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Fiscal Melara guarda silencio y aún no investiga a su predecesor Douglas Meléndez, ex jefe UIF Jorge Cortez; Nahum Martínez y Neftalí Abrego, por adulterar pruebas
Luego de que salieran a la luz pública detalles que revelaran que el exfiscal General de la República, Douglas Meléndez, presionó a cuatro fiscales auxiliares y dos empleados administrativos de la institución para que mintieran y “fabricaran” el caso denominado “Corruptela”; el 07 de enero de 2020, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, certificó para qué la Fiscalía General de la República, iniciara la investigación respectiva y procesara a los señores Neftalí Roberto Abrego Rosales, Héctor Nahun Martínez García, Jorge Cortez y al mismísimo ex fiscal Douglas Meléndez, por existir la probabilidad del cometimiento de un hecho delictivo.
Sin embargo, a la fecha la FGR y el propio Fiscal General han guardado un silencio absoluto sobre estos casos, lo que de acuerdo a un abogado penalista consultado y que habla a condición del anonimato para evitar represalias, ha servido para genera impunidad, frente a toda una gestión plagada de corrupción y procesos judiciales “fabricados” en la que dejó sumida la institución Douglas Meléndez.
Existen pruebas y gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se culpa directamente como el que habría orquestado todo el caso “Corruptela” sin pruebas ni testigos… Y desde ese momento quedaba en manos del del nuevo Fiscal General, Raúl Melara, la responsabilidad de determinar la veracidad de los hechos denunciados, en honor a la verdadera justicia y legalidad.
Sin embargo, a cinco meses de la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, el fiscal Melara sigue de brazos cruzados y no ha iniciado las investigaciones requeridas y no ha actuado en contra de los imputados.
Hoy, las dudas más fuertes surgen en torno a la figura del actual fiscal Melara ¿por qué no ha procesado a los mencionados personajes? ¿qué procede hacer con el exfuncionario a quien se señala de haber actuado atropellando las leyes, amenazando ciudadanos y violentando su integridad y fabricando casos? ¿Cómo va a actuar con los otros funcionarios involucrados en este mismo proceso irregular?
Aparentemente, se puede pensar que hay impunidad para con esas cuatro que han cometido ilícitos penales, ya que hay una clara omisión de la investigación.
¿Qué pasa Sr. fiscal, usted va a enfrentar la justicia por omisión de la investigación, posteriormente?
No basta con pedir un sobreseimiento definitivo o provisional para favorecer a estas personas porque eso sería impunidad y otros tipos de delito penal que se estarían cometiendo.
Los años negros de la Fiscalía bajo el poder de Douglas Meléndez.
En enero de 2019, a pocos días de haber finalizado su periodo el cargo de Fiscal General Douglas Meléndez, varios Fiscales Auxiliares que se encontraban vinculados con “criterio de oportunidad” en el denominado “Caso Corruptela” se apersonaron al despacho del Fiscal General entrante, Raúl Ernesto Melara, para hacer de su conocimiento las “maquiavélicas” acciones por medio de las que fueron conminados por el entonces Jefe de la Unidad de Investigación Financiera: Jorge Cortez y un grupo de agentes fiscales para que otorgasen declaraciones sin la voluntad de las víctimas, a quienes amenazaron con que serían deshonrosamente despedidos y exhibidos públicamente como delincuentes, sino aceptaban haber cometido delitos a solicitud de sus Jefes superiores y especialmente del Ex Fiscal General: Luis Martínez.
Se trataban de gravísimos hechos, que de comprobarse mostrarían una de las más oscuras etapas en la Fiscalía General de la República, donde se montaron procesos judiciales y persiguieron a distintas personas, basados en declaraciones de testigos, en criteriados y en confesiones brindadas por los propios agentes de la fiscalía, quienes a la salida de Douglas Meléndez finalmente vieron la oportunidad de pronunciarse sobre la verdad de esas investigaciones, que habían callado bajo coacciones y amenazas.
Del interés por “erradicar las manzanas podridas a la impunidad”
Cuando el Fiscal General Raúl Melara, conoció el grado de perversidad y abuso del poder, con que Douglas Meléndez había convertido la FGR, en un “Reino del terror” donde al mejor estilo de la obra “El Príncipe” se entendía que “el fin justifica los medios” y así se valieron de todas clases de maniobras (uso de escuchas telefónicas ilegales, presión pública o privada a autoridades judiciales, adulteración de pruebas; amenazas y coacción para obtener auto incriminaciones de imputados; fundamentación de causas penales únicamente en testigos criteriados) de acuerdo a la misma fuente institucional, Raúl Melara que es un hombre moderado, con gran formación académica y de vocación democrática, estaba decidido a llegar a las últimas consecuencias para erradicar tales prácticas, hasta llevar a los responsables a los tribunales. Por ese motivo ordenó una profunda transformación administrativa de Jefaturas y traslados de fiscales auxiliares que habían participado activamente en esa política ilegal de persecución penal que en la marcha se ejecutaba por órdenes de Douglas Meléndez.
De hecho, esta misma fuente considera que el Fiscal General Melara estaba tan convencido de la corrupción y acciones delictivas que encontró en la institución; que por esa razón llegó a referirse a los fiscales que habían ejercido presiones o coacciones contra sus propios compañeros para obtener declaraciones sin la voluntad de los otorgantes como “manzanas podridas”
No obstante, según la fuente, comenzaron a llegar las presiones a través de Redes Sociales y medios de prensa, interesados en lograr la impunidad de Douglas Meléndez, como una “restitución” del trabajo que Meléndez hizo persiguiendo a personas específicas y dejando también de perseguir a otras, como los casos de Sobresueldos y mentas a “periodistas”, los procesos de extinción de dominio contra los fondos de Taiwan y la cancelación de Partidos Políticos financiados a través de fondos ilícitos. Lo que incluía abogados, periodistas, organizaciones civiles -en cuyos directorios aparecen beneficiados con sobresueldos- y personeros de una Universidad Privada, para evitar que las investigaciones llegaran a descubrir la verdad sobre todas las irregularidades en la institución.
Una omisión de investigación con graves consecuencias al Estado.
De acuerdo al abogado consultado, a la fecha, todas las denuncias interpuestas a fin que se investigue la verdad sobre las estructuras de persecución ilegal y arbitrario que se montaron en la FGR bajo dirección de Douglas Meléndez no han prosperado, concluyendo en archivo definitivo o peticiones de Sobreseimiento Definitivo; y en casos como el de las “coacciones y amenazas” para obtener declaraciones sin la voluntad de sus otorgantes, que eran “otros fiscales” a pesar del aviso penal efectuado por el Juez 12º de Paz de San Salvador, siguen sin mostrar avances lo que representa una dificultad en el combate contra la corrupción y que en el Sistema Judicial, se continúen tramitando procesos judiciales fundados en esa prueba adulterada y en las declaraciones obtenidas sin la voluntad de sus otorgantes, lo que conforme a la Constitución de la República, obliga que se deduzcan responsabilidades penales a quienes así hayan actuado. El abogado cerró haciendo una reflexión en el sentido que: “la actitud de la FGR al no perseguir penalmente a los responsables, envía un mensaje de impunidad, pero además pone en aprietos a aquellos fiscales, que están cometiendo el delito de omisión en la investigación. Tanto si no investigan, como si hacen investigaciones parciales para solicitar sobreseimiento definitivo para evitar que esos delitos sean juzgados más adelante.”
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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