Judicial
Denuncian a Wil Walter Ruiz y Douglas Meléndez por omisión de la investigación al no enjuiciar a E. Muyshondt por financiar pandillas y avisan al TSE
El abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño presentó una denuncia penal en la Fiscalía General de República (FGR) contra el exjefe fiscal Wil Walter Ruiz y su primo el exfiscal general Douglas Meléndez, ya que pese a la extensa prueba contra el alcalde Ernesto Muyshondt omitieron llevarlo ante los tribunales por financiar a dichos grupos terroristas y pagar millones de dólares por comprar votos.
Los posibles delitos que según el abogado Sergio Ernesto Portillo Toruño podrían haber cometido los señalados son incumplimiento de deberes y omisión de la investigación, ya que pasaron por alto los videos en el juicio conocido como “Tregua entre pandillas”, donde se observa a Ernesto Muyshondt reunido con pandilleros, negociando y entregado dinero a los cabecillas de pandillas.
Tanto Wil Walter Ruiz como el entonces fiscal General Douglas Meléndez pasaron por alto la indicación directa del juez Especializado “A” de Sentencia, que los mandó a investigar a otros implicados en el caso de la tregua entre pandillas por entregar dinero para la campaña para las elecciones presidenciales de 2014, de lo cual se documentó ampliamente en los distintos medios de comunicación.
El exjefe de la Unidad Contra el Crimen Organizado, Wil Walter Ruiz, y el extitular del ministerio público, Douglas Meléndez, obviaron los videos que la misma FGR presentó como evidencia de cargo en el juicio “Tregua entre Pandillas”, donde se incrimina a Ernesto Muyshondt, ignorando una indicación del citado juez especializado.
De forma paralela, el abogado Sergio Ernesto Potillo Toruño presentó en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) un escrito demandando que se declare la nulidad de la candidatura de Ernesto Muyshondt, ya que carece de la honradez y moralidad notorias, que constitucionalmente son requisitos para optar a un cargo de elección popular.
Del mismo modo se entregó otro escrito a la fiscal electoral para que se proceda en concordancia con la jurisprudencia ya existente en el país, sobre estos casos donde se argumenta la carencia de requisitos como la honradez y moralidad notorias.
El profesional del derecho espera que los magistrados del TSE actúen en concordancia con la más reciente medida cautelar, dictada por la Sala de lo Constitucional, que dejó fuera de la contienda a Walter Araujo por tener abierto un proceso judicial.
En el caso contra Ernesto Muyshondt hay dos razones para anular su candidatura, ya que en el juzgado 2° de Instrucción se le procesa por fraude electoral por entregar dinero a cambio de votos a los pandilleros y en el tribunal 8° de Instrucción hay un juicio en desarrollo, por no pagar las retenciones salariales a los trabajadores de la alcaldía de San Salvador.
Ante los hechos expuestos, el abogado Sergio Ernesto portillo Toruño espera que en lo inmediato los magistrados del TSE anulen la candidatura de Ernesto Muyshondt porque no tiene la moralidad y honradez notorias, y la FGR inicie las investigaciones contra Wil Walter Ruiz y su primo Douglas Meléndez, por omisión de la investigación e incumplimiento de deberes.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
