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Gobierno lamenta que diputados continúen retrasando asignación de fondos para enfrentar la pandemia del COVID-19
El Gobierno lamentó que lo diputados opositores en la Asamblea Legislativa continúen postergando la asignación presupuestaria de los préstamos por $250 millones, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y $20 millones del Banco Mundial (BM), que son necesarios para enfrentar la emergencia por la pandemia del COVID-19.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya; el ministro de Salud, Francisco Alabi y el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, acudieron a la Comisión de Hacienda para buscar consensos; sin embargo, los diputados se negaron a emitir un dictamen favorable para luego llevarlo al pleno del Legislativo.
“Nos vamos tristes, la sensación que nos llevamos es de frustración, presentamos este presupuesto antes de vacaciones, hemos contestado hoy los múltiples cuestionamientos de los diputados y ahora dicen que aún deben consultar son sus fracciones”, expresó el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Además, advirtió que el Gobierno podría perder el financiamiento de $20 millones, a través de un préstamo suscrito con el Banco Mundial y que está destinado directamente al ramo de salud para atender la emergencia sanitaria. “El crédito del Banco Mundial está a dos semanas de vencerse, ya que son préstamos otorgados en el contexto de la pandemia y los diputados siguen sin hacer nada”, lamento Zelaya.
“Les pido humildemente, que, en la brevedad de lo posible, ustedes puedan autorizar esto que inminente es para el funcionamiento del Hospital El Salvador y para salvar vidas, eso es sumamente importante”, reiteró Francisco Alabi.
En tanto, el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, explicó que con los fondos provenientes del BID se ejecutará el Programa de Financiamiento a Productores Agrícolas y Sector Agropecuario, que busca garantizar la seguridad alimentaria, mediante la entrega de paquetes agrícolas de semilla de maíz blanco, frijol, arroz, pastos, sorgo, entre otros para aumentar la producción.
Además, destacó que se facilitarán créditos blandos para productores agrícolas, viveristas y ganaderos; así como el mejoramiento del parque cafetalero del país, que por años se ha quejado de pérdidas económicas por las afectaciones generadas por la roya.
La distribución de los recursos ratificados quedó de la siguiente manera: $75 millones para las alcaldías del país, $30 millones para el Hospital El Salvador; $20 millones para FOPROMID, $18 millones para financiar la respuesta a la emergencia nacional y la reconstrucción; $40 millones para los productores agrícolas; $12 millones para las pensiones de los veteranos y excombatientes; $55 millones para respaldar los proyectos de inversión de FOMILENIO II.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
