Judicial
CRIMINALES: Pandilleros asestan 11 balazos a presidente de directiva de un edificio en Ciudad Delgado porque podaba los árboles
La víctima fue asesinada cuando iba a ingresar a su casa, los pandilleros le dispararon y ocultaron el cuerpo en su vivienda, lugar en el que lo acribillaron a balazos y robaron sus pertenencias.
Cinco pandilleros participaron en el asesinato del que fue el presidente de la directiva del Condominio Continental en Ciudad Delgado porque podaba los árboles y dejaba a la vista de todas las persona lo que ocurría en las afueras del lugar. El hombre ya había sido amenazado por los criminales antes de que se cometiera el asesinato.
Fue el 21 de febrero de 2018 cuando Carlos Alberto Flores Hernández perdió la vida a manos de los pandilleros de la 18 revolucionarios que lo estaban esperando para asesinarlo y tratar de quemar la evidencia para que no dieran con ellos.
Según lo ventilado en la vista pública, los hechos ocurrieron cuando la víctima llegó en aparente estado de ebriedad a su hogar alrededor de las 5:00 de la tarde. En ese momento él no ingresó a su vivienda sino que se quedó afuera ingiriendo más bebidas alcohólicas.
Los pandilleros esperaron a que el sol se ocultara para cometer el crimen. El reloj marcaba las 9:00 de la noche y Flores Hernández se disponía a abrir la puerta de su apartamento cuando, según un testigo denominado Blanco, fue Carlos Eduardo Calixto que le disparó directo al rostro de la víctima.
Inmediatamente junto a su compinche, Ricardo Mayorga Sigarán, entraron el cuerpo a la casa del hombre rematarlo y acribillarlo a balazos. Según las pruebas desfiladas por la Fiscalía el cuerpo de Flores Hernández tenía 22 orificios provocados por un arma de fuego.
Tras haber cometido el crimen, los pandilleros se refugiaron en la casa de las hermanas Reina y Gabriela Alvarenga Medrano, quienes eran vecinas del hombre al que acababan de asesinar. Horas más tarde, apareció una nueva cómplice: Karla Patricia Medina, quien llevó una sábana a la casa en la que se refugiaban los pandilleros.
El testigo con clave Blanco declaró que ya en la madrugada los pandilleros salieron de su escondite e ingresaron a la casa de la víctima para sacar el cadáver, mientras tanto las mujeres se quedaron pendientes de que la Policía Nacional Civil (PNC) no llegara al lugar.
De acuerdo al fiscal del caso, al salir los pandilleros, las hermanas Alvarenga Medrano quemaron parte de las pertenencias de Flores Hernández y saquearon su casa para vender los electrodomésticos que él tenía.
Al siguiente día, las autoridades de la PNC fueron alertadas que el cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años de edad había sido encontrado envuelto en una sábana verde y con varios impactos de bala bajo el puente del kilómetro 12 y medio de la carretera Panamericana.
Los agentes que llegaron a acordonar la zona describieron que el lugar era una especie de basurero y que, como parte de los procedimientos, esperaron a que llegaran representantes de Medicina Legal para que ellos evaluaran el cadáver.
La coartada que no le funcionó a Calixto
En el juicio, un testigo llegó a la defensa del imputado Calixto, quien aseguró que pocos días antes de haberse cometido el asesinato él estaba herido de su pie. “Ni siquiera podía caminar yo solo”, dijo el procesado.
Según lo expuesto en el juicio, Calixto fue junto a su madre a una unidad de salud para que le atendieran una herida que describieron como “profunda, pero simple”, él debía asistir durante cinco días a curaciones y tener un estricto aseo.
Cuando llegó al centro asistencial, el personal que lo atendió aseguró que iba apoyado de su madre porque no podía apoyar bien su pie izquierdo debido a su lesión.
El juez del caso permitió que Calixto se dirigiera al testigo con clave Blanco, a quien le preguntó si había notado si la persona que disparó el arma cojeaba, algo que la persona que los delató aseguró no pudo notarlo.
De acuerdo a lo declarado por el testigo, él se encontraba a unos diez metros de donde ocurrieron los hechos, pero la defensa argumentó que la poca luz en la zona podría haber obstaculizado la visión de Blanco, lo cual lo llevaría a no identificar claramente a la persona que halo del gatillo.
Pese a lo declarado, el juez del Tribunal 4° de Sentencia determinó la culpabilidad de Calixto y lo condenó a junto a Sigarán a 20 de años de prisión por el homicidio agravado; mientras que las tres mujeres cumplirán una pena de 13 años con cuatro meses en un centro de reclusión.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
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Cadena perpetua para dos líderes de la MS-13 en San Salvador: Tribunal condena a 97 pandilleros de 10 clicas
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Condenan a cadena perpetua a pandilleros de la MS-13 capturados durante el régimen de excepción en El Salvador
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso condenas de cadena perpetua a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), capturados durante el régimen de excepción y procesados por delitos relacionados con homicidios, desapariciones, extorsiones y actividades de organizaciones terroristas. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó las sentencias el viernes 9 de octubre de 2026, como parte de los procesos judiciales contra estructuras pandilleriles que operaban en la capital y sus alrededores.
Entre los condenados se encuentran Josué Germain González Mejía, identificado por las autoridades como corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, señalado como homeboy dentro de la organización criminal. Según las investigaciones fiscales, ambos formaban parte de estructuras que mantenían presencia en diferentes sectores de San Salvador, donde se les atribuyeron hechos violentos y actividades delictivas contra la población.
#CombateAPandillas | Cadena perpetua para pandilleros de la MS-13.
La @FGR_SV logró que demostrar que estos criminales mantenían el control en diferentes zonas de la capital y sus alrededores, en donde cometieron diversos casos de homicidios, desapariciones, extorsiones, organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, entre otros.
Todos fueron capturados gracias al Régimen de Excepción.
Entre los condenados a cadena perpetua están Josué Germain González Mejía, quien tenía el rango de corredor de clica, y Giovanni Andrés Hernández, identificado como homeboy.
Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 9, 2026
La Fiscalía aseguró que durante el proceso judicial presentó elementos probatorios relacionados con homicidios, desapariciones de personas, extorsiones, agrupaciones ilícitas y delitos vinculados con organizaciones terroristas. Sin embargo, la institución no precisó el número total de personas condenadas en este caso, las fechas de los hechos investigados ni las circunstancias particulares de cada delito. Las sentencias fueron dictadas por el Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Estas condenas se producen después de las reformas constitucionales y penales aprobadas en marzo de 2026, mediante las cuales El Salvador incorporó la prisión perpetua para delitos de extrema gravedad, como homicidio, violación y terrorismo. La modificación del artículo 27 de la Constitución permitió establecer esta sanción, cuya aplicación contempla mecanismos de revisión judicial después de determinados períodos de cumplimiento. En septiembre se conocieron las primeras sentencias bajo el nuevo marco legal, por lo que las resoluciones contra integrantes de la MS-13 representan nuevos casos de aplicación de esta pena.
Los condenados habían sido detenidos durante el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogado periódicamente por la Asamblea Legislativa. El Gobierno sostiene que esta medida ha contribuido a reducir los homicidios y desarticular estructuras criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por las garantías procesales en determinados casos. Las nuevas sentencias reflejan la aplicación del endurecimiento de las penas contra delitos graves en El Salvador, en medio de la continuidad de los procesos judiciales relacionados con las pandillas.
