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Judicial

Defensores en “Caso Corruptela” aseguran que sus clientes fueron sometidos a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse bajo la administración de Douglas Meléndez

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Parte defensora en “Caso Corruptela” asegura que sus clientes fueron sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse

Más señalamientos siguen vertiéndose en contra del exfiscal de la República, Douglas Meléndez, quien es acusado de presuntas torturas hacia testigos criteriados para fabricar pruebas “amañadas” el caso “Corruptela”, con el fin de una posible reelección al frente Fiscalía General de la República (FGR).

Esta vez la parte defensora de los acusados mencionó que a sus clientes se les sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse y así declarar a favor de la FGR para ganar el caso en mención.

De hecho, el Juzgado 4o de Instrucción días atrás reconoció mediante una resolución judicial de las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía en el “Caso Corruptela” y otros más bajo la administración de Douglas Meléndez.

“Se ha señalado una serie de irregularidades por la mala investigación ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso particular”, dijo uno de los defensores.

Al experto en derecho indicó que dentro del caso existe una serie de anomalías cometidas por la FGR en su momento como la invasión de funciones hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), nombrar defensores particulares a testigos bajo criterio de oportunidad y el pago de honorarios a los mismos.

“Hay una serie de cuestiones bien puntales y delicadas. La fiscalía invadió funciones propias de la Procuraduría General de la República en el criterio de oportunidad perverso que en su oportunidad se les otorgó a mis defendidos, en tato la fiscalía liberó defensores y les pagó honorarios a éstos”.

El mismo abogado defensor recalcó que “La Fiscalía no está para nombrarle defensores particulares a las personas sometidas a procesos de investigación”.

Sobre las presuntas torturas a las que habrían sido sometidos sus defensores subrayó que la FGR los obligó a declarar a su favor, caso contrario serían expuestos a los medios de comunicación y terminarían encarcelados.

“Ese es un tema bastante delicado porque si lo queremos ver como tortura, pueden darse de forma física o psicológica. En ese sentido nosotros siempre hemos manejado que las amenazas pudieron darse orientadas a qué sino colaboraban de los hechos que se les estaban atribuyendo, iban a ser procesados y expuestos ante los medios comunicación masiva. Aparte de eso iban a ir detenidos”  

Dejó en claro también que en este proceso que actualmente se ventila en los juzgados “ellos lo están enfrentando por voluntad propia. Ellos renunciaron al criterio de oportunidad para someterse al proceso y que salga a la luz esta investigación ilegal que sobre ellos se ejerció”, sentenció la parte defensora.  

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Exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, condenada a 10 años de prisión

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El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.

La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.

Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.

La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.

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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

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Foto: Cortesía

Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.

Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.

Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.

Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.

Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.

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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador

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El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.

La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.

Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.

El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.

El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.

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