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Judicial

FGR solicitó procesar por estructuras a más de 45,000 terroristas

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Un total de 45,213 pandilleros de las diferentes estructuras terroristas fueron los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que los tribunales contra el Crimen Organizado agruparan en una misma causa en 2024.

Los datos fiscales dan cuenta de más de 280 solicitudes de agrupamiento que las direcciones Occidente, Central, San Salvador, Paracentral y Oriente tramitaron ante los tribunales.

Al agrupar a cientos de terroristas «en una sola causa» el proceso será contra la estructura criminal y no de forma individual, ya que según las autoridades cada miembro de estructura tenía un rol y en conjunto mantuvieron amenazados, extorsionaron o cometieron cientos de delitos contra ciudadanos en todo el país.

Los terroristas fueron capturados en el marco del régimen de excepción que está en marcha desde finales de marzo de 2022.

El reporte del ministerio público detalla que la dirección de Occidente presentó 31 solicitudes contra un total de 13,220 terroristas, la Central entregó 42 para agrupar a 9,258 mareros, San Salvador fue la Dirección que más presentó con 91 solicitudes para 7,033 pandilleros; en tanto la Paracentral registró 43 en contra de 6,300 terroristas y la de Oriente tuvo 75 solicitudes contra 9,402 miembros de estructuras criminales.

El año recién pasado, la Fiscalía logró 270 resoluciones de los diferentes tribunales y 12 están pendientes.

Procesos por estructuras

Las solicitudes de agrupamiento por clicas de los principales grupos terroristas se comenzaron a presentar el 29 de abril del año anterior. Ese día los fiscales entregaron un requerimiento en contra de 1,589 pandilleros de la MS.

Las peticiones de agrupación se llevaron a cabo en los Tribunales contra el Crimen Organizado instalados en cada zona del país.

Otra solicitud se tramitó en contra de 896 pandilleros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) que delinquían en diferentes zonas de La Libertad; 416 de la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en varios sectores de San Miguel; 71 imputados de la clica Down Time, que delinquían en San Sebastián del departamento de San Vicente.

La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana, y 139 imputados relacionados a la clica Escalones del programa centro de la MS, quienes atemorizaban a la población en colonias y comunidades de la zona norponiente de San Salvador.

En esa oportunidad, el Fiscal Adjunto para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, David Acosta, explicó que los pandilleros son asociados en un solo proceso por su pertenencia a una misma estructura terrorista y por ser capturados durante la vigencia del Régimen de Excepción.

Acosta agregó que a los terroristas se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas, sin embargo, mantendrán las acusaciones por otros delitos cometidos como casos especiales de lavado y dinero y activos; proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; actos preparatorios, proposición y asociación delictiva; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; extorsión, homicidios agravados, entre otros.

Uno de los requerimientos más grandes se presentó el 24 de junio de 2024 y la FGR pidió que 9,258 terroristas de la MS de la zona central fueron agrupados en una sola causa.

Luego, el 28 de agosto, el ministerio público presentó siete solicitudes de agrupamiento en contra de 6,086 terroristas de la Mara Salvatrucha y la pandilla 18. En esa oportunidad, la institución pidió que se procesen en una sola causa de acuerdo a la clica o cancha que se les ha vinculado.

Las peticiones se presentaron ante los tribunales Primero, Segundo y Tercero contra el crimen organizado de Santa Ana.

El fiscal del caso detalló que de la Mara Salvatrucha fueron cinco solicitudes las presentadas para 5,727 miembros. A los terroristas se les atribuyen varios delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, posesión y tenencia, homicidio agravado imperfecto o tentado, casos especiales de lavado de dinero y otros.

Los rangos de estos delincuentes dentro de la pandilla eran de corredor de programa, corredor de clica, homeboys, colaboradores, chequeos y otros.

Además, se presentaron dos solicitudes de agrupamiento en contra de 359 delincuentes de la pandilla 18, a quienes se les imputan los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, amenazas con agravación especial y otros.

