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Gobierno lamenta bloqueo que ejerce el Órgano Legislativo contra el Ejecutivo y la filtración de información de otras instituciones del Estado
Los hechos de ayer en la Asamblea Legislativa, en la filtración de información al diputado del PDC, Rodolfo Parker, como “la confesión” del presidente de ese órgano de Estado, Mario Ponce, confirman que esa institución no juega un rol a favor de los salvadoreños en la lucha contra el COVID-19 y otros temas de interés nacional, por lo que el Gobierno del Presidente Bukele lamenta estas posturas, muy particulares de varios grupos parlamentarios que se han enfocado en frenar del trabajo del Ejecutivo en este momento crítico que vive el país.
El primer suceso lamentable es que el diputado Parker recibiera durante la sesión de la Comisión de Hacienda, información por parte de su suplente facilitada, según la evidencia, por un magistrado de la Corte de Cuentas (CCR), sobre una auditoría que realiza la institución al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo titular, Pablo Anliker, participó ayer en la reunión para explicar cómo usará $40 millones en la reactivación del sector.
Esa información, al ser parte de un proceso de fiscalización en curso, es confidencial y ningún magistrado de la CCR la puede divulgar, según la ley de la Corte y su reglamento interno.
Según divulgó el Presidente Bukele, detrás de esta operación está el actual magistrado de la CCR Roberto Anzora, quien se ha postulado para presidir el organismo controlor de la República.
“El magistrado Roberto Anzora, Rodolfo Parker y Arnoldo Marín cometieron, al compartir información confidencial de auditorías en proceso, para fines políticos. El fiscal Raúl Melara, debe proceder, aunque probablemente sólo haga lo que él considere conveniente” expresó el mandatario.
El segundo suceso cuestionable es la afirmación de Ponce, quien dejó entrever, en medio de la pausa en la entrevista “Debate con Nacho Castillo”, que la actitud de Parker no abandona a lograr entendimientos y acuerdos para enfrentar la crisis del COVID-19 y la aprobación de créditos y otros proyectos para beneficiar al país
“Yo siento que a Parker se le va el hígado por encima de todo, pero está bien, que lo lleva y lo expresa en las cámaras (…) el problema es que nos lleva a todos de encuentro” afirmó Ponce.
En varias ocasiones el diputado Parker y Ponce, entre otros legisladores han dejado claro que no apoyan al Gobierno en su propuestas para enfrentar el COVID-19, una postura que genera armonía y no permite que los tres órganos del Estado hagan sinergia para trabajar de forma conjunta y articula
Un ejemplo reciente es el Régimen de Excepción, propuesto hace más de 45 días por parte de la Presidencia de la República y que se encuentra “traspapelado”, aunque el país con el alza de casos y fallecidos por la pandemia por no aprobarlo para generar una cuarentena estricta de 15 días que aplane la curva de contagios.
Estos hechos, para el Gobierno del Presidente Bukele, no están a la altura del debate y de la construcción de acuerdos que deben de existir entre en la Asamblea Legislativa y demuestran que hay una agenda y un interés real por desacreditar al Ejecutivo que en un poco más de un año ha tenido que enfrentar la peor crisis sanitaria de la historia reciente del país, la inseguridad ciudadana y el abandono en que dejaron al país los dos gobiernos del FMLN.
Por ello se hacen un llamado al órgano Legislativo a actuar bajo el principio del bienestar para la población y a dejar de lado la estrategia político-electoral, que al final no tiene ningún beneficio a los salvadoreños, más en tiempos donde está en juego la vida de miles de salvadoreños por una situación sanitaria global, para que lo para la que ningún país o sistema sanitario está listo.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
La diputada de VAMOS, Claudia Ortiz, no ha tardado en expresarse de las nuevas reformas aprobada en la Asamblea Legislativa en la que se permite cadena perpetua a pandilleros, asesinos y violadores.
Ortiz reiteró que el aumento de años a una condena no da justicia a las víctimas.
Además cree que está reforma puede traer «problemas» para las personas que son procesadas por tres delitos mencionados anteriormente.
Claudia Ortiz fue la única que votó en contra de la reforma al artículo 27 para condenar a cadena perpetua a pandilleros, violadores y asesinos.
Esta mañana un joven trabajador murió al caer sobre su cuerpo un promontorio de laminas que habían llegado a dejar a una ferretería en el Cantón Coyolito, jurisdicción de Tejutla, Chalatenango.
Socorristas de Comandos de Salvamento de El Salvador, seccional de Aguilares fueron alertados y al llegar al lugar del percance, realizaron maniobras para poder recuperar al joven quien fue identificado como Juan Joel Vargas Rosa, de 20 años.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los cuerpos de socorro y del SEM, la persona perdió la vida, debido a los traumas sufridos al caer sobre su cuerpo el peso de las láminas desde una altura de dos metros.
Dos trabajadores más que estaban en el lugar lograron salir a tiempo y evitar de esta manera una tragedia mayor.
