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Exfiscal Meléndez y Jorge Cortez habrían cometido el delito de omisión en la investigación en el caso de Héctor Silva Ávalos
Diario La Página (DLP) publicó el día de ayer 1 de septiembre, información contenida en el expediente 49-UIF-2016 de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra al fundador de la Revista Factum, Héctor Silva Ávalos, por lavado de dinero.
Entre tantos hechos, dejó al descubierto que cuatro años de haberse abierto el expediente, la Fiscalía todavía no ha judicializado el caso y es posible que este sea archivado este año, según los protocolos de archivo de la Fiscalía. A pesar que la dirección funcional enviada por la Fiscalía a la PNC tenía carácter de urgente, todavía no se ha realizado el análisis financiero final del caso.
Esto supone que quienes incurrieron en el delito de omisión de la investigación en el caso de Ávalos fueron: el exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, y el exjefe de la Unidad Financiera (UIF), Jorge Cortez.
En la misma publicación de DLP se afirmó que “miembros de unidades fiscales consultadas para dicho reportaje señalaron que la protección de los Cáceres a Silva Ávalos se extendió en la Fiscalía hasta evitar que este fuera relacionado en el caso judicializado en contra del expresidente Funes. Silva Ávalos tuvo durante los gobiernos del FMLN protección dentro del Ministerio de Hacienda para que se compartiera información sobre el presunto manejo ilegal de fondos que hizo, según estas fuentes”.
Coincidentemente, en el proceso judicial contra el expresidente Mauricio Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, Miguel Menéndez y otros imputados por lavado de dinero, no figura el comunicador Héctor Silva Ávalos, pese a que según DLP habría recibido más de $2 millones provenientes de la partida de gastos reservados para comprar para el exmandatario caballos pura sangre.
De acuerdo a los abogados consultados concuerdan en que al no imputar a Silva Ávalos junto al resto de indiciados en el caso denominado por el mismo Douglas Meléndez como “Saqueo Público”, tando el hoy exfiscal general y el exjefe de la UIF, Jorge Cortez, habrían incurrido en el delito de omisión de la investigación.
Este no sería el primer caso donde se advierte que Dougas Meléndez habría hecho acusaciones selectivas, sin imputar a otros implicados en los casos; el 27 de agosto de 2017 el juez especializado de Sentencia Godofredo Salazar previno a la FGR que debió presentar requerimientos contra Mauricio Funes y el exministro David Munguía Payés en el caso “Tregua entre Pandillas”.
En esa ocasión, el aplicador de justicia sostuvo que era obvio que los imputados en el caso no habían tomado toda las decisiones de las que se les acusa por iniciativa propia, sino que debieron recibir órdenes de sus superiores, es decir el extitular del Ministerio de Justicia y el exgobernante.
Con el citado señalamiento como antecedente, el caso “Saqueo Público” sería otro proceso en el que Douglas Meléndez y Jorge Cortez dejan fuera del proceso judicial a personajes con algún grado de participación en los hechos, incurriendo en el ilícito de omisión de la investigación.
Este día, representantes del Sistema Nacional de Protección Civil, brindaron un balance de las emergencias que han atendido las instituciones de primera respuesta durante las vacaciones agostinas.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos ha atendido 17 emergencias durante el periodo del 1 al 5 de agosto, dos más que el año pasado en estas mismas fechas, según informó el director de la institución, Baltazar Solano.
El director de la entidad también explicó que han sido desplegados 800 bomberos operativos en todo el territorio nacional, para atender emergencias durante el periodo vacacional.
Solano resaltó que dentro del Plan Vacación también han priorizado las inspecciones en restaurantes, gasolineras y otros establecimientos, para constatar el cumplimiento de normas básicas y evitar incendios estructurales.
Mientras tanto, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, destacó que se han realizado 12 rescates acuáticos simples, de igual forma, dos más que el año pasado durante el mismo periodo de tiempo.
«Rescates profundos hay 19 en 2025, y en 2024 hubo 24. En total tenemos 31», informó Luis Alonso Amaya.
Finalmente, el director general de Protección Civil, Luis Alonso Amya, reporta que en el periodo de vacaciones hay registro de 161 lesionados en accidentes de tránsito, 16 fallecidos y 33 detenciones por conducción peligrosa.
Durante siete meses han estado vigentes diferentes reformas legislativas que han establecieron la intolerancia al delito de la conducción peligrosa, con el propósito de evitar accidentes de tránsito, lesionados o muertes.
El 20 de diciembre de 2024, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito de prohibir que los motoristas de cualquier vehículo ingieran licor, cualquier tipo de sustancia o medicamentos que puedan afectar la capacidad de conducir. En esa misma línea se incrementaron las multas.
Con el propósito de robustecer las leyes en ese tema, la Asamblea Legislativa también aprobó un pliego de reformas al Código Penal, propuestas por el Ejecutivo, en el sentido se incrementen las condenas por el delito de conducción peligrosa. Se estableció una condena de 2 a 5 años, por el delito de conducción peligrosa cuando el percance es con un vehículo liviano; y de 5 a 10 años, si el accidente es con transporte público o pesado.
Ese mismo día, la Asamblea también reformó al Código Procesal Penal para garantizar la justicia para las víctimas de percances viales y sus familiares.
Desde que se aprobaron estas medidas han transcurrido siete meses, tiempo en que las autoridades de transporte han reportado una reducción de casos de conducción peligrosa.
El viceministro de transporte, Nelson Reyes, aseguró en una conferencia que «hay una reducción de alrededor del 10 % de disminución de personas detenidas por conducción peligrosa, si lo comparamos con 2024, desde el 1 de enero a la fecha».
La remoción de más de 20 árboles fue parte de las emergencias atendidas ayer por la noche, a raíz de las fuertes tormentas ocurridas en el municipio de Cuscatlán Norte, informó el gobernador de Cuscatlán, Eduardo Alas.
La mayoría de árboles caídos se reportó en el distrito de Suchitoto, y para la intervención se activó toda la comisión departamental de Protección Civil que está en función del monitoreo y atención de eventualidades, detalló el funcionario.
«En conjunto con la municipalidad de Cuscatlán Norte, coordinamos para enviar los equipos para atender las emergencias», añadió Alas, quien afirmó que se trabaja de forma articulada en los territorios.
Los árboles cayeron sobre calles y carreteras, por lo que era de urgencia retirarlos para garantizar el paso y la seguridad en las vías, indicó.
Por otra parte, la alcaldía de Cuscatlán Sur informó que un árbol de gran tamaño también cedió ante las lluvias, quedando sobre la calle principal al barrio Nuevo, en la ciudad de San Ramón.
A las labores de remoción que realizó personal del distrito se sumaron elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM), que tras los trabajos despejaron la vía restableciendo el paso que había quedado completamente bloqueado.
