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El Salvador mantiene vigente prueba PCR negativa para ingresar al país, afirma ministro de Salud
Pese a que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue emitiendo resoluciones controversiales y de manera unilateral, sin consultar al Ministerio de Salud, El Salvador se mantiene firme en salvaguardar la vida de los salvadoreños y evitar un repunte de casos de COVID-19.
El ministro de Salud, Francisco Alabi, reiteró hoy, tal como lo expresó anoche el Presidente Nayib Bukele, que el país mantiene vigente la disposición de solicitar una prueba PCR negativa para ingresar al territorio salvadoreño, en busca proteger la salud del resto de la población.
Enfatizó que esta medida no es una decisión exclusiva de El Salvador y resaltó que otros países de la región también, como Costa Rica, Honduras y Guatemala, están aplicando medidas para el ingreso a sus territorios, por lo que no debería una situación que genere controversia.
Alabi advirtió que “si no se cumplen las medidas o se tiene el control adecuado, el flujo migratorio puede hacer llegar al país a una persona contagiada, que desencadenará en el inicio de una tendencia con alza de casos».
A la vez, lamentó que en todas las decisiones y medidas implementadas por el Gobierno salvadoreño, con el objetivo de proteger la salud de los salvadoreños, “siempre se ha obtenido una respuesta de controversia de parte de la Sala de lo Constitucional”.
El titular de Salud subrayó que la exigencia de una prueba negativa permitirá garantizar la salud de la población y destacó que esta medida forma parte del protocolo sanitario internacional. Añadió que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda la aplicación de esta medida para evitar el ingreso del virus a los países.
El funcionario explicó que a todos los viajeros extranjeros que ingresen al país vía aérea se les solicitará certificado de prueba PCR negativa, que haya sido emitida en las 72 horas previas a la hora de salida del vuelo.
A los salvadoreños o residentes permanentes se les sugiere traer el certificado de la prueba negativa, que también haya sido emitida 72 horas previas a su salida del país procedente. De lo contrario se hará un muestreo aleatorio de los viajeros para prueba PCR en aeropuerto.
“El Presidente fue bastante claro y hace énfasis en la importancia de la medida, que al igual que otras medidas que se implementaron son temporales y enfocadas a garantizar que estas estrategias vengan en beneficio del resto de la población salvadoreña”, aseveró.
El titular de Salud también resaltó que durante cuatro semanas se han acumulado disminuciones de casos positivos y por ello es importante no bajar la guardia y continuar aplicando las medidas preventivas.
En tanto, aseguró que el país tiene disponibilidad de pruebas para diagnosticar el COVID-1. Destacó la importancia de los tamizajes comunitarios para conocer la situación de la pandemia en los municipios para implementar otras medidas.
Además, habló sobre los pacientes recuperados, que a la fecha superan los 20 mil personas, y dijo que una de las principales secuelas que enfrentan es la dificultad para respirar.
En ese contexto destacó la rehabilitación pulmonar de los pacientes en la clínica reapertura ayer en el Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar “Dr. José Antonio Saldaña”.
Durante la entrevista de canal 12, Alabi informó que en este año se registra una disminución del 32 % en los casos de neumonías, en comparación con las estadísticas de 2019; empero, en este 2020 hay más letalidades, que se debe a “la situación compleja del coronavirus y de otras enfermedades”.
El médico también hizo un llamado a los diputados a respaldar el trabajo de la cartera de Estado que dirige, brindando los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de todo el sistema de salud y cubrir aspectos como el escalafón, reclasificación de plazas y otras necesidades de la institución.
«Le pido, de manera respetuosa y humilde, a la Asamblea Legislativa que apoye a la cartera de Salud, que apoye el Presupuesto 2021, cuando este sea presentado», expresó.
Con el fin de dinamizar la economía, respaldar el bolsillo de los salvadoreños e impulsar los negocios, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 59 votos, la creación e implementación de la Ley Quincena 25.
Dicha normativa, que consta de nueve artículos, fue propuesta por el presidente de la República, Nayib Bukele, y consiste en entregar un ingreso complementario equivalente al 50 % del salario mensual. Este beneficio se pagará entre el 15 y el 25 de enero de cada año a trabajadores del sector público y privado que ganan hasta $1,500.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria 93, dicho monto no sustituirá el salario y no tendrá descuentos de Impuesto sobre la Renta, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ni AFP, tampoco podrá ser embargado.
El jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, esta medida beneficiará al 94 % de los asalariados, a las familias, a los grandes y pequeños negocios.
“El mes de enero aprieta más duro y esto es porque en diciembre se aumentan los gastos, por lo que esta medida es para arreglar un problema estructural”, aseguró el también presidente de la Comisión de Hacienda. “Con este dinero se dinamizará la economía a toda escala y de manera local”, agregó.
El Gobierno será el primero en cumplir esta ley con todos los empleados públicos, a partir de este mes.
Mientras tanto, en el sector privado, la implementación de la medida será de forma gradual. Este año, el pago será voluntario, las empresas que lo entreguen tendrán un incentivo fiscal, que consistirá en deducir el 100 % del impuesto de la renta del monto brindado.
