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Extorsiones bajan casi al 50%, según director de Centros Penales, Osiris Luna
Además de la reducción tan significativa del número de homicidios en El Salvador, que fue de 53 diarios en gobiernos del FMLN y pasó a 1.7 en la actual gestión, otro delito que también ha experimentado reducción de casi un 50% es la extorsión, según informó el director de Centros Penales, Osiris Luna.
El funcionario atribuyó la reducción de las extorsiones a las acciones implementadas desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, puso en marcha el Plan Control Territorial.
«Del año pasado a este año el 47% de la extorsión bajó, esa cifra de casi el 50% es porque antes los penales eran centros de operaciones de donde llamaban los cabecillas de las pandillas para que se ejecutaran las órdenes», explicó Luna.
Las estadísticas policiales indican que, desde junio del 2019, justo cuando el presidente Bukele anunció la Fase 1 de la estrategia de seguridad pública, hasta el cierre de 2020 se comenzaron a ver resultados importantes en el tema de extorsión. En dicho período la reducción fue del 36.4% en todo el país.
El director de Centros Penales siempre ha señalado cómo exfuncionarios corruptos en gobiernos de los partidos ARENA y FMLN promovieron el libertinaje en las prisiones para beneficiar a los criminales, mientras que cientos de ciudadanos eran asesinados cada año y otros eran extorsionados a cambio de no ser asesinados.
Consciente de que se trataba de una problemática heredada, el presidente Bukele ordenó cortar los privilegios a los criminales en las cárceles.
Acto seguido, el mandatario pidió bloquear la señal que permitía a los pandilleros ordenar asesinatos y extorsiones desde las prisiones. Esto fue clave, según el director de Penales, para combatir los homicidios y las extorsiones. «Empezamos a tener el control hacia el exterior, había que incomunicar a los cabecillas con todo lo que tienen afuera», expresó Osiris Luna.
Confianza de la población
Por su parte, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, recientemente se refirió a la reducción de estos delitos y aseguró que el trabajo permanente que realiza la Policía junto a la Fuerza Armada en las colonias y comunidades ha permitido estos resultados.
«Se han reducido las extorsiones y el comportamiento de la población en las colonias es diferente porque tienen más libertad de hacer diferentes actividades», dijo el funcionario.
En otras ocasiones, el titular de Defensa, Merino Monroy ha explicado que los pandilleros han advertido a las víctimas que al retirarse los policías y militares de las colonias tendrán que «ponerse al día» con la extorsión. Sin embargo, el funcionario advirtió a los criminales «no nos iremos» de las comunidades y seguirán llevando tranquilidad a la población.
Las estadísticas de la Policía indican que de enero a septiembre de este año fueron capturados 1,101 extorsionistas, de los cuales 566 son integrantes de la MS y 271 de la pandilla 18. A estas cifras se suman los 1,522 pandilleros homicidas capturados.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
