Judicial
FGR registra reducción del 58.02 % en el delito de violación
La Fiscalía General de la República (FGR) registró la reducción del 58.02 % en la incidencia del delito de violación en 2024 a escala nacional, de acuerdo con el balance final del Gabinete de Seguridad Ampliado.
Los datos oficiales registran 804 casos del referido delito en el año recién finalizado, son 1,111 casos de agresiones sexuales menos respecto a 2023, cuando fueron procesadas 1,915 denuncias.
La violación es uno de los delitos de alto impacto que las autoridades han reducido como producto del sólido plan de seguridad que la administración del presidente Nayib Bukele ejecuta desde junio de 2019 cuando inició su primer mandato.
El gobierno no solo ha disminuido los homicidios sino también este ilícito que en gobiernos anteriores registraban alarmantes cifras de víctimas y también alto porcentaje de impunidad.
«En términos generales, lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, es que todos aquellos delitos que representan algún tipo de amenaza directa o de violencia sobre la persona tienen reducción arriba del 40%. Sobresale también, porque esto así se planificó con el presidente Nayib Bukele, la reducción de más del 60% en delitos de violación», dijo recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario destacó que esta disminución es parte de un compromiso que tienen como Estado y una visualización en la preparación de la guerra, que sabían que iban a tener, algún repunte, en delitos contra la libertad sexual.
«Pero acá, otra vez, volvemos al dato y no al relato, donde estamos demostrando que la reducción de homicidios viene acompañada también de la reducción de delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, y es donde estamos poniendo un valladar bastante fuerte», destacó el titular de Seguridad.
Hubo 1,663 condenas contra violadores entre 2023-2024
El informe de labores de la Fiscalía del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024 da cuenta de 1,663 condenas por el delito de violación a escala nacional.
Entre esos condenados está José Armando Morales Aguilar quien fue sentenciado a 42 años y 4 meses de prisión por agresión sexual en menor o incapaz agravada en modalidad continuada y violación en menor o incapaz en modalidad continuada.
Según la acusación fiscal, el hombre amarraba de manos y pies a una niña para cometer las agresiones sexuales. Fue hasta que la niña le contó a un familiar y en la escuela alertaron al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONNA) y tras la investigación, la madre de la menor interpuso en noviembre de 2022 la denuncia contra Morales Aguilar.
El procesado fue capturado el 13 de febrero del año pasado por el régimen de excepción y fue notificado por los delitos de violación y agresión sexual, ambos en modalidad agravada y continuada el 27 de febrero del mismo año.
El ministerio público indicó que las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel declarara culpable a Morales Aguilar por atacar sexualmente a una niña entre agosto 2020 y noviembre 2021.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
