Judicial
Feminicida fue condenado a 35 años de cárcel, en La Unión
José Inmer Rosales Orellana de 22 años, trató de borrar la evidencia de sangre en la escena del crimen y además movió el cuerpo de la víctima, a quien mató con un cuchillo. Los fiscales de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de La Unión demostraron con prueba científica que él era el responsable del Feminicidio.
La prueba de Luminol (pericia fisicoquímica que permite detectar la presencia de sangre que se ha limpiado o borrado de una escena del crimen) y la de ADN, confirmaron que las manchas de sangre pertenecían a la víctima, lo que permitió establecer que Rosales Orellana mató a su compañera de vida, Katis Suyapa Guevara Moreno.
El crimen se cometió el 26 de mayo del año 2020 en horas de la noche, en la casa donde vivía la pareja, horas después de participar en un convivio familiar.
Sin testigos, se estableció que Rosales Orellana tras quitarle la vida a su mujer, arrastró el cuerpo desnudo hasta la orilla de la calle. Posteriormente borró la evidencia de la sangre al interior de la casa para ocultar que había sido el autor directo del crimen.
Sin embargo, fue detenido tres días después, el 29 de mayo, con una orden administrativa girada por la sede fiscal por las incongruencias y evidencias encontradas al procesar la escena del crimen.
En el juicio realizado en el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Miguel, con base al grado de certeza de la prueba científica presentada por la representación fiscal, se logró condenarlo a 35 años de prisión.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
