Luego de que salieran a la luz pública detalles que revelaran que el exfiscal General de la República, Douglas Meléndez, presionó a cuatro fiscales auxiliares y dos empleados administrativos de la institución para que mintieran y “fabricaran” el caso denominado “Corruptela”; el 07 de enero de 2020, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, certificó para qué la Fiscalía General de la República, iniciara la investigación respectiva y procesara a los señores Neftalí Roberto Abrego Rosales, Héctor Nahun Martínez García, Jorge Cortez y al mismísimo ex fiscal Douglas Meléndez, por existir la probabilidad del cometimiento de un hecho delictivo.

Sin embargo, a la fecha la FGR y el propio Fiscal General han guardado un silencio absoluto sobre estos casos, lo que de acuerdo a un abogado penalista consultado y que habla a condición del anonimato para evitar represalias, ha servido para genera impunidad, frente a toda una gestión plagada de corrupción y procesos judiciales “fabricados” en la que dejó sumida la institución Douglas Meléndez.

Existen pruebas y gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se culpa directamente como el que habría orquestado todo el caso “Corruptela” sin pruebas ni testigos… Y desde ese momento quedaba en manos del del nuevo Fiscal General, Raúl Melara, la responsabilidad de determinar la veracidad de los hechos denunciados, en honor a la verdadera justicia y legalidad.

Sin embargo, a cinco meses de la resolución del Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, el fiscal Melara sigue de brazos cruzados y no ha iniciado las investigaciones requeridas y no ha actuado en contra de los imputados.

Hoy, las dudas más fuertes surgen en torno a la figura del actual fiscal Melara ¿por qué no ha procesado a los mencionados personajes? ¿qué procede hacer con el exfuncionario a quien se señala de haber actuado atropellando las leyes, amenazando ciudadanos y violentando su integridad y fabricando casos? ¿Cómo va a actuar con los otros funcionarios involucrados en este mismo proceso irregular?

Aparentemente, se puede pensar que hay impunidad para con esas cuatro que han cometido ilícitos penales, ya que hay una clara omisión de la investigación.

¿Qué pasa Sr. fiscal, usted va a enfrentar la justicia por omisión de la investigación, posteriormente?

No basta con pedir un sobreseimiento definitivo o provisional para favorecer a estas personas porque eso sería impunidad y otros tipos de delito penal que se estarían cometiendo.

Los años negros de la Fiscalía bajo el poder de Douglas Meléndez.

En enero de 2019, a pocos días de haber finalizado su periodo el cargo de Fiscal General Douglas Meléndez, varios Fiscales Auxiliares que se encontraban vinculados con “criterio de oportunidad” en el denominado “Caso Corruptela” se apersonaron al despacho del Fiscal General entrante, Raúl Ernesto Melara, para hacer de su conocimiento las  “maquiavélicas” acciones por medio de las que fueron conminados por el entonces Jefe de la Unidad de Investigación Financiera: Jorge Cortez y un grupo de agentes fiscales para que otorgasen declaraciones sin la voluntad de las víctimas, a quienes amenazaron con que serían deshonrosamente despedidos y exhibidos públicamente como delincuentes, sino aceptaban haber cometido delitos a solicitud de sus Jefes superiores y especialmente del Ex Fiscal General: Luis Martínez.

Se trataban de gravísimos hechos, que de comprobarse mostrarían una de las más oscuras etapas en la Fiscalía General de la República, donde se montaron procesos judiciales y persiguieron a distintas personas, basados en declaraciones de testigos, en criteriados y en confesiones brindadas por los propios agentes de la fiscalía, quienes a la salida de Douglas Meléndez finalmente vieron la oportunidad de pronunciarse sobre la verdad de esas investigaciones, que habían callado bajo coacciones y amenazas.

Del interés por “erradicar las manzanas podridas a la impunidad”

Cuando el Fiscal General Raúl Melara, conoció el grado de perversidad y abuso del poder, con que Douglas Meléndez había convertido la FGR, en un “Reino del terror” donde al mejor estilo de la obra “El Príncipe” se entendía que “el fin justifica los medios” y así se valieron de todas clases de maniobras (uso de escuchas telefónicas ilegales, presión pública o privada a autoridades judiciales, adulteración de pruebas; amenazas y coacción para obtener auto incriminaciones de imputados; fundamentación de causas penales únicamente en testigos criteriados) de acuerdo a la misma fuente institucional, Raúl Melara que es un hombre moderado, con gran formación académica y de vocación democrática, estaba decidido a llegar a las últimas consecuencias para erradicar tales prácticas, hasta llevar a los responsables a los tribunales. Por ese motivo ordenó una profunda transformación administrativa de Jefaturas y traslados de fiscales auxiliares que habían participado activamente en esa política ilegal de persecución penal que en la marcha se ejecutaba por órdenes de Douglas Meléndez.

De hecho, esta misma fuente considera que el Fiscal General Melara estaba tan convencido de la corrupción y acciones delictivas que encontró en la institución; que por esa razón llegó a referirse a los fiscales que habían ejercido presiones o coacciones contra sus propios compañeros para obtener declaraciones sin la voluntad de los otorgantes como “manzanas podridas”

No obstante, según la fuente, comenzaron a llegar las presiones a través de Redes Sociales y medios de prensa, interesados en lograr la impunidad de Douglas Meléndez, como una “restitución” del trabajo que Meléndez hizo persiguiendo a personas específicas y dejando también de perseguir a otras, como los casos de Sobresueldos y mentas a “periodistas”, los procesos de extinción de dominio contra los fondos de Taiwan y la cancelación de Partidos Políticos financiados a través de fondos ilícitos. Lo que incluía abogados, periodistas, organizaciones civiles -en cuyos directorios aparecen beneficiados con sobresueldos- y personeros de una Universidad Privada, para evitar que las investigaciones llegaran a descubrir la verdad sobre todas las irregularidades en la institución.

Una omisión de investigación con graves consecuencias al Estado.

De acuerdo al abogado consultado, a la fecha, todas las denuncias interpuestas a fin que se investigue la verdad sobre las estructuras de persecución ilegal y arbitrario que se montaron en la FGR bajo dirección de Douglas Meléndez no han prosperado, concluyendo en archivo definitivo o peticiones de Sobreseimiento Definitivo; y en casos como el de las “coacciones y amenazas” para obtener declaraciones sin la voluntad de sus otorgantes, que eran “otros fiscales” a pesar del aviso penal efectuado por el Juez 12º de Paz de San Salvador, siguen sin mostrar avances lo que representa una dificultad en el combate contra la corrupción y que en el Sistema Judicial, se continúen tramitando procesos judiciales fundados en esa prueba adulterada y en las declaraciones obtenidas sin la voluntad de sus otorgantes, lo que conforme a la Constitución de la República, obliga que se deduzcan responsabilidades penales a quienes así hayan actuado. El abogado cerró haciendo una reflexión en el sentido que: “la actitud de la FGR al no perseguir penalmente a los responsables, envía un mensaje de impunidad, pero además pone en aprietos a aquellos fiscales, que están cometiendo el delito de omisión en la investigación. Tanto si no investigan, como si hacen investigaciones parciales para solicitar sobreseimiento definitivo para evitar que esos delitos sean juzgados más adelante.”