Judicial
Condenan a 20 años de prisión a pandillero que mató a un hombre en las riberas de un río en San Vicente
El Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a 20 años de cárcel al pandillero Álvaro Javier Flores, por ser coautor del homicidio en perjuicio de Alfredo Ángel Cubías.
Cubías fue asesinado a balazos en diciembre de 2012 en las riberas de un río en el cantón San Nicolás Lempa de Tecoluca.
La víctima junto a otros hombres consumían bebidas embriagantes cuando llegaron dos pandilleros que los obligaron a quitarse la camisa e hincarse y luego le dispararon a Cubías.
En otro hecho, el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Fredy Atilio Contreras Hernández, acusado posesión y tenencia de droga.
Según expediente judicial el día 22 de noviembre del 2018, agentes de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, tuvieron conocimiento que el siguiente día, dos sujetos realizarían una transacción de drogas en los alrededores de la colonia Atlacatl y el Instituto Nacional Francisco Menéndez, en San Salvador en horas de la mañana.
Además, se conoció que los sujetos utilizan una motocicleta y una camioneta para movilizarse y realizar tales transacciones, resaltando también, las características físicas de los individuos.
El día siguiente, los agentes policiales prepararon un operativo en la zona en que habían sido alertados, alrededor de las 11:30 a.m., observaron a un sujeto que conducía una motocicleta que coincidía con las características proporcionadas, quien se dirigió al pasaje Lempa.
Cinco minutos después, junto a la motocicleta, se estaciona una camioneta, de la cual se baja un sujeto llevando una bolsa de plástico en la mano y se la entrega al sujeto de la motocicleta, luego este se retira inmediatamente.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
