Nacionales
Fiscal Melara guarda silencio y aún no investiga a su predecesor Douglas Meléndez, ex jefe UIF Jorge Cortez; Nahum Martínez y Neftalí Abrego, por adulterar pruebas
Luego de que salieran a la luz pública detalles que revelaran que el exfiscal General de la República, Douglas Meléndez, presionó a cuatro fiscales auxiliares y dos empleados administrativos de la institución para que mintieran y “fabricaran” el caso denominado “Corruptela”; el 07 de enero de 2020, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, certificó para qué la Fiscalía General de la República, iniciara la investigación respectiva y procesara a los señores Neftalí Roberto Abrego Rosales, Héctor Nahun Martínez García, Jorge Cortez y al mismísimo ex fiscal Douglas Meléndez, por existir la probabilidad del cometimiento de un hecho delictivo.
Sin embargo, a la fecha la FGR y el propio Fiscal General han guardado un silencio absoluto sobre estos casos, lo que de acuerdo a un abogado penalista consultado y que habla a condición del anonimato para evitar represalias, ha servido para genera impunidad, frente a toda una gestión plagada de corrupción y procesos judiciales “fabricados” en la que dejó sumida la institución Douglas Meléndez.
Existen pruebas y gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se culpa directamente como el que habría orquestado todo el caso “Corruptela” sin pruebas ni testigos… Y desde ese momento quedaba en manos del del nuevo Fiscal General, Raúl Melara, la responsabilidad de determinar la veracidad de los hechos denunciados, en honor a la verdadera justicia y legalidad.
Sin embargo, a cinco meses de la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, el fiscal Melara sigue de brazos cruzados y no ha iniciado las investigaciones requeridas y no ha actuado en contra de los imputados.
Hoy, las dudas más fuertes surgen en torno a la figura del actual fiscal Melara ¿por qué no ha procesado a los mencionados personajes? ¿qué procede hacer con el exfuncionario a quien se señala de haber actuado atropellando las leyes, amenazando ciudadanos y violentando su integridad y fabricando casos? ¿Cómo va a actuar con los otros funcionarios involucrados en este mismo proceso irregular?
Aparentemente, se puede pensar que hay impunidad para con esas cuatro que han cometido ilícitos penales, ya que hay una clara omisión de la investigación.
¿Qué pasa Sr. fiscal, usted va a enfrentar la justicia por omisión de la investigación, posteriormente?
No basta con pedir un sobreseimiento definitivo o provisional para favorecer a estas personas porque eso sería impunidad y otros tipos de delito penal que se estarían cometiendo.
Los años negros de la Fiscalía bajo el poder de Douglas Meléndez.
En enero de 2019, a pocos días de haber finalizado su periodo el cargo de Fiscal General Douglas Meléndez, varios Fiscales Auxiliares que se encontraban vinculados con “criterio de oportunidad” en el denominado “Caso Corruptela” se apersonaron al despacho del Fiscal General entrante, Raúl Ernesto Melara, para hacer de su conocimiento las “maquiavélicas” acciones por medio de las que fueron conminados por el entonces Jefe de la Unidad de Investigación Financiera: Jorge Cortez y un grupo de agentes fiscales para que otorgasen declaraciones sin la voluntad de las víctimas, a quienes amenazaron con que serían deshonrosamente despedidos y exhibidos públicamente como delincuentes, sino aceptaban haber cometido delitos a solicitud de sus Jefes superiores y especialmente del Ex Fiscal General: Luis Martínez.
Se trataban de gravísimos hechos, que de comprobarse mostrarían una de las más oscuras etapas en la Fiscalía General de la República, donde se montaron procesos judiciales y persiguieron a distintas personas, basados en declaraciones de testigos, en criteriados y en confesiones brindadas por los propios agentes de la fiscalía, quienes a la salida de Douglas Meléndez finalmente vieron la oportunidad de pronunciarse sobre la verdad de esas investigaciones, que habían callado bajo coacciones y amenazas.
Del interés por “erradicar las manzanas podridas a la impunidad”
Cuando el Fiscal General Raúl Melara, conoció el grado de perversidad y abuso del poder, con que Douglas Meléndez había convertido la FGR, en un “Reino del terror” donde al mejor estilo de la obra “El Príncipe” se entendía que “el fin justifica los medios” y así se valieron de todas clases de maniobras (uso de escuchas telefónicas ilegales, presión pública o privada a autoridades judiciales, adulteración de pruebas; amenazas y coacción para obtener auto incriminaciones de imputados; fundamentación de causas penales únicamente en testigos criteriados) de acuerdo a la misma fuente institucional, Raúl Melara que es un hombre moderado, con gran formación académica y de vocación democrática, estaba decidido a llegar a las últimas consecuencias para erradicar tales prácticas, hasta llevar a los responsables a los tribunales. Por ese motivo ordenó una profunda transformación administrativa de Jefaturas y traslados de fiscales auxiliares que habían participado activamente en esa política ilegal de persecución penal que en la marcha se ejecutaba por órdenes de Douglas Meléndez.
De hecho, esta misma fuente considera que el Fiscal General Melara estaba tan convencido de la corrupción y acciones delictivas que encontró en la institución; que por esa razón llegó a referirse a los fiscales que habían ejercido presiones o coacciones contra sus propios compañeros para obtener declaraciones sin la voluntad de los otorgantes como “manzanas podridas”
No obstante, según la fuente, comenzaron a llegar las presiones a través de Redes Sociales y medios de prensa, interesados en lograr la impunidad de Douglas Meléndez, como una “restitución” del trabajo que Meléndez hizo persiguiendo a personas específicas y dejando también de perseguir a otras, como los casos de Sobresueldos y mentas a “periodistas”, los procesos de extinción de dominio contra los fondos de Taiwan y la cancelación de Partidos Políticos financiados a través de fondos ilícitos. Lo que incluía abogados, periodistas, organizaciones civiles -en cuyos directorios aparecen beneficiados con sobresueldos- y personeros de una Universidad Privada, para evitar que las investigaciones llegaran a descubrir la verdad sobre todas las irregularidades en la institución.
Una omisión de investigación con graves consecuencias al Estado.
De acuerdo al abogado consultado, a la fecha, todas las denuncias interpuestas a fin que se investigue la verdad sobre las estructuras de persecución ilegal y arbitrario que se montaron en la FGR bajo dirección de Douglas Meléndez no han prosperado, concluyendo en archivo definitivo o peticiones de Sobreseimiento Definitivo; y en casos como el de las “coacciones y amenazas” para obtener declaraciones sin la voluntad de sus otorgantes, que eran “otros fiscales” a pesar del aviso penal efectuado por el Juez 12º de Paz de San Salvador, siguen sin mostrar avances lo que representa una dificultad en el combate contra la corrupción y que en el Sistema Judicial, se continúen tramitando procesos judiciales fundados en esa prueba adulterada y en las declaraciones obtenidas sin la voluntad de sus otorgantes, lo que conforme a la Constitución de la República, obliga que se deduzcan responsabilidades penales a quienes así hayan actuado. El abogado cerró haciendo una reflexión en el sentido que: “la actitud de la FGR al no perseguir penalmente a los responsables, envía un mensaje de impunidad, pero además pone en aprietos a aquellos fiscales, que están cometiendo el delito de omisión en la investigación. Tanto si no investigan, como si hacen investigaciones parciales para solicitar sobreseimiento definitivo para evitar que esos delitos sean juzgados más adelante.”
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
