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Defensora de derechos humanos, Bessy Ríos y ministro de Trabajo, piden a las autoridades investigar hechos acontecidos en protesta en Soyapango
Esta mañana de lunes en la entrevista de El Salvador To Day de Diario Digital Cronio, la defensora de derechos humanos en el país y abogada Bessy Río, se refirió a los hechos acontecidos esta misma madruga que dejaron tres empleados municipales heridos de gravedad tras una serie de disparos durante una protesta contra la comuna del municipio de Soyapango.
Ríos, alzó la voz e hizo un llamado a la Procuraduría para la Defensa de los Derecho Humanos (PDDH) y a la Fiscalía General de la República (FGR) a investigar de oficio los hechos lo antes posible.
“Un llamado a la PDDH y a la Fiscalía a que le pongan ojo por favor a los hechos sucedidos esta madrugada en Soyapango, han habido disparos y hay un sindicalista con un disparo en la cabeza”, señaló Bessy Ríos.
Para la defensora de derechos humanos este tipo de sucesos no deberían de darse en un país democráticos y menos contra la clase obrera.
“En un país democrático en menos de un mes han matado un sindicalista, han atentado contra otro”.
La invitada fue más allá en su análisis y señaló a las alcaldías de San Salvador, Santa Tecla y Soyapango de estar intentando privatizar la recolección y servicio de desechos sólidos en el país.
“En la alcaldía de Santa Tecla, San Salvador y Soyapango ha habido problemas, las tres bajo la bandera de arena y las tres con un proceso de privatización en la recolección y del servicio de desecho sólidos”.
Bessy Ríos pidió a la PDDH y a la FGR a investigar a profundidad la presunta privatización de la basura en las alcaldías en mención y esclarecer de una vez por todas los términos de los contratos y a las personas y empresas que estarían detrás todo, pues se menciona a un prominente empresario salvadoreño y a una empresa de origen colombiano.
“Ojo que en un país democrático esto ya fuera un tema de alarma. Qué empresario está de tras de esa privatización, qué beneficio tiene ese partido y por qué están atacando a los sindicalistas, no es de gratis”, dijo la abogada.
Los incidentes que han dejado por lo menos a tres sindicalistas heridos esta madrugada, no han pasado desapercibidos también por el ministro de trabajo, Rolando Castro, quien en su cuenta de twitter compartió una serie de videos del momento de los disparos en los contornos de la alcaldía de Soyapango.
El titular de la carta de Estado pide además al fiscal general, al director de la policía y al ministro de Seguridad y Justicia a investigar los hechos y a capturar los responsables.
Versión del alcalde.
El alcalde de Soyapango, Juan Pabló Álvarez, dijo no entender el motivo de la protesta por parte de los sindicalistas, más bien, señaló a algunos empleados de la municipal de haber confiscado las llaves y algunos camiones del tren de eso que se guardan en un predio sobre la carrera de Oro y de haber sido utilizado para la protesta.
“Empleado y personas ajenas a la municipalidad entraron con violencia al predio a sacar los camiones, ellos tienen en poder las llaves, las tarjetas de circulación y nuestro equipo y nosotros no podemos salir de la alcaldía. Estamos privados de libertad desde casi 24 horas”, dijo el edil.
“A estas personas no se les debe salió alguno, no se le deben los bonos, no se les debe retenciones y se les ha aumento cien dólares a todos y ellos plantean que nosotros queremos privatizar la recolección de los desechos”, aseguró Juan Pablo Álvarez.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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