Judicial
Dos trabajadoras sexuales son acusadas de asesinar un hombre que las acusó de robarle y las insultó con palabras soeces
Dos trabajadoras sexuales son procesadas judicialmente por ser acusadas de participar en el asesinato de un hombre que las acusó de robarle las pertenencias y las insultó con palabras soeces.
Este martes se instaló la audiencia inicial contra las dos mujeres en el Juzgado 6° de Paz de San Salvador en cual decretó instrucción formal con detención provisional.
Las acusadas por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Walter García Figueroa son Blanca Estela García, de 32 años y Eugenia Leonor Cornejo Velásquez, de 33 años.
Según la fiscalía el hecho ocurrió el 15 de diciembre del año pasado, a las 10 de la noche, en la 20ª Avenida Norte y Calle Castro, de San Salvador, donde las imputadas junto con otra mujer identificada como Linda Yesenia Cortez Martínez, de 41 años y un homosexual que trabajan en esa zona iniciaron una discusión con la víctima.
Lo que generó la discusión es que la víctima, quien se encontraba en estado de ebriedad, acusaba a las mujeres de haberle robado su dinero y pertenencias al mismo tiempo que las ultrajaba con palabras soeces.
Después de la discusión se acercaron dos hombres y la imputada Eugenia y su hijo Jonathan Michael Torres Cornejo (quien está siendo procesado por ese mismo caso como reo ausente) aprovecharon para pedirles a los dos hombres con gritos que «le bajaran los dientes a la víctima».
Los dos sujetos le propinaron una brutal golpiza al sujeto. Uno de ellos se llama Eduardo Oliver Díaz Chávez, de 47 años, quien se encuentra a la orden del Juzgado 6° Instrucción desde el 10 de enero del presente año, procesado por este mismo caso.
Por su parte, la incoada Cortez Martínez, de 41 años, pasará al Juzgado 6° de Instrucción con medidas sustitutivas a la detención como presentarse a ese juzgado cada ocho días, no cambiar de domicilio y además tiene prohibido involucrarse en un nuevo hechos delictivo.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