Los terroristas eran cabecillas de la pandilla, palabreros de cancha y de tribu, soldados y colaboradores.

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Condenan a 12 años de cárcel al exsecretario exsecretario de la Alcaldía del Puerto de La Libertad por peculado

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La Fiscalía logró una condena de doce años de cárcel para Roberto Carlos García Girón, exsecretario de la Alcaldía del Puerto de La Libertad por el partido ARENA, procesado por el delito de peculado. El imputado también está obligado a restituir al Estado $33,900 dólares en concepto de responsabilidad civil.

La condena fue impuesta en ausencia del imputado, gracias a las reformas al Código Procesal Penal que permite juzgar y condenar a imputados prófugos de la justicia.

Durante el 2017, Girón desvió $101,700.00 dólares de la comuna municipal y utilizó su cargo para falsificar acuerdos municipales para hacer préstamos a nombre de la alcaldía y desviar el dinero a la sociedad H&D Servicios Empresariales S.A de C.V., quienes supuestamente brindaban diferentes servicios a favor de la municipalidad.

Todos estos trámites los realizó sin previa autorización del concejo municipal.

El juicio se lleva a cabo ante el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

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Finaliza juicio de exalcalde Ernesto Muyshondt

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El Tribunal Quinto de Sentencia finalizó el juicio que la Fiscalía General de la República le promueve al exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios, acusados de retener y apropiarse de $5,492,588.48 de cuotas laborales.

Al dar por cerrados los debates, los jueces convocaron a fiscales y defensores para dar a conocer el fallo, el próximo viernes 21 de febrero a las 9:00 de la mañana.

La Fiscalía General de la República ratificó la solicitud de una sentencia condenatoria para los cuatro imputados.

Para el exalcalde han pedido una condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.

Al extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, el ministerio público pretende que se le impongan 20 años por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.

En el caso de Francisco José Rivera Chacón, acusado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales solicitaron 16 años y 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González.

Son señalados de afectar a 45 trabajadores de la municipalidad, para lo cual presentaron testigos quienes dijeron que hubo constantes pedidos de desembolsos de fondos para pagar cuotas previsionales y de crédito que los empleados tenían en bancos, pero nunca se hizo la transferencia, pese a que se retuvo los descuentos en las planillas.

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Prisión para sujeto que agredió a una niña en reiteradas ocasiones

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Por violar y agredir sexualmente a una niña desde que tenía 8 años de edad, Jorge Alberto Alfaro Merino recibió 42 años con 6 meses de prisión. Los abusos los cometió desde el 2010 al 2016 en la jurisdicción de Sacacoyo, La Libertad Oeste.

Según consta en las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Alfaro Merino era vecino y pareja de la madre de la víctima.

Desde el 2010, Merino ingresaba por las noches al cuarto de habitación de la menor, mientras todos dormían y aprovechaba esos espacios para tocarla; posteriormente, cuando la víctima tenía 12 años de edad, el imputado comenzó a violarla cada sábado en momentos que la madre salía de casa a trabajar. El imputado ingresaba a casa y tomaba a la menor por la fuerza.

Cuando la joven cumplió 14 años de edad y a pesar de las amenazas a muerte si contaba sobre los abusos, la víctima decidió marcharse de la casa y buscó refugio con su padre.

Tras 7 años de convivencia con su padre, la victima se armó de valor y decidió denunciar al imputado.

Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se estableció la participación del imputado en los abusos. Merino fue sentenciado a 16 años de cárcel por agresión sexual en menor e incapaz en modalidad continuada, y 26 años y 6 meses más por violación en menor e incapaz en modalidad continuada. Totalizando 42 años y 6 meses que el imputado estará en una prisión.

Además de la condena de cárcel impuesta en presencia del imputado, el juez le ordenó el pago de $500 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.

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