Judicial
CRIMINALES: Pandilleros asestan 11 balazos a presidente de directiva de un edificio en Ciudad Delgado porque podaba los árboles
La víctima fue asesinada cuando iba a ingresar a su casa, los pandilleros le dispararon y ocultaron el cuerpo en su vivienda, lugar en el que lo acribillaron a balazos y robaron sus pertenencias.
Cinco pandilleros participaron en el asesinato del que fue el presidente de la directiva del Condominio Continental en Ciudad Delgado porque podaba los árboles y dejaba a la vista de todas las persona lo que ocurría en las afueras del lugar. El hombre ya había sido amenazado por los criminales antes de que se cometiera el asesinato.
Fue el 21 de febrero de 2018 cuando Carlos Alberto Flores Hernández perdió la vida a manos de los pandilleros de la 18 revolucionarios que lo estaban esperando para asesinarlo y tratar de quemar la evidencia para que no dieran con ellos.
Según lo ventilado en la vista pública, los hechos ocurrieron cuando la víctima llegó en aparente estado de ebriedad a su hogar alrededor de las 5:00 de la tarde. En ese momento él no ingresó a su vivienda sino que se quedó afuera ingiriendo más bebidas alcohólicas.

Los pandilleros esperaron a que el sol se ocultara para cometer el crimen. El reloj marcaba las 9:00 de la noche y Flores Hernández se disponía a abrir la puerta de su apartamento cuando, según un testigo denominado Blanco, fue Carlos Eduardo Calixto que le disparó directo al rostro de la víctima.
Inmediatamente junto a su compinche, Ricardo Mayorga Sigarán, entraron el cuerpo a la casa del hombre rematarlo y acribillarlo a balazos. Según las pruebas desfiladas por la Fiscalía el cuerpo de Flores Hernández tenía 22 orificios provocados por un arma de fuego.
Tras haber cometido el crimen, los pandilleros se refugiaron en la casa de las hermanas Reina y Gabriela Alvarenga Medrano, quienes eran vecinas del hombre al que acababan de asesinar. Horas más tarde, apareció una nueva cómplice: Karla Patricia Medina, quien llevó una sábana a la casa en la que se refugiaban los pandilleros.
El testigo con clave Blanco declaró que ya en la madrugada los pandilleros salieron de su escondite e ingresaron a la casa de la víctima para sacar el cadáver, mientras tanto las mujeres se quedaron pendientes de que la Policía Nacional Civil (PNC) no llegara al lugar.
De acuerdo al fiscal del caso, al salir los pandilleros, las hermanas Alvarenga Medrano quemaron parte de las pertenencias de Flores Hernández y saquearon su casa para vender los electrodomésticos que él tenía.
Al siguiente día, las autoridades de la PNC fueron alertadas que el cadáver de un hombre de aproximadamente 45 años de edad había sido encontrado envuelto en una sábana verde y con varios impactos de bala bajo el puente del kilómetro 12 y medio de la carretera Panamericana.
Los agentes que llegaron a acordonar la zona describieron que el lugar era una especie de basurero y que, como parte de los procedimientos, esperaron a que llegaran representantes de Medicina Legal para que ellos evaluaran el cadáver.
La coartada que no le funcionó a Calixto
En el juicio, un testigo llegó a la defensa del imputado Calixto, quien aseguró que pocos días antes de haberse cometido el asesinato él estaba herido de su pie. “Ni siquiera podía caminar yo solo”, dijo el procesado.
Según lo expuesto en el juicio, Calixto fue junto a su madre a una unidad de salud para que le atendieran una herida que describieron como “profunda, pero simple”, él debía asistir durante cinco días a curaciones y tener un estricto aseo.
Cuando llegó al centro asistencial, el personal que lo atendió aseguró que iba apoyado de su madre porque no podía apoyar bien su pie izquierdo debido a su lesión.
El juez del caso permitió que Calixto se dirigiera al testigo con clave Blanco, a quien le preguntó si había notado si la persona que disparó el arma cojeaba, algo que la persona que los delató aseguró no pudo notarlo.
De acuerdo a lo declarado por el testigo, él se encontraba a unos diez metros de donde ocurrieron los hechos, pero la defensa argumentó que la poca luz en la zona podría haber obstaculizado la visión de Blanco, lo cual lo llevaría a no identificar claramente a la persona que halo del gatillo.
Pese a lo declarado, el juez del Tribunal 4° de Sentencia determinó la culpabilidad de Calixto y lo condenó a junto a Sigarán a 20 de años de prisión por el homicidio agravado; mientras que las tres mujeres cumplirán una pena de 13 años con cuatro meses en un centro de reclusión.
Nota tomada de El Salvador Times
Judicial
Condenan a 43 integrantes de la MS-13 a penas de hasta 85 años de prisión
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
Judicial
12 años de prisión a pandillero que extorsionó a un comerciante de Mejicanos
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
Judicial
Mujer acusada de quebrar a pedradas los vidrios de vehículos seguirá en prisión
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.




