Judicial
Absuelven por faltas de pruebas a dos sujetos por supuesto tráfico de droga
Un ciego y uno de sus amigos fueron procesados por traficar una droga que las autoridades localizaron durante una requisa en una colonia de Soyapango. En los siete meses que duró el litigio judicial se manejaron dos versiones que sembraron dudas en el tribunal que decidió absolver a los imputados.
La acusación del ministerio público señaló que Nelson R., de 36 años, y Jorge Z., de 22 años, se dedicaban a la venta de marihuana en una zona del referido municipio de San Salvador en la que fueron arrestados en las casas donde vivían con sus familias.
Nelson es no vidente y trabaja como zapatero mientras que Nelson trabaja en una panadería de la zona. Sin embargo, el reporte policial los señaló como dos sujetos con apariencia de pandilleros
El 13 de abril de 2018, el reloj marcaba la 1:00 de la tarde cuando dos agentes se percataron de la presencia de los dos imputados que luego de intentar huir fueron revisados, encontrando 32 porciones de marihuana valorados en $146.
Los dos sujetos fueron trasladados a unas bartolinas de la Policía en las que estuvieron hasta que el juzgado de Paz de Soyapango les decretó medidas sustitutivas para enfrentar el proceso en libertad.
El expediente judicial señaló que ambos imputados presentaron arraigo laboral y familiar, en el caso de Nelson demostró que trabajaba como empastador y emplandillador en un taller donde ganaba $90 semanales con los que mantenía a su mujer y dos hijas. En tanto, Jorge comprobó que era un panadero que ganaba $15 diarios y que estaba acompañado y tenía una hija.
Las contradicciones
Durante el proceso, los imputados explicaron que los hechos planteados por la Fiscalía General de la República (FGR).no habían ocurrido de esa manera ya que su arresto se produjo en horas de almuerzo cuando se encontraban en la casa de Nelson y Jorge lo había llegado a visitar.
El zapatero recordó que a su casa llegaron tres policías con el rostro cubierto «esa droga la encontraron como a dos casas de donde estaba. Yo estaba con mi esposa y mi hija”, aclaró en su declaración.
Sobre los señalamientos de ser miembro de pandillas, Nelson aclaró que no es miembro de la estructura criminal que delinque en la colonia en la que vive, algo que no pudo ser refutado por la parte acusadora.
En tanto, uno de los abogados que ejerció la defensa de los imputados puso en duda la versión acusadora ya que «al ver la presciencia policial los imputados se dieron a la fuga, eso no podría ser ya que como hemos visto uno de los imputados (Nelson) es no vidente. ¿Cómo iba a percatarse que venía la Policía? No puede ver ni intentar correr limitada su visión”, alegó.
El ministerio público tampoco pudo verificar lo señalado en el reporte policial, algo que acercó a los imputados a salir bien librados de las acusaciones que pesaban en su contra.
Luego de varias horas, la jueza del Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador dictaminó que la FGR no había establecido ningún elemento probatorio de participación de ambos imputados y ante la duda decidió dejar en libertad a los señalados quienes recobraron su libertad.
Por: El Salvador Times.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
