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Gobierno lamenta bloqueo que ejerce el Órgano Legislativo contra el Ejecutivo y la filtración de información de otras instituciones del Estado
Los hechos de ayer en la Asamblea Legislativa, en la filtración de información al diputado del PDC, Rodolfo Parker, como “la confesión” del presidente de ese órgano de Estado, Mario Ponce, confirman que esa institución no juega un rol a favor de los salvadoreños en la lucha contra el COVID-19 y otros temas de interés nacional, por lo que el Gobierno del Presidente Bukele lamenta estas posturas, muy particulares de varios grupos parlamentarios que se han enfocado en frenar del trabajo del Ejecutivo en este momento crítico que vive el país.
El primer suceso lamentable es que el diputado Parker recibiera durante la sesión de la Comisión de Hacienda, información por parte de su suplente facilitada, según la evidencia, por un magistrado de la Corte de Cuentas (CCR), sobre una auditoría que realiza la institución al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo titular, Pablo Anliker, participó ayer en la reunión para explicar cómo usará $40 millones en la reactivación del sector.
Esa información, al ser parte de un proceso de fiscalización en curso, es confidencial y ningún magistrado de la CCR la puede divulgar, según la ley de la Corte y su reglamento interno.
Según divulgó el Presidente Bukele, detrás de esta operación está el actual magistrado de la CCR Roberto Anzora, quien se ha postulado para presidir el organismo controlor de la República.
“El magistrado Roberto Anzora, Rodolfo Parker y Arnoldo Marín cometieron, al compartir información confidencial de auditorías en proceso, para fines políticos. El fiscal Raúl Melara, debe proceder, aunque probablemente sólo haga lo que él considere conveniente” expresó el mandatario.
El segundo suceso cuestionable es la afirmación de Ponce, quien dejó entrever, en medio de la pausa en la entrevista “Debate con Nacho Castillo”, que la actitud de Parker no abandona a lograr entendimientos y acuerdos para enfrentar la crisis del COVID-19 y la aprobación de créditos y otros proyectos para beneficiar al país
“Yo siento que a Parker se le va el hígado por encima de todo, pero está bien, que lo lleva y lo expresa en las cámaras (…) el problema es que nos lleva a todos de encuentro” afirmó Ponce.
En varias ocasiones el diputado Parker y Ponce, entre otros legisladores han dejado claro que no apoyan al Gobierno en su propuestas para enfrentar el COVID-19, una postura que genera armonía y no permite que los tres órganos del Estado hagan sinergia para trabajar de forma conjunta y articula
Un ejemplo reciente es el Régimen de Excepción, propuesto hace más de 45 días por parte de la Presidencia de la República y que se encuentra “traspapelado”, aunque el país con el alza de casos y fallecidos por la pandemia por no aprobarlo para generar una cuarentena estricta de 15 días que aplane la curva de contagios.
Estos hechos, para el Gobierno del Presidente Bukele, no están a la altura del debate y de la construcción de acuerdos que deben de existir entre en la Asamblea Legislativa y demuestran que hay una agenda y un interés real por desacreditar al Ejecutivo que en un poco más de un año ha tenido que enfrentar la peor crisis sanitaria de la historia reciente del país, la inseguridad ciudadana y el abandono en que dejaron al país los dos gobiernos del FMLN.
Por ello se hacen un llamado al órgano Legislativo a actuar bajo el principio del bienestar para la población y a dejar de lado la estrategia político-electoral, que al final no tiene ningún beneficio a los salvadoreños, más en tiempos donde está en juego la vida de miles de salvadoreños por una situación sanitaria global, para que lo para la que ningún país o sistema sanitario está listo.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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