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Exfiscal Meléndez y Jorge Cortez habrían cometido el delito de omisión en la investigación en el caso de Héctor Silva Ávalos
Diario La Página (DLP) publicó el día de ayer 1 de septiembre, información contenida en el expediente 49-UIF-2016 de la Fiscalía General de la República (FGR), en contra al fundador de la Revista Factum, Héctor Silva Ávalos, por lavado de dinero.
Entre tantos hechos, dejó al descubierto que cuatro años de haberse abierto el expediente, la Fiscalía todavía no ha judicializado el caso y es posible que este sea archivado este año, según los protocolos de archivo de la Fiscalía. A pesar que la dirección funcional enviada por la Fiscalía a la PNC tenía carácter de urgente, todavía no se ha realizado el análisis financiero final del caso.
Esto supone que quienes incurrieron en el delito de omisión de la investigación en el caso de Ávalos fueron: el exfiscal general de la República, Douglas Meléndez, y el exjefe de la Unidad Financiera (UIF), Jorge Cortez.
En la misma publicación de DLP se afirmó que “miembros de unidades fiscales consultadas para dicho reportaje señalaron que la protección de los Cáceres a Silva Ávalos se extendió en la Fiscalía hasta evitar que este fuera relacionado en el caso judicializado en contra del expresidente Funes. Silva Ávalos tuvo durante los gobiernos del FMLN protección dentro del Ministerio de Hacienda para que se compartiera información sobre el presunto manejo ilegal de fondos que hizo, según estas fuentes”.
Coincidentemente, en el proceso judicial contra el expresidente Mauricio Funes, Ada Michell Guzmán Sigüenza, Miguel Menéndez y otros imputados por lavado de dinero, no figura el comunicador Héctor Silva Ávalos, pese a que según DLP habría recibido más de $2 millones provenientes de la partida de gastos reservados para comprar para el exmandatario caballos pura sangre.
De acuerdo a los abogados consultados concuerdan en que al no imputar a Silva Ávalos junto al resto de indiciados en el caso denominado por el mismo Douglas Meléndez como “Saqueo Público”, tando el hoy exfiscal general y el exjefe de la UIF, Jorge Cortez, habrían incurrido en el delito de omisión de la investigación.
Este no sería el primer caso donde se advierte que Dougas Meléndez habría hecho acusaciones selectivas, sin imputar a otros implicados en los casos; el 27 de agosto de 2017 el juez especializado de Sentencia Godofredo Salazar previno a la FGR que debió presentar requerimientos contra Mauricio Funes y el exministro David Munguía Payés en el caso “Tregua entre Pandillas”.
En esa ocasión, el aplicador de justicia sostuvo que era obvio que los imputados en el caso no habían tomado toda las decisiones de las que se les acusa por iniciativa propia, sino que debieron recibir órdenes de sus superiores, es decir el extitular del Ministerio de Justicia y el exgobernante.
Con el citado señalamiento como antecedente, el caso “Saqueo Público” sería otro proceso en el que Douglas Meléndez y Jorge Cortez dejan fuera del proceso judicial a personajes con algún grado de participación en los hechos, incurriendo en el ilícito de omisión de la investigación.
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.
