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Judicial

Condena máxima para sujeto que le quitó la vida a su compañera de vida y a su cuñado

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José Jeremías Aquino Canizalez fue acusado de haberle quitado la vida a su compañera de vida y a su cuñado, luego de una larga y tormentosa relación que terminó en tragedia. El hecho fue en el cantón Jocotío, del Municipio de San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán.

En esa oportunidad José Aquino, quien era compañero de vida de la víctima Selma Pérez y con quien había procrearon 2 hijas, se comunica con la familia de la víctima para decirles que fueran por ella, que los estaba esperando, a lo cual accedieron, encontrándola golpeada del rostro y otras partes del cuerpo.

Al ser confrontada por sus familiares, la víctima les manifiesta que fue su compañero de vida quien le propinó la golpiza por el hecho de que no quería regresar con él, por los constantes malos tratos que recibía.

Cuando varios miembros de la familia aún se encontraban en la vivienda, llegó José Aquino portando un arma de fuego con la cual le cegó la vida a su esposa y a su cuñado Francis Pérez, posteriormente se dio a la fuga, pero fue detenidos días después.

El ahora condenado fue declarado por tres delitos sumando un total de 58 años de cárcel.

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Juez rechaza finalizar el caso a Munguía Payés por la tregua entre pandillas

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El Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador rechazó la pretensión de la defensa del exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, para dar por terminado el proceso penal que se le atribuye por haber facilitado y avalado la tregua entre pandillas.

El abogado David Ramírez, planteó al juez que se declarara la extinción de la acción penal porque cuando la Fiscalía General de la República judicializó el caso el 26 de julio del año 2020, los delitos ya habían prescrito.

Munguía Payés es acusado agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Esta audiencia también debía realizarse en contra del prófugo Mauricio Funes, asilado en Nicaragua, pero fue separado del proceso.

Ante la solicitud de la defensa, la Fiscalía dijo que la prescripción comenzó a contar desde el momento en que Munguía Payés cesó como ministro de Defensa, el 31 de mayo de 2019, ya que antes de esa fecha no pudo ser acusado por tener fuero constitucional.

Fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, cuando su nombramiento fue declarado inconstitucional, pero luego fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014, durante el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, también estuvo al frente de la misma cartera de Estado, del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.

«Los delitos prescriben desde el cese de la función y cuando se presente la solicitud de imposición de medidas habían transcurrido, un años, tres meses y 22 días», le expuso la fiscal Carolina Cabrera al juez.

Es decir que todavía quedaban seis años, siete meses y ocho días para promover la acusación judicial y no es cierto que haya una prescripción, expresó la fiscal.  Las agrupaciones ilícitas para Munguía Payés, de ser encontrado culpable la pena máxima es de ocho años, actos arbitrarios cuatro y el delito de incumplimiento de deberes ocho.

El fiscal Arturo Cruz, dijo que hay abundante prueba para que Munguía Payés sea enviado a juicio. El imputado está en arresto domiciliar con vigilancia de la Policía Nacional Civil y una fianza de $10,000.

Las declaraciones de los testigos criteriados «Noé» y «Salomón» son parte de las pruebas ofrecidas, ambos han contado como se ejecutó la tregua entre pandillas, entre marzo de 2012 a agosto de 2013.

En los casos penales conocidos como «Operación Jaque» y «Operación Cuscatlán» los criteriados y otras personas que llegaron a declarar en calidad de testigos, señalaron el papel clave que tuvieron Munguía Payés y Funes para que la tregua se instalara.

En el caso de Mauricio Funes, asilado en Nicaragua desde el año 2016, el ministerio público lo señala de haber promovido, facilitado e impulsado a las pandillas, que tuvo conocimiento de las ilegalidades y delitos que se estaban generando, pero no hizo nada para detenerlas pues su intención era mantener una buena imagen de que en su gobierno los homicidios habían experimentado un descenso en el país.

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Judicial

Pandillero confiesa extorsión y le imponen diez años de cárcel

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El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 10 años de cárcel al presunto pandillero Oscar Antonio Argueta Mancía, de 30 años de edad, por el delito de extorsión agravada.

Según el proceso, el 14 de abril del presente año, Argueta llegó a la vivienda de su víctima en Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, para exigirle en un plazo máximo de tres días y en nombre de una pandilla, $ 100 dólares, de lo contrario amenazó con hacerle daño a él y su familia.

Ante esto, la víctima interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) y agentes encubiertos supervisaron la entrega, la cual se realizó la tarde del 17 de abril en el barrio Concepción de Ciudad Barrios.

La FGR señaló que los agentes detuvieron en flagrancia a Argueta a quien le decomisaron los billetes previamente seriados, así como un teléfono celular.

En la vista pública, Argueta confesó los hechos para hacerse acreedor de la pena mínima por el delito de extorsión agravada.

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9 pandilleros son condenados a 35 años de prisión por matar a joven en bartolina policial de La Unión

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Fiscales de la Unidad de Vida de la oficina de La Unión lograron demostrar que nueve miembros de la pandilla 18 sureños, vapulearon a un joven de 20 años al interior de una celda de las bartolinas de la delegación de la Policía Nacional Civil de La Unión que le causó la muerte.

Los terroristas integrantes de un grupo identificado como Flores Locos Sureños se mantenían recluidos en la cárcel, cuando el 9 de febrero del año 2020, la víctima Josué Porfirio Fuentes Melara de 20 años, ingresó después de ser detenido por el delito de Resistencia.

El joven manifestó pertenecer a la pandilla 18 por eso fue llevado a esa celda. Sin embargo, el grupo de condenados lo desconocieron y aproximadamente a las 7:00 de la noche lo comenzaron a vapulear.

Posteriormente, el grupo de pandilleros gritaban que había un recluso enfermo. La víctima se encontraba inconsciente y fue trasladado al hospital nacional de La Unión, donde falleció.

Las investigaciones a través de las pericias forenses determinaron que la causa de muerte de Fuentes Molina fue por “trauma cerrado de abdomen, tipo contuso”, por los golpes recibidos.

En el juicio en el Juzgado de Sentencia de La Unión, con base a las diferentes pruebas, se les impuso una pena de 35 años, a cada uno de los pandilleros por el delito de Homicidio Agravado.

Los sentenciados fueron identificados como: José Aníbal Hernández Pérez, Kevin Alexander Bonilla Maldonado, Enzo Antonio Fernán Escobar, Agustín Alberto Jiménez Granados, Antonio José Hernández Turcios, Alexander Josué Guevara Sagastizado, José Aldair Alvarado Bonilla, Steven Noé Reyes Mejía, y Edwin Josué Canales Castro.

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