Judicial
Enjuician a 31 pandilleros por dos masacres, homicidios y feminicidios
Un testigo criteriado presentado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha declarado que una estructura de 31 pandilleros de la 18 de la facción sureña, planificó y ejecutó una serie de homicidios, entre ellos dos masacres en el penal de Izalco.
Los pandilleros que delinquían en Soyapango e Ilopango son procesados por los delitos de feminicidio agravado, homicidio agravado y privación de libertad agravada.
«A estas 31 personas se les acumula una gran variedad de delitos, entre los cuales se encuentran dos masacres que ocurrieron dentro del centro penal de Izalco en el año 2016», dijo uno de los fiscales.
El testigo del ministerio público ha revelado la forma en la cual se perpetraron las masacres y el móvil fue por una pugna interna dentro de esa organización terrorista.
Por feminicidio agravado en perjuicio de tres mujeres, la representación fiscal busca una pena de 50 años y 30 años por el delito de homicidio agravado.
«Contamos con la declaración de una persona a quien se le dio un criterio de oportunidad (beneficios penales a cambio de colaborar) y establece la forma en la cual la pandilla planificó días antes el cometimiento de estas masacres las cuales se dieron por pugnas internas de la pandilla 18 en esa época», agregó el representante de la Fiscalía.
Una de las masacres ocurrió el 18 de junio de 2016; cuatro pandilleros de la 18 fueron asesinados debió a la purga interna en esa estructura.
Los mareros enfrentan la vista pública de forma virtual desde el centro penal de Izalco, donde están recluidos por otros delitos y cumpliendo condenas recibidas en otros procesos penales.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
