Judicial
Fiscal Ana Graciela Sagastume asume como fiscal especial para casos de feminicidio
La fiscal Ana Graciela Sagastume asumirá desde este día como fiscal especial en casos de feminicidios, una nueva instancia creada por la Fiscalía General de la República (FGR) a raíz del incremento en estos delitos. Sagastume se desempeñaba como jefa de la Unidad Especial de Atención a Mujeres en Santa Ana, y en su hoja de vida destaca haber estado al frente de las investigaciones en los crímenes de la periodista Karla Turcios y la doctora Rosa María Bonilla.
El anuncio lo hizo la mañana del martes el fiscal general, Douglas Meléndez y forma parte del lanzamiento de la Dirección Nacional de la Mujer, Niñez, Adolescencia, población LGTBI.
La nueva dirección estará conformada por cuatro coordinaciones especializadas, Meléndez apuntó que la primera estará a cargo de una fiscal especial que atenderá los casos de feminicidios; la segunda, en casos relacionados a la niñez y la adolescentes; la tercera estará dirigida a la población LGBTI y la última será adjudicada a la personas con discapacidad y adultos mayores.
Meléndez dijo que «esta nueva Dirección nos dará, entre muchos beneficios, datos estadísticos confiables, porque al saber exactamente qué pasa, podremos enfocar los recursos necesarios, dimensionar el problema y tomar las acciones correspondientes».
En los últimos meses se han incrementado los índices de asesinato en mujeres, niños y adolescentes, lo que ha provocado preocupación por parte de las autoridades de la seguridad pública.
Meléndez aclaró que los jóvenes son los más propensos a ser víctimas de las pandillas, ya sea para ser absorbidos por ella o por el simple hecho de ser joven. «Los círculos viciosos que tenemos en este momento de la niñez y la adolescencia, proclive a ser afectada por la delincuencia o a ser metida en la delincuencia, es grande. Creo que merece una atención especial», señaló.
El fiscal general explicó que dentro de las instancias jurídicas se han constituido para el mejorar la atención y protección a las víctimas, las unidades de género, actualización del protocolo de feminicidios. «Debemos acercar la justicia a las víctimas. Haremos alianzas con otras entidades del Estado y empresa privada para que se puedan recibir denuncias o avisos en los supermercados, por ejemplo, donde llega la víctima sin que el victimario sospeche», señaló el fiscal.
Por: El Salavador Times.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
