Judicial
Condenan a sujeto por posesión y tenencia de droga en Santa Ana
El Tribunal 2º de Sentencia de Santa Ana declaró responsable penalmente a William Alonso V., de 22 años de edad, por el delito de posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico. Por ello, se le impuso la pena de 6 años de prisión.
Los hechos por los que fue procesado y encontrado culpable ocurrieron la tarde del 24 de octubre del año 2019, cuando agentes policiales de la Sección Táctico Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil (PNC), realizaban un patrullaje preventivo en residencial Madrid, de Ciudad Real, en San Sebastián Salitrillo, y observaron al sujeto en una actitud sospechosa. Tras realizarle una requisa preventiva, los agentes le encontraron 25 porciones pequeñas de Marihuana.
El imputado fue trasladado a la Sección Antinarcóticos de la Policía, donde se le hizo la prueba de campo al material incautado dando positivo a la mencionada droga, con un peso de 63.5 gramos, con los cuales se pudieron haber confeccionado 127 cigarrillos de manufactura casera, con un valor económico de $72.39.
Ante esta situación y teniendo conocimiento agentes investigadores de que el imputado se reunía con otros sujetos armados en la vivienda donde reside y donde presuntamente vendía droga, se realizó un registro con prevención de allanamiento con autorización de la jueza del Juzgado de Paz de San Sebastián Salitrillo, encontrando: $1,000 en efectivo, dos cuadernos rayados con manuscritos, varios paquetes de hierba y otros documentos.
Asimismo, se decomisó un vehículo en cuya guantera encontraron $300. El total de la droga incautada en el allanamiento fue de 442.5 gramos de marihuana con un valor comercial en el mercado negro de $504.65
Fuente: Centros Judiciales.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
