Judicial
30 años cárcel para pandillero que portaba ilegalmente arma de fuego

Una condena de 30 años en prisión deberá cumplir José Alejandro Rodríguez, integrante de una estructura criminal y contra quien se comprobó en juicio que es culpable por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Tenencia, Portación o Conducción Ilegal o Irresponsable de Armas de Fuego.
La Fiscalía General de la República (FGR) demostró que el 5 de abril del año 2022, el terrorista transitaba por la comunidad Los Próceres, sobre la Avenida Lincoln en Mejicanos y al notar la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se dio a la fuga. Tras una persecución, los policías lo alcanzaron y al ser intervenido, descubrieron que portaba ilegalmente un arma de fuego, por lo que fue capturado de forma inmediata.
Durante la vista pública -juicio- en el Juzgado Tercero de Sentencia de San Salvador, la Fiscalía presentó toda la prueba recopilada y con la que demostró que en esa fecha llevaba una pistola calibre 40 S&W, y que es miembro activo de la pandilla 18 Revolucionarios, Tribu Zacamil, Cancha TWLS.
Por ello, fue declarado culpable y el respectivo juez le impuso una condena de prisión de 20 años por agrupaciones y le sumó 10 por la portación del arma, con lo que suman los 30 años que deberá purgar en una celda.
Judicial
Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador

Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
Judicial
Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
Judicial
Abogado Salvador Anaya, acusado de lavado de dinero, seguirá detenido

El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.