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Exempleada de la Corte de Cuenta es acusada por incumplimiento de deberes y falsedad documental
El Juzgado 2° de Paz de San Salvador programó para el próximo miércoles 14 de agosto, a las 10:30 de la mañana, la audiencia inicial contra Isabel Cristina Laínez de Pérez, quien laboraba como directora de la Dirección de Auditoría Tres de la Corte de Cuenta de la República, acusada de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada en perjuicio de la administración pública y la fe pública respectivamente.
Para éste día por la mañana el juzgado programó la intimación, es decir la lectura de la acusación departe de fiscalía así como la lectura de los derechos que posee como imputada, a la que Laínez de Pérez se hizo presente.
De acuerdo a declaraciones del fiscal del Grupo Contra la Impunidad, Laínez cometió los delitos en el año 2017 al omitir consignar el informe final de la auditoría de gestión realizada a la Fiscalía General de la República (FGR) en el período del uno de agosto al 31 de diciembre del año 2015. La imputada tuvo el conocimiento de hallazgos irregulares en el manejo de fondos públicos encontrados en la auditoría; y según la acusación, ella no permitió que se realizara el debido proceso. Con esta actitud, favoreció al exfiscal Luis Antonio Martínez y al exgerente general de la FGR Mauricio Antonio Yanes Morales, debido a que a Martínez y a Yanes no se les procesó, en los juicios de cuenta, como lo ordena la Ley de la Corte de Cuenta de la República.
De acuerdo al expediente, en el Juzgado 4° de Instrucción se encuentra un proceso en contra del exfiscal general y el exgerente general acusados de varios delitos, entre estos el de peculado, en donde se le acusa a Martínez de haberse apropiado de 133,628.96 dólares y a Yanes de 184,940.54 dólares.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
