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FOTOS: Reos realizan tareas comunitarias para enmendar daños a la sociedad
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele continúa trabajando en la reinserción de los privados de libertad como mecanismo para fortalecer la lucha contra la violencia social, y mejorar la seguridad pública en El Salvador.
Los lineamientos dados por el Presidente Bukele definen que todos los reos de centros penales deben de involucrarse en actividades laborales y educativas en el interior de los centros penales, para posteriormente cuando pasen a la fase de confianza puedan brindar su aporte a las comunidades y redimir de alguna manera los daños causados en el pasado a la sociedad.
Ante ello, desde el inicio de la gestión presidencial comenzó a implementarse el Plan Cero Ocio, en el cual se han diseñado programas y actividades que promueven hábitos laborales en los privados de libertad.
De acuerdo con las autoridades penitenciarias, en el interior de los recintos penales del país se ha erradicado por completo el ocio en los privados de libertad. Todos los días los internos participan en talleres de pintura, carpintería, albañilería, corte y confección, entre otros oficios, que les permitirá obtener un trabajo cuando recuperen su libertad.
Además, un promedio de 2,000 reos en fase de confianza sale de los centros penales a desarrollar obras comunitarias para el beneficio de los salvadoreños. Desde la implementación del Plan Cero Ocio, los reos han construido y remodelado 75 sedes policiales, así como centros educativos, parques nacionales, infraestructura militar, y otros.
También han aportado mano de obra en el proyecto habitacional El Espino, de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. La construcción fue desarrollada de manera coordinada con el Ministerio de Vivienda.
A cambio de los trabajos que hacen los privados de libertad el sistema brinda beneficios como establece la Ley Penitenciaria, pero, sobre todo, deben de mostrar el genuino deseo de cambiar, participar y apoyar a las comunidades del país y resarcir su deuda con la sociedad.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
