Judicial
Defensores en “Caso Corruptela” aseguran que sus clientes fueron sometidos a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse bajo la administración de Douglas Meléndez
Parte defensora en “Caso Corruptela” asegura que sus clientes fueron sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse
Más señalamientos siguen vertiéndose en contra del exfiscal de la República, Douglas Meléndez, quien es acusado de presuntas torturas hacia testigos criteriados para fabricar pruebas “amañadas” el caso “Corruptela”, con el fin de una posible reelección al frente Fiscalía General de la República (FGR).
Esta vez la parte defensora de los acusados mencionó que a sus clientes se les sometió a una serie de torturas para obligarlos a criteriarse y así declarar a favor de la FGR para ganar el caso en mención.
De hecho, el Juzgado 4o de Instrucción días atrás reconoció mediante una resolución judicial de las graves ilegalidades que fueron cometidas por la Fiscalía en el “Caso Corruptela” y otros más bajo la administración de Douglas Meléndez.
“Se ha señalado una serie de irregularidades por la mala investigación ilegal que la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso particular”, dijo uno de los defensores.
Al experto en derecho indicó que dentro del caso existe una serie de anomalías cometidas por la FGR en su momento como la invasión de funciones hacia la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), nombrar defensores particulares a testigos bajo criterio de oportunidad y el pago de honorarios a los mismos.
“Hay una serie de cuestiones bien puntales y delicadas. La fiscalía invadió funciones propias de la Procuraduría General de la República en el criterio de oportunidad perverso que en su oportunidad se les otorgó a mis defendidos, en tato la fiscalía liberó defensores y les pagó honorarios a éstos”.
El mismo abogado defensor recalcó que “La Fiscalía no está para nombrarle defensores particulares a las personas sometidas a procesos de investigación”.
Sobre las presuntas torturas a las que habrían sido sometidos sus defensores subrayó que la FGR los obligó a declarar a su favor, caso contrario serían expuestos a los medios de comunicación y terminarían encarcelados.
“Ese es un tema bastante delicado porque si lo queremos ver como tortura, pueden darse de forma física o psicológica. En ese sentido nosotros siempre hemos manejado que las amenazas pudieron darse orientadas a qué sino colaboraban de los hechos que se les estaban atribuyendo, iban a ser procesados y expuestos ante los medios comunicación masiva. Aparte de eso iban a ir detenidos”
Dejó en claro también que en este proceso que actualmente se ventila en los juzgados “ellos lo están enfrentando por voluntad propia. Ellos renunciaron al criterio de oportunidad para someterse al proceso y que salga a la luz esta investigación ilegal que sobre ellos se ejerció”, sentenció la parte defensora.
A 69 años de cárcel fue condenado un pandillero Juan Carlos Saravia Salamanca, homeboy de la MS, por los delitos de homicidio agravado, privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con las investigaciones, los asesinatos fueron cometidos en el 2016 en San Miguel.
A una de las víctimas la privó de libertad y la llevó a otra zona en donde le quitó la vida. El cuerpo fue localizado días después.
Las privaciones de libertad ocurrieron en el 2015 en los distritos de Jucuarán y El Tránsito, agregó la fiscalía. La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo Contra El Crimen Organizado de San Miguel.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Héctor Nathan Aquino Melgar y Mauricio Esteban Polanco Trigueros, ambos abogados y notarios, acusados de participar en la elaboración de compraventas falsas de inmuebles.
Según las investigaciones, los inmuebles pertenecían a personas fallecidas o a terceros que no habían otorgado su consentimiento para dichas transacciones.
Los delitos habrían ocurrido entre mayo y julio de 2022.
Aquino Melgar enfrenta cargos por estafa agravada, falsedad material, y uso y tenencia de documentos falsos. Por su parte, Polanco Trigueros será procesado por falsedad material agravada continuada.
Las investigaciones continúan para determinar si hay más implicados en este esquema de fraude inmobiliario.
René Alberto Rivera Hernández fue condenado a 91 años de prisión por el feminicidio agravado de una niña de 3 años y por violar e intentar asesinar a otra menor.
De acuerdo con la acusación fiscal, una de las víctimas falleció en enero de 2024, luego de haber sido golpeada brutalmente por René Rivera.
La otra víctima fue localizada con múltiples lesiones, fracturas, con signos de abuso sexual y desnutrición.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro -madre de una de las víctimas – recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Las investigaciones han demostrado que la víctima sufría violencia física de manera continua.
Según las autoridades, Rivera Hernández golpéo a la niña, causándole graves lesiones que requirieron que fuera hospitalizada; la menor murió el 4 de enero de este año cuando recibía asistencia médica. El crimen ocurrió en el interior de un mesón ubicado en barrio El Molino, en la ciudad de San Miguel.
