Judicial
Dos trabajadoras sexuales son acusadas de asesinar un hombre que las acusó de robarle y las insultó con palabras soeces
Dos trabajadoras sexuales son procesadas judicialmente por ser acusadas de participar en el asesinato de un hombre que las acusó de robarle las pertenencias y las insultó con palabras soeces.
Este martes se instaló la audiencia inicial contra las dos mujeres en el Juzgado 6° de Paz de San Salvador en cual decretó instrucción formal con detención provisional.
Las acusadas por el delito de homicidio agravado en perjuicio de José Walter García Figueroa son Blanca Estela García, de 32 años y Eugenia Leonor Cornejo Velásquez, de 33 años.
Según la fiscalía el hecho ocurrió el 15 de diciembre del año pasado, a las 10 de la noche, en la 20ª Avenida Norte y Calle Castro, de San Salvador, donde las imputadas junto con otra mujer identificada como Linda Yesenia Cortez Martínez, de 41 años y un homosexual que trabajan en esa zona iniciaron una discusión con la víctima.
Lo que generó la discusión es que la víctima, quien se encontraba en estado de ebriedad, acusaba a las mujeres de haberle robado su dinero y pertenencias al mismo tiempo que las ultrajaba con palabras soeces.
Después de la discusión se acercaron dos hombres y la imputada Eugenia y su hijo Jonathan Michael Torres Cornejo (quien está siendo procesado por ese mismo caso como reo ausente) aprovecharon para pedirles a los dos hombres con gritos que «le bajaran los dientes a la víctima».
Los dos sujetos le propinaron una brutal golpiza al sujeto. Uno de ellos se llama Eduardo Oliver Díaz Chávez, de 47 años, quien se encuentra a la orden del Juzgado 6° Instrucción desde el 10 de enero del presente año, procesado por este mismo caso.
Por su parte, la incoada Cortez Martínez, de 41 años, pasará al Juzgado 6° de Instrucción con medidas sustitutivas a la detención como presentarse a ese juzgado cada ocho días, no cambiar de domicilio y además tiene prohibido involucrarse en un nuevo hechos delictivo.
Judicial
¡Condena insuficiente en Ciudad Delgado! 25 años de prisión por abusar de una mujer ebria y prenderle fuego en sus genitales
Un juez condenó a 25 años de prisión a Carlos Geovanni Castillo Clavel por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, tras abusar sexualmente de una mujer en estado de ebriedad y luego rociarla con gasolina para prenderle fuego en Ciudad Delgado, San Salvador.
De acuerdo con la investigación de Centros Judiciales El Salvador (CJES), la víctima y el agresor se conocían desde hacía varios años. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 26 de septiembre de 2025, en una vivienda de la colonia San Fernando, donde departían junto a una acompañante.
“Castillo Clavel, aprovechando que la víctima permanecía dormida, abusó de ella. Cuando esta recuperó el conocimiento e intentó retirarse, el agresor la detuvo por la fuerza, la amenazó con quemarla y luego roció gasolina sobre sus piernas y área genital, prendiéndole fuego con un encendedor”, detalló CJES.
La acompañante de la víctima despertó por los gritos, salió de la casa en llamas, pero regresó valientemente para rescatarla. La mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el 25% de su cuerpo, lesiones compatibles con abuso sexual y permaneció hospitalizada más de un mes, con su vida en riesgo, según informes del Instituto de Medicina Legal (IML).
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación contra las Mujeres de San Salvador consideró en su sentencia que el agresor ejerció violencia previa y violencia simbólica al atacar específicamente el área genital de la víctima. Sin embargo, la intervención oportuna de la tercera persona fue clave para evitar una tragedia fatal.
Esta condena ha generado cuestionamientos sobre la proporcionalidad de las penas en casos de extrema violencia contra las mujeres en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
