Judicial
Catalino Miranda es acusado de nuevo delito y defensa pide juicio abreviado
Mientras la Fiscalía General de la República le notifica a Catalino Miranda un nuevo proceso penal por falsedad ideológica, el empresario de transporte solicitó este martes a través de sus defensores un procedimiento abreviado con el fin de admitir los delitos de resistencia, desórdenes públicos y venta a precio superior.
El abogado Mauricio Gámez, confirmó que están negociando con el ministerio público una pena de dos años de prisión por los tres ilícitos. En cuanto al nuevo delito acumulado, el defensor desconoce por el momento los hechos ya que ayer se lo notificaron a Miranda en el penal de Mariona.
En el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, además de Catalino Miranda, la Fiscalía acusa a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, hijo del transportista. Ambos supuestamente autorizaron que se incrementara la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152.
La defensa ha solicitado un procedimiento abreviado para Catalino Miranda, dijo una fiscal al juez, pero debe hacerlo por escrito y como el trámite podría durar un mes, solicitaron ese plazo al tribunal.
Mauricio Gámez, uno de los defensores también pidió al juez el aplazamiento de la vista pública para dar el trámite administrativo. Sostuvo que Catalino Miranda está de acuerdo a admitir los delitos y confesar los hechos que es uno de los requisitos para que el tribunal avale esa salida alterna.
En cuanto a Adalberto Antonio Miranda Zepeda, el juez manifestó que se le aplicará el artículo 86 reformado del Código Procesal Penal que autoriza enjuiciarlo como reo ausente.
El tribunal esperará hasta el 15 de mayo para resolver la situación jurídica de Miranda quien está en preso desde el 18 de marzo de 2022.
Fue enviado a Mariona desde la primera audiencia del proceso cuando el Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó que siguiera en la cárcel por desórdenes públicos y por resistencia quedó atado al expediente, pero sin ninguna medida.
Este caso pasó al Juzgado Tercero de Instrucción donde se acumuló una segunda causa penal que llegó desde el Juzgado Séptimo de Paz, pero aquí la Fiscalía acuso también a su hijo Adalberto Antonio.
Los dos enfrentaron la audiencia inicial el 24 de marzo de 2022 por venta a precio superior, pero la jueza resolvió con medidas sustitutivas a la detención y el pago de una fianza de $5,000, pero debido a que tenía orden de prisión por desórdenes públicos ha permanecido recluido en el penal de Mariona.
Dice la Fiscalía que Catalino Miranda y su hijo avalaron el incremento de la tarifa de pasaje en las Rutas 42 y 152, de las cuales son accionistas. Este expediente fue llevado a sede judicial por denuncias de pasajeros.
Los afectados señalaron que los motoristas de las dos rutas estaban cobrando $0.35 centavos de pasaje, pese a que el Viceministerio de Transporte (VMT) había autorizado $0.20.
Hay actas policiales de verificación de tarifas incorporadas como prueba documental que dejan constancia de los incrementos denunciados por los usuarios.
Los fiscales en la fase de instrucción ofrecieron como prueba la certificación de los acuerdos de concesión de líneas que otorgó el VMT a las rutas de Catalino Miranda que operaban bajo sociedad Acostes de El Salvador y donde se establecen las tarifas autorizadas las cuales son inferiores a las que estaban cobrando a los pasajeros.
En el documento de auto de apertura a juicio el juzgado plasmó que hubo un incremento no autorizado y que es el Tribunal Tercero de Sentencia el que debe examinar los testimonios y la documentación con la que el ministerio público pretende probar los delitos.
Imagen de referencia
El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.
Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.
Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.
Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.
En el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador inició la audiencia preliminar contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras 13 personas acusadas de lavar $5.6 millones.
A la diligencia han comparecido la mayoría de los acusados, entre ellos Byron Enrique Larrazábal Arévalo, su esposa e hijo, Sonia Inés Morales Rivas y Kevin Mauricio Larrazábal Morales.
Otros procesados son René Antonio Díaz Argueta, Delmy Beatriz Vela Jiménez y Jeny Elizabeth Guadalupe Medina de Ramírez, exgerente y exempleadas del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).
También están acusados exempleados de la Corte de Cuentas de la República: Noemí Candelaria Rodríguez de Carrillo, Atilio Castro Guevara y Rosa Yanira Ruiz Hernández. Asimismo, Manuel Antonio Bercián Castro, hermano del pandillero Moris Alexander Bercián Machón, alias «Barney», y Karla Beatriz Recinos Ramírez, exasistente de Sigfrido Reyes.
La causa penal incluye los delitos de peculado, estafa agravada, incumplimiento de deberes y casos especiales de lavado de dinero. La Fiscalía General de la República ha solicitado que, para algunos acusados, la estafa agravada se modifique al delito de peculado; sin embargo, la defensa se opone, argumentando que no todos los procesados eran funcionarios ni tenían vínculos con entidades estatales.
El ministerio público pretende que se admitan al menos 115 testigos y diversas pericias, previamente autorizadas por el Juzgado Sexto de Instrucción de San Salvador.
Algunos peritajes están relacionados con la valoración de inmuebles a nombre de los procesados y con la extracción de información de aparatos electrónicos decomisados.
Judicial
«El Torta», extraditado de EE. UU., enfrentará juicio en El Salvador por dos homicidios y agrupaciones ilícitas
José Daniel Matamoros Andrade, alias «El Torta», fue enviado a juicio por delitos de agrupaciones ilícitas y homicidio agravado, tras su extradición de Estados Unidos en febrero de 2024.
El Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador resolvió en audiencia preliminar que el proceso contra Matamoros Andrade continúe en vista pública, como solicitó la Fiscalía General de la República.
Según las investigaciones, en 2016 el imputado participó en el asesinato de una mujer que fue vapuleada y asfixiada por pandilleros, cuyo cuerpo abandonaron en la entrada de Nejapa Power. También se le atribuye el homicidio de otra persona, acusada por los pandilleros de colaborar con la Policía Nacional Civil (PNC), a quien mataron tras golpearla y causarle traumatismos con una piedra.
Matamoros Andrade, miembro de la facción revolucionaria de la pandilla 18, huyó a Estados Unidos y residía en Alexandria, Virginia, donde fue capturado y posteriormente extraditado a El Salvador a petición de las autoridades.
De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión. El juicio lo enfrentará junto a Loida Berenice Barraza, procesada por agrupaciones ilícitas y robo agravado, señalada como colaboradora de la misma estructura criminal.
