Judicial
Denuncian a Wil Walter Ruiz y Douglas Meléndez por omisión de la investigación al no enjuiciar a E. Muyshondt por financiar pandillas y avisan al TSE
El abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de República (FGR) contra el exjefe fiscal Wil Walter Ruiz y su primo el exfiscal general Douglas Meléndez, ya que pese a la extensa prueba contra el alcalde Ernesto Muyshondt omitieron llevarlo ante los tribunales por financiar a dichos grupos terroristas y pagar millones de dólares por comprar votos.
Los posibles delitos que según el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño podrían haber cometido los señalados son incumplimiento de deberes y omisión de la investigación, ya que pasaron por alto los videos en el juicio conocido como “Tregua entre pandillas”, donde se observa a Ernesto Muyshondt reunido con pandilleros, negociando y entregado dinero a los cabecillas de pandillas.
Tanto Wil Walter Ruiz como el entonces fiscal General Douglas Meléndez pasaron por alto la indicación directa del juez Especializado “A” de Sentencia, que los mandó a investigar a otros implicados en el caso de la tregua entre pandillas por entregar dinero para la campaña para las elecciones presidenciales de 2014, de lo cual se documentó ampliamente en los distintos medios de comunicación.
El exjefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y el extitular del ministerio público, Douglas Meléndez, obviaron los videos que la misma FGR presentó como evidencia de cargo en el juicio “Tregua entre Pandillas”, donde se incrimina a Ernesto Muyshondt, ignorando una indicación del citado juez especializado.
De forma paralela, el abogado Sergio Ernesto Potillo Toruño presentó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un escrito demandando que se declare la nulidad de la candidatura de Ernesto Muyshondt, ya que carece de la honradez y moralidad notorias, que constitucionalmente son requisitos para optar a un cargo de elección popular.
Del mismo modo se entregó otro escrito a la fiscal electoral para que se proceda en concordancia con la jurisprudencia ya existente en el país, sobre estos casos donde se argumenta la carencia de requisitos como la honradez y moralidad notorias.
El profesional del derecho espera que los magistrados del TSE actúen en concordancia con la más reciente medida cautelar, dictada por la Sala de lo Constitucional, que dejó fuera de la contienda a Walter Araujo por tener abierto un proceso judicial.
En el caso contra Ernesto Muyshondt hay dos razones para anular su candidatura, ya que en el juzgado 2° de Instrucción se le procesa por fraude electoral por entregar dinero a cambio de votos a los pandilleros y en el tribunal 8° de Instrucción hay un juicio en desarrollo, por no pagar las retenciones salariales a los trabajadores de la alcaldía de San Salvador.
Ante los hechos expuestos, el abogado Sergio Ernesto portillo Toruño espera que en lo inmediato los magistrados del TSE anulen la candidatura de Ernesto Muyshondt porque no tiene la moralidad y honradez notorias, y la FGR inicie las investigaciones contra Wil Walter Ruiz y su primo Douglas Meléndez, por omisión de la investigación e incumplimiento de deberes.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
