Judicial
FGR registra reducción del 58.02 % en el delito de violación
La Fiscalía General de la República (FGR) registró la reducción del 58.02 % en la incidencia del delito de violación en 2024 a escala nacional, de acuerdo con el balance final del Gabinete de Seguridad Ampliado.
Los datos oficiales registran 804 casos del referido delito en el año recién finalizado, son 1,111 casos de agresiones sexuales menos respecto a 2023, cuando fueron procesadas 1,915 denuncias.
La violación es uno de los delitos de alto impacto que las autoridades han reducido como producto del sólido plan de seguridad que la administración del presidente Nayib Bukele ejecuta desde junio de 2019 cuando inició su primer mandato.
El gobierno no solo ha disminuido los homicidios sino también este ilícito que en gobiernos anteriores registraban alarmantes cifras de víctimas y también alto porcentaje de impunidad.
«En términos generales, lo que ustedes pueden ver en esta gráfica, es que todos aquellos delitos que representan algún tipo de amenaza directa o de violencia sobre la persona tienen reducción arriba del 40%. Sobresale también, porque esto así se planificó con el presidente Nayib Bukele, la reducción de más del 60% en delitos de violación», dijo recientemente el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario destacó que esta disminución es parte de un compromiso que tienen como Estado y una visualización en la preparación de la guerra, que sabían que iban a tener, algún repunte, en delitos contra la libertad sexual.
«Pero acá, otra vez, volvemos al dato y no al relato, donde estamos demostrando que la reducción de homicidios viene acompañada también de la reducción de delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual, y es donde estamos poniendo un valladar bastante fuerte», destacó el titular de Seguridad.
Hubo 1,663 condenas contra violadores entre 2023-2024
El informe de labores de la Fiscalía del 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024 da cuenta de 1,663 condenas por el delito de violación a escala nacional.
Entre esos condenados está José Armando Morales Aguilar quien fue sentenciado a 42 años y 4 meses de prisión por agresión sexual en menor o incapaz agravada en modalidad continuada y violación en menor o incapaz en modalidad continuada.
Según la acusación fiscal, el hombre amarraba de manos y pies a una niña para cometer las agresiones sexuales. Fue hasta que la niña le contó a un familiar y en la escuela alertaron al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONNA) y tras la investigación, la madre de la menor interpuso en noviembre de 2022 la denuncia contra Morales Aguilar.
El procesado fue capturado el 13 de febrero del año pasado por el régimen de excepción y fue notificado por los delitos de violación y agresión sexual, ambos en modalidad agravada y continuada el 27 de febrero del mismo año.
El ministerio público indicó que las pruebas presentadas en juicio fueron suficientes para que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel declarara culpable a Morales Aguilar por atacar sexualmente a una niña entre agosto 2020 y noviembre 2021.
Judicial
143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
Milton Osmín Bonilla Romero fue condenado a 40 años de prisión por el delito de extorsión.
Según la acusación fiscal, entre abril y septiembre de 2011, la víctima fue amenazada de muerte por miembros de la MS-13. Por temor a las amenazas, la víctima denunció el hecho el 2 de agosto de ese mismo año ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Para ubicar al responsable, se realizaron dos entregas controladas de dinero el 11 y el 29 de septiembre de 2011, en el interior de un centro comercial de la ciudad de San Miguel, donde identificaron y capturaron a Bonilla Romero.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel lo condenó a 20 años de cárcel por cada entrega de dinero en la que participó el procesado.
Judicial
Detenida mujer acusada de estafar a 11 parejas con servicios de organización de bodas en El Salvador
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó la detención provisional de Tránsito Guadalupe Marroquín, de 48 años, acusada del delito de estafa agravada en perjuicio de 11 personas que habrían contratado sus servicios para la organización de bodas.
De acuerdo con la investigación, la imputada promocionaba sus servicios como planificadora de eventos a través de redes sociales y solicitaba anticipos mediante transferencias bancarias para organizar celebraciones programadas entre 2025 y 2026.
La Fiscalía sostiene que, en algunos casos, los locales nunca fueron reservados, mientras que en los eventos que sí se realizaron, los servicios brindados no coincidieron con lo acordado.
Entre las irregularidades señaladas se encuentran la falta de decoración, banquete, cristalería, bebidas, ramo de novia y otros servicios adicionales que habían sido ofrecidos a los clientes.
Según el requerimiento fiscal, el perjuicio económico causado a las 11 víctimas asciende a $19,651.
Tras la audiencia inicial, la jueza determinó que existen suficientes indicios para que el proceso continúe en la etapa de instrucción y ordenó que Marroquín permanezca en detención provisional mientras avanzan las investigaciones.
