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Gobierno de El Salvador afirma que 2,000 empresas no pagan cuotas de AFP
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, indicó que más de 103,000 trabajadores que poseen plazas formales se encuentran afectados debido al no traslado de las cuotas correspondientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por parte de los sus patronos.
«Esto es una falta administrativa y es un delito eminentemente penal, y son cerca de 2,000 empleadores en este país que se encuentran en incumplimiento», aseveró el funcionario.
Castro señaló que, con el fin de salvaguardar los derechos de estos trabajadores, la próxima semana se presentará a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar un aviso en contra de estos patronos.
«Esta semana he recibido la última información por parte de las instituciones pertinentes y la próxima semana me presento e interpongo ante la Fiscalía ya un aviso de carácter penal por esto», advirtió.
El ministro amplió que, las empresas que se encuentran en incumplimiento solo han estado reflejando la cuota correspondiente al Instituto Salvadoreños del Seguro Social (ISSS), pero no la que corresponde a las AFP, lo que tiene graves repercusiones para los trabajadores.
«Por ejemplo, si un trabajador cumple sus 30 años de servicio y 60 de vida, y se encuentra en condiciones de jubilarse, pero va a la AFP y se da cuenta que durante tres años su empleador no depósito las cuotas correspondientes, esta persona ya no cumple los 30 años y se vería obligado a trabajar tres años o más o le quedaría menor su pensión», explicó.
«Es una cosa bien grave y que muy poca atención se le pone. Estamos hablando que de los más de 940,000 empleados formales que tiene actualmente el país, 103,000 trabajadores se encuentran afectados», puntualizó Castro.
En este sentido, también señaló que este incumplimiento que ha persistido en el tiempo terminará con la entrada en vigor de la reforma de pensiones que se analiza en el Congreso, la cual contempla la eliminación de la doble planilla (AFP e ISSS), y las integra a un sistema único que no podrá ser burlado por este tipo de patronos. «La planilla única elimina a los evasores previsionales», afirmó.
Esto forma parte de potestades que tendrán el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) que nace con la reforma y que se convertirá en el ente rector, regulador, y administrador de las políticas que se implementen en esta materia.
#DePaís| «El Presidente de la República, @nayibbukele, siempre planteó que se hiciera una reforma al sistema de pensiones», señaló el ministro de @TrabajoSV.
— Diario El Salvador (@elsalvador) November 30, 2022
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«Acá, en el pasado, quien decidía absolutamente todo eran las AFP, ahora va a ser el ISP y, por supuesto, que tendrá la capacidad de trabajar con las administradoras, pero el regulador y rector de las políticas públicas en materia de seguridad social es el nuevo ente», afirmó.
Castro señaló que la propuesta presentada por el Ejecutivo es integral, y ha apostado por el beneficio de los trabajadores, ya que no contempla incremento de edad o aporte previsional y plantea una base sólida que la vuelve sostenible en el tiempo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
