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Exempleada de la Corte de Cuenta es acusada por incumplimiento de deberes y falsedad documental
El Juzgado 2° de Paz de San Salvador programó para el próximo miércoles 14 de agosto, a las 10:30 de la mañana, la audiencia inicial contra Isabel Cristina Laínez de Pérez, quien laboraba como directora de la Dirección de Auditoría Tres de la Corte de Cuenta de la República, acusada de los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada en perjuicio de la administración pública y la fe pública respectivamente.
Para éste día por la mañana el juzgado programó la intimación, es decir la lectura de la acusación departe de fiscalía así como la lectura de los derechos que posee como imputada, a la que Laínez de Pérez se hizo presente.
De acuerdo a declaraciones del fiscal del Grupo Contra la Impunidad, Laínez cometió los delitos en el año 2017 al omitir consignar el informe final de la auditoría de gestión realizada a la Fiscalía General de la República (FGR) en el período del uno de agosto al 31 de diciembre del año 2015. La imputada tuvo el conocimiento de hallazgos irregulares en el manejo de fondos públicos encontrados en la auditoría; y según la acusación, ella no permitió que se realizara el debido proceso. Con esta actitud, favoreció al exfiscal Luis Antonio Martínez y al exgerente general de la FGR Mauricio Antonio Yanes Morales, debido a que a Martínez y a Yanes no se les procesó, en los juicios de cuenta, como lo ordena la Ley de la Corte de Cuenta de la República.
De acuerdo al expediente, en el Juzgado 4° de Instrucción se encuentra un proceso en contra del exfiscal general y el exgerente general acusados de varios delitos, entre estos el de peculado, en donde se le acusa a Martínez de haberse apropiado de 133,628.96 dólares y a Yanes de 184,940.54 dólares.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
