Judicial
Dos trabajadoras sexuales son acusadas de asesinar un hombre que las acusó de robarle y las insultó con palabras soeces
Dos trabajadoras sexuales son procesadas judicialmente por ser acusadas de participar en el asesinato de un hombre que las acusó de robarle las pertenencias y las insultó con palabras soeces.
Este martes se instaló la audiencia inicial contra las dos mujeres en el Juzgado 6° de Paz de San Salvador en cual decretó instrucción formal con detención provisional.
Las acusadas por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Walter García Figueroa son Blanca Estela García, de 32 años y Eugenia Leonor Cornejo Velásquez, de 33 años.
Según la fiscalía el hecho ocurrió el 15 de diciembre del año pasado, a las 10 de la noche, en la 20ª Avenida Norte y Calle Castro, de San Salvador, donde las imputadas junto con otra mujer identificada como Linda Yesenia Cortez Martínez, de 41 años y un homosexual que trabajan en esa zona iniciaron una discusión con la víctima.
Lo que generó la discusión es que la víctima, quien se encontraba en estado de ebriedad, acusaba a las mujeres de haberle robado su dinero y pertenencias al mismo tiempo que las ultrajaba con palabras soeces.
Después de la discusión se acercaron dos hombres y la imputada Eugenia y su hijo Jonathan Michael Torres Cornejo (quien está siendo procesado por ese mismo caso como reo ausente) aprovecharon para pedirles a los dos hombres con gritos que «le bajaran los dientes a la víctima».
Los dos sujetos le propinaron una brutal golpiza al sujeto. Uno de ellos se llama Eduardo Oliver Díaz Chávez, de 47 años, quien se encuentra a la orden del Juzgado 6° Instrucción desde el 10 de enero del presente año, procesado por este mismo caso.
Por su parte, la incoada Cortez Martínez, de 41 años, pasará al Juzgado 6° de Instrucción con medidas sustitutivas a la detención como presentarse a ese juzgado cada ocho días, no cambiar de domicilio y además tiene prohibido involucrarse en un nuevo hechos delictivo.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
