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Expresidente de Corte de Cuentas se da por enterado de acusación por irregularidades en auditorías a CAPRES
El expresidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Rafael Hernán Contreras, se presentó esta mañana al juzgado Octavo de Paz de San Salvador para conocer la acusación que la Fiscalía presentó en su contra por el delito de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada.
Según el Ministerio Público, durante su gestión como presidente de la Corte de Cuentas (2002-2011), Contreras ordenó que fuera insertada información falsa en las autorías que se realizaron a Casa Presidencial (CAPRES) durante el período del expresidente Elías Antonio Saca.
“Por de pronto mi defensor dará declaraciones si así lo estima pertinente”, dijo a su llegada a tribunales el exfuncionario.
Los cuestionamientos respecto al caso fueron respondidos por el abogado defensor, Edgar Morales Joya, quien reveló que la primera audiencia fue programa para el jueves a las 11:00 de la mañana.
“Nos van entregando el requerimiento, a este momento comenzamos hacer su análisis. La información que tenemos es la que ha salido en los periódicos nada más. A él se le imputan dos delitos, el delito de falsedad documental agravada y el delito de incumplimiento de deberes”, explicó Joya.
El defensor agregó que “se está mencionando y, hay una serie de cajas, que se han presentado que son toda la información que estaba en el juicio del señor Saca por las famosas auditorías a Casa Presidencial, por ahí se viene desarrollando la falsedad”.
Al respecto de los señalamientos de la Fiscalía sobre que el exfuncionario realizó auditorías a CAPRES de forma irregular dijo “quien conoce la ley de la Corte de Cuentas sabe que los presidentes de la Corte de Cuentas no hacen auditorías”.
Añadió que “el presidente (CCR) puede ordenar auditorías y está dentro de la ley de la Corte de Cuentas, efectivamente hay una copia de lo que constituiría la orden, pero es una copia de todas las auditorías. El presidente le ordena al jefe de auditorías que realice una auditoría, eso es todo lo que hay”.
El defensor opinó también sobre las declaraciones que emitiera el excordinador de auditorías de la Corte de Cuentas, durante el juicio al expresidente Saca, donde expresó al juez del caso que Contreras le había ordenado que realizara las auditorías desde la oficina del CCR y no en CAPRES.
“Esa persona fue sobreseída a petición de la Fiscalía hace dos semanas, en el (Juzgado) Quinto de Paz, ahí está esa información. Es un sobreseimiento definitivo”, aseveró.
Por El Salvador Times.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
