grande. Creo que merece una atención especial», señaló.
El fiscal general explicó que dentro de las instancias jurídicas se han constituido para el mejorar la atención y protección a las víctimas, las unidades de género, actualización del protocolo de feminicidios. «Debemos acercar la justicia a las víctimas. Haremos alianzas con otras entidades del Estado y empresa privada para que se puedan recibir denuncias o avisos en los supermercados, por ejemplo, donde llega la víctima sin que el victimario sospeche», señaló el fiscal.
Por: El Salavador Times.
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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
