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El Presidente Bukele pone en tela de juicio a las instituciones que nunca controlaron el uso del FODES, como la Fiscalía y la Corte de Cuentas
Esta mañana el Presidente de la República, Nayib Bukele, lamentó que instituciones como la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas, entre otras, no hayan hecho auditorias o procesos de fiscalización contra las alcaldías por el uso del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (FODES).
El dinero lo han estado exigiendo los ediles los últimos días sin un compromiso real por el buena manejo de estos recursos o bajo parámetros de transparencia y rendición de cuentas.
Al respecto el Jefe de Gobierno recordó como en 2016 se capturó al edil de San Antonio Masahuat (La Paz) porque pagó créditos personales y tarjetas de crédito con el FODES.
“Esto demuestra como se viene abusando y malversando el FODES. ¿Cuántas comisiones hará la Asamblea Legislativa para fiscalizar estos fondos?”, enfatizó el Presidente Bukele.
El gobernante salvadoreño también pidió que se auditen los fondos especiales COVID-19 que el gobierno ha dado, además de los $75 millones pendientes, por lo que hizo un llamado a las instituciones de control a que realicen estos procesos.
Hay que recordar que la presidenta de COMURES, Milagro Navas, y otros 18 alcaldes, fueron condenados en 2008 por no documentar el gasto de $1.1 millones por parte de la Corte de Cuentas, algo que ha dejado de hacer el organismo contralor del Estado en los últimos años.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