Por otro lado, de acuerdo al artículo 3, habrá una condición especial cuando se declare terminado un contrato de trabajo con responsabilidad para el patrono o empleador o cuando la persona beneficiada sea despedida sin causa legal, antes del 25 de enero, tendrá derecho a que se le pague la compensación económica adicional.
Esta no es la primera vez que los parlamentarios le brindan gobernabilidad al presidente Bukele, pues ha habido otras medidas que han ayudado a palear dificultades económicas. Entre ellas, la aprobación de la entrega anticipada del aguinaldo para los empleados (tanto del sector público como privado) y el pago de la pensión de Navidad y aguinaldo a las personas retiradas, así como el pago de cuotas alimenticias.
Los presidentes Rodrigo Chaves Robles de Costa Rica y Nayib Bukele de El Salvador encabezaron este miércoles la ceremonia de colocación de la primera piedra del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO), un megaproyecto penitenciario ubicado en San Rafael de Alajuela, dentro del complejo La Reforma.
El acto oficializa el inicio de las obras de una infraestructura de alta seguridad con capacidad para 5.100 reclusos, enmarcada en la alianza bilateral “Escudo de las Américas” para combatir el crimen organizado transnacional.
El CACCO, que demandará una inversión aproximada de ₡21.000 millones (alrededor de 35-40 millones de dólares), consta de cinco módulos con estrictos protocolos de contención y busca aislar a líderes de bandas criminales, sicarios, extraditables y reos de alta peligrosidad, al tiempo que alivia el hacinamiento en el sistema penitenciario costarricense. Las autoridades estiman que la construcción tomará unos 200 días, con finalización prevista para finales de 2026.
Durante la conferencia de prensa conjunta y el acto simbólico, ambos mandatarios enfatizaron que esta no es solo una ampliación de infraestructura, sino un cambio de paradigma en la lucha contra estructuras criminales que operan en la región. Bukele, en su intervención, reiteró los riesgos de dejar crecer la inseguridad: “Cuando la inseguridad avanza, se cae el trabajo, se complica la educación y se frena la economía. La gente deja de salir, los negocios cierran temprano, la inversión se va y el turismo desaparece”.
El presidente salvadoreño recordó la experiencia de su país antes del control de las pandillas, donde estas ejercían un “gobierno paralelo” mediante extorsiones, asesinatos y violaciones sistemáticas.
“Cuando la delincuencia se toma el país —cosa que aún no pasa en Costa Rica—, la criminalidad llega a ser un gobierno paralelo. El país tiene dos gobiernos: el oficial, elegido por el pueblo, y el gobierno paralelo, que es la dictadura de las pandillas, de los criminales y de los narcos”, declaró.Bukele destacó el impacto del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde se eliminaron privilegios como el uso de celulares y computadoras para dirigir operaciones desde prisión: “Nuestras cárceles se habían convertido en universidades del crimen. Había criminales con privilegios, metían prostitutas y subían videos a YouTube de sus fiestas.
En 2014 y 2015, ellos grababan y subían sus videos a redes sociales”.Chaves, por su lado, agradeció la asesoría técnica de El Salvador, que incluyó diseños, estudios y protocolos de seguridad, permitiendo ahorros millonarios: “El señor presidente Nayib Bukele nos ha dado la crónica de una dictadura del crimen organizado. Solo los tontos no aprenden de una mente ajena. Además, el presidente Bukele está aquí porque este proyecto se ha beneficiado con millones de colones que hubiéramos tenido que invertir en diseños y en estudios para su construcción; pero El Salvador, una vez más, colaboró con Costa Rica como lo ha hecho en otras ocasiones”.
El proyecto ganó impulso tras la visita de Bukele a La Reforma en noviembre de 2024 y la gira de Chaves al CECOT en diciembre de 2025. Esta es la cuarta reunión de alto nivel entre ambos líderes, consolidando una relación estrecha centrada en la cooperación regional. La alianza “Escudo de las Américas”, firmada en diciembre de 2025 en Coatepeque (El Salvador), impulsa el intercambio de información y experiencias para enfrentar narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y lavado de dinero, con invitación abierta a otros países.
El evento, que incluyó movimientos de tierra ya en marcha, se da en plena campaña electoral costarricense (a 15 días de las elecciones nacionales), lo que ha generado debate sobre el timing político. Sin embargo, ambos gobiernos lo presentan como un mensaje inequívoco de unidad y determinación: la seguridad ciudadana es el pilar para la prosperidad económica, social y turística de la región centroamericana.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso una condena de diez años de cárcel a Raúl de Jesús Guardado Ramos, tras encontrarlo culpable del delito de robo agravado. Los hechos por los que fue sentenciado ocurrieron en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
Según la relación circunstanciada de los hechos, el incidente ocurrió el 19 de mayo de 2024, cuando la víctima esperaba transporte público.
En ese momento, fue interceptada por Guardado Ramos, quien la persuadió para que abordara su vehículo. Posteriormente, la condujo a un lugar aislado, donde cometió el robo. Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que el condenado cancele $60 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima.
