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Gobierno construirá puente sobre río El Jute para conectar cantón Hacienda Corinto con calle principal al Puerto de La Libertad
La Dirección de Obras Públicas (DOM) inició la construcción de un puente sobre el río El Jute, el cual tendrá 26 metros de longitud por 8.1 metros de ancho, que conectará el cantón Hacienda Corinto en el distrito de Zaragoza con la calle principal hacia el Puerto de La Libertad.
Esta nueva obra reforzará Surf City, el proyecto insignia del mandatario con lo cual se está impulsando el desarrollo, la economía y el turismo en la zona costera de La Libertad.
De acuerdo con las especificaciones, la obra de paso que se ubicará en el municipio de La Libertad Este, tendrá dos zapatas o cimientos de 10.45 metros de largo por 5 metros de ancho, estribos, aletones o refuerzos de concreto armado de 11 metros de longitud por 8 metros de ancho y 7 metros de alto.
Un tablero o estructura de vigas a lo largo y ancho de la obra, que incluye losas o pisos de concreto de 30 centímetro de espesor y para seguridad contará con barandales y barreras Jersey.
Estará reforzado por un muro de retención de mampostería de piedra de 50 metros de largo por 6 metros de alto; adicionalmente, se construirán 100 metros de calle de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor por 5 metros de ancho.
La obra de paso será sostenida por 20 pilotes de 10.45 metros de profundidad para las fundaciones de los estribos del puente.
Con la construcción de este puente se resolverá un eterno problema de acceso de año tras año que de forma directa han sufrido los habitantes del Puerto de La Libertad y de forma indirecta, la población que frecuenta las populosas playas de esa zona costera del país. Todo por las malas condiciones de la calle y el cauce del río.
Para la conformación del diseño, se realizó un estudio de suelo, ensayos rotativos o análisis de muestras, estudios hidrológicos y estudios de impacto ambiental
De acuerdo con los resultados, la DOM estableció que la obra se desarrolle en cuatro fases, que serán complementadas con un relleno y nivelación rasante o altura requerida, además de colocar una capa de suelo cemento como base de las vías de acceso.
Como este puente, la DOM ejecuta otros proyectos entre estos; siete en la carretera que conduce a la playa de Punta Mango como parte del proyecto Presidencial Sur City, Circuito 2, en el distrito de Jucuarán, en Usulután Este; otro en el cantón Santa Clara en el distrito de San Rafael Oriente de San Miguel Oeste, otro más en Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate Centro.
Pero también, la DOM ha entregado cuatro puentes en calle de Dolores en Cabañas, que conectan con la Longitudinal Norte, uno más en la calle que comunica entre el cantón Teosinte y el distrito de Arcatao en Chalatenango.
Con proyectos integrales como este, “juntos estamos construyendo el nuevo El Salvador” y se suman a las más de 8,500 obras realizadas en los 262 distritos del país por lo que “seguimos en la dirección correcta” y demostrando cada día que el dinero alcanza cuando nadie roba.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
