Judicial
Denuncian a Wil Walter Ruiz y Douglas Meléndez por omisión de la investigación al no enjuiciar a E. Muyshondt por financiar pandillas y avisan al TSE
El abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de República (FGR) contra el exjefe fiscal Wil Walter Ruiz y su primo el exfiscal general Douglas Meléndez, ya que pese a la extensa prueba contra el alcalde Ernesto Muyshondt omitieron llevarlo ante los tribunales por financiar a dichos grupos terroristas y pagar millones de dólares por comprar votos.
Los posibles delitos que según el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño podrían haber cometido los señalados son incumplimiento de deberes y omisión de la investigación, ya que pasaron por alto los videos en el juicio conocido como “Tregua entre pandillas”, donde se observa a Ernesto Muyshondt reunido con pandilleros, negociando y entregado dinero a los cabecillas de pandillas.
Tanto Wil Walter Ruiz como el entonces fiscal General Douglas Meléndez pasaron por alto la indicación directa del juez Especializado “A” de Sentencia, que los mandó a investigar a otros implicados en el caso de la tregua entre pandillas por entregar dinero para la campaña para las elecciones presidenciales de 2014, de lo cual se documentó ampliamente en los distintos medios de comunicación.
El exjefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y el extitular del ministerio público, Douglas Meléndez, obviaron los videos que la misma FGR presentó como evidencia de cargo en el juicio “Tregua entre Pandillas”, donde se incrimina a Ernesto Muyshondt, ignorando una indicación del citado juez especializado.
De forma paralela, el abogado Sergio Ernesto Potillo Toruño presentó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un escrito demandando que se declare la nulidad de la candidatura de Ernesto Muyshondt, ya que carece de la honradez y moralidad notorias, que constitucionalmente son requisitos para optar a un cargo de elección popular.
Del mismo modo se entregó otro escrito a la fiscal electoral para que se proceda en concordancia con la jurisprudencia ya existente en el país, sobre estos casos donde se argumenta la carencia de requisitos como la honradez y moralidad notorias.
El profesional del derecho espera que los magistrados del TSE actúen en concordancia con la más reciente medida cautelar, dictada por la Sala de lo Constitucional, que dejó fuera de la contienda a Walter Araujo por tener abierto un proceso judicial.
En el caso contra Ernesto Muyshondt hay dos razones para anular su candidatura, ya que en el juzgado 2° de Instrucción se le procesa por fraude electoral por entregar dinero a cambio de votos a los pandilleros y en el tribunal 8° de Instrucción hay un juicio en desarrollo, por no pagar las retenciones salariales a los trabajadores de la alcaldía de San Salvador.
Ante los hechos expuestos, el abogado Sergio Ernesto portillo Toruño espera que en lo inmediato los magistrados del TSE anulen la candidatura de Ernesto Muyshondt porque no tiene la moralidad y honradez notorias, y la FGR inicie las investigaciones contra Wil Walter Ruiz y su primo Douglas Meléndez, por omisión de la investigación e incumplimiento de deberes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
