Judicial
Catalino Miranda es acusado de nuevo delito y defensa pide juicio abreviado
Mientras la Fiscalía General de la República le notifica a Catalino Miranda un nuevo proceso penal por falsedad ideológica, el empresario de transporte solicitó este martes a través de sus defensores un procedimiento abreviado con el fin de admitir los delitos de resistencia, desórdenes públicos y venta a precio superior.
El abogado Mauricio Gámez, confirmó que están negociando con el ministerio público una pena de dos años de prisión por los tres ilícitos. En cuanto al nuevo delito acumulado, el defensor desconoce por el momento los hechos ya que ayer se lo notificaron a Miranda en el penal de Mariona.
En el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, además de Catalino Miranda, la Fiscalía acusa a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del transportista. Ambos supuestamente autorizaron que se incrementara la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152.
La defensa ha solicitado un procedimiento abreviado para Catalino Miranda, dijo una fiscal al juez, pero debe hacerlo por escrito y como el trámite podría durar un mes, solicitaron ese plazo al tribunal.
Mauricio Gámez, uno de los defensores también pidió al juez el aplazamiento de la vista pública para dar el trámite administrativo. Sostuvo que Catalino Miranda está de acuerdo a admitir los delitos y confesar los hechos que es uno de los requisitos para que el tribunal avale esa salida alterna.
En cuanto a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, el juez manifestó que se le aplicará el artículo 86 reformado del Código Procesal Penal que autoriza enjuiciarlo como reo ausente.
El tribunal esperará hasta el 15 de mayo para resolver la situación jurídica de Miranda quien está en preso desde el 18 de marzo de 2022.
Fue enviado a Mariona desde la primera audiencia del proceso cuando el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó que siguiera en la cárcel por desórdenes públicos y por resistencia quedó atado al expediente, pero sin ninguna medida.
Este caso pasó al Juzgado Tercero de Instrucción donde se acumuló una segunda causa penal que llegó desde el Juzgado Séptimo de Paz, pero aquí la Fiscalía acuso también a su hijo Adalberto Antonio.
Los dos enfrentaron la audiencia inicial el 24 de marzo de 2022 por venta a precio superior, pero la jueza resolvió con medidas sustitutivas a la detención y el pago de una fianza de $5,000, pero debido a que tenía orden de prisión por desórdenes públicos ha permanecido recluido en el penal de Mariona.
Dice la Fiscalía que Catalino Miranda y su hijo avalaron el incremento de la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152, de las cuales son accionistas. Este expediente fue llevado a sede judicial por denuncias de pasajeros.
Los afectados señalaron que los motoristas de las dos rutas estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pese a que el Viceministerio de Transporte (VMT) había autorizado $0.20.
Hay actas policiales de verificación de tarifas incorporadas como prueba documental que dejan constancia de los incrementos denunciados por los usuarios.
Los fiscales en la fase de instrucción ofrecieron como prueba la certificación de los acuerdos de concesión de líneas que otorgó el VMT a las rutas de Catalino Miranda que operaban bajo sociedad Acostes de El Salvador y donde se establecen las tarifas autorizadas las cuales son inferiores a las que estaban cobrando a los pasajeros.
En el documento de auto de apertura a juicio el juzgado plasmó que hubo un incremento no autorizado y que es el Tribunal Tercero de Sentencia el que debe examinar los testimonios y la documentación con la que el ministerio público pretende probar los delitos.
Internacionales
Guatemala extradita a El Salvador al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes por hurto agravado
La Policía Nacional de Guatemala, con apoyo de INTERPOL, entregó a las autoridades salvadoreñas al empresario Jorge Leonel Gaitán Paredes, de 67 años, requerido por el delito de hurto agravado.
La extradición se realizó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal de Guatemala, emitida el 5 de marzo, tras la solicitud de la Fiscalía General de la República de El Salvador. Gaitán Paredes había estado recluido en la cárcel Mariscal Zavala y, una vez resuelta su situación legal en Guatemala, fue trasladado a través de la frontera de Valle Nuevo, donde fue recibido por agentes de INTERPOL de El Salvador.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador declaró culpable a Edwin Mauricio Alvarado Lazo, por los delitos de feminicidio agravado y agresión sexual en menor e incapaz, imponiéndole una condena de 66 años de cárcel.
De acuerdo con la confesión presentada ante la jueza, el 9 de octubre de 2023 la víctima de 7 años, pasaba frente a la vivienda del procesado, quien la llamó e hizo ingresar.
Una vez dentro, la asfixió mientras estaba sentada en un sofá y posteriormente la agredió físicamente.
Más tarde, introdujo el cuerpo en un saco y lo abandonó en un área verde del reparto La Campanera.
Durante la vista pública, testigos relataron que previamente habían tenido altercados con el imputado por su conducta indebida hacia menores de la zona.
El juzgado identificó la misoginia y el desprecio hacia las mujeres en las acciones del condenado al atacar a una menor de edad y desechar su cuerpo.
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
