Judicial
Decretan tres años de trabajo comunitario a colaborador de la pandilla 18
Colaborador de la pandilla 18 fue condenado a tres años de trabajos comunitarios luego de haber sido encontrado culpable de cargar en sus bolsillos 34 porciones de marihuana. Tras varias horas de alegatos el juez consideró que la cantidad “no es excesiva” para mantenerlo en prisión.
A sus 25 años, José Francisco Martínez Díaz, mejor conocido como “Darky”, tenía clara la sensación de estar encerrado en una prisión. Su pecado fue haberse juntado con pandillero de la 18 Sureños, con quienes se reunía a cualquier hora en la colonia Altavista en Tonacatepeque.
Con el tiempo, el panadero de profesión se había ganado la confianza de los criminales y antes de que fuera arrestado colaboraba vendiendo droga, pero hasta el momento habían pasado desapercibidas sus fechorías.
«Darky» fue capturado el 10 de abril del 2018 a las 7:25 de la noche. José había quedado de juntarse con sus compinches en un parque de la colonia luego de salir de su faena en la panadería. Los minutos pasaron y el grupo comenzó a disfrutar hasta que de pronto apareció una patrulla por la calle principal lo que provocó que estos salieran despavoridos por todo del lugar.
Los policías inmediatamente salieron corriendo detrás de los sujetos, pero los pasajes estrechos y veredas le permitieron escapar. Al único que se le acabó la buena suerte fue a José, que sin perder tiempo ya estaba sometido con su cara postrada en el suelo.
A pesar de la fuerza con la que estaba detenido, luchó con todas sus fuerzas para soltarse una y otra vez; pero esto solo provocaba que el policía ejerciera más fuerza hasta dejarlo inmovilizado.
Durante su registro se le encontró amarrado, a la cuerda de su calzoneta, una bolsa con 34 porciones de marihuana envueltas en bolsas plásticas que equivalen a 42 gramos con los que se podía elaborar hasta 85 cigarrillos.
Esto le bastó para que los policías lo llevaran hasta una delegación de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), donde permaneció detenido; paralelamente, el perito realizó un análisis químico que comprobaron que la yerba era marihuana.
El juicio
Las investigaciones judiciales llegaron hasta el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, donde se realizó el juicio a través de una videoconferencia, ya que esta recluido en el penal de Quezalpeque, conocido por albergar a pandillero de la pandilla 18.
La representación fiscal reafirmó al juez que el día de la captura este se encontraba junto con pandilleros por lo que directamente fue asociados con la clica.
Esto fue algo que incomodó al abogado defensor, quien señaló que esto no había sido comprobado por la Fiscalía General de la República (FGR) por lo que esto “se salió de contexto” justificando que el hecho de estar reunido con los pandilleros no lo convierte en uno de ellos.
Luego de un par de horas de desfile probatorio –entre testigos y documentos- el panadero utilizó la última palabra para decir que era inocente y que “había sido objeto de persecución” por las autoridades.
El juez del tribunal dio por cerrado el espacio para los debates y tras varios minutos de análisis decretó que sería condenado a purgar tres años de trabajo de utilidad pública debido a que la cantidad de droga que cargaba esa noche “no era excesiva”; así como por tratarse de una “droga blanda” que no tiene más afectación psicológica.
Esto quiere decir que el panadero y colaborador de la pandilla fue puesto en libertad y deberá realizar dichos trabajos en un lugar que lo disponga el Tribunal de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
