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Comunidades de la Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, con cerco de seguridad
Los habitantes de las comunidades Tutunichapa I y La Granjita, en San Salvador, pasaron este año una de las navidades más seguras luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenara a las fuerzas del orden instalar cercos de seguridad en todo el perímetro de esas colonias para extraer a pandilleros y narcotraficantes.
En cada dispositivo de seguridad participaron más de 1,000 soldados y 200 policías de diferentes unidades como Antinarcóticos, Sección Táctica Operativa y la Unidad Canina que dispuso de perros entrenados para localizar droga. Estas acciones forman parte del desarrollo de la Fase 5 del Plan Control Territorial denominada «Extracción», la cual tiene como objetivo sacar de las comunidades a los criminales que siguen delinquiendo.
Es de esa manera como las fuerzas de seguridad ingresaron por la madrugada del 24 de diciembre a la Tutunichapa, una comunidad que históricamente se ha caracterizado por el tráfico de drogas al menudeo donde también estructuras de la pandilla 18 habían tomado el control de la venta para financiar sus actividades criminales y hasta colocado varios túmulos en menos de 100 metros para frenar huida de grupos rivales o para controlar el paso de conductores.
El ingreso de policías y soldados a la comunidad fue supervisado por los ministros Gustavo Villatoro y René Francis Merino Monroy, de Seguridad y de Defensa, respectivamente. En las primeras horas de que fue instalado el cerco los funcionarios afirmaron que se habían capturado a más de 23 delincuentes, además, fueron decomisados más de $10,000 en efectivo, armas de fuego, y abundante droga entre marihuana y crack que estaban listas para ser comercializadas al menudeo.
El ministro Villatoro aseguró que el objetivo del operativo es capturar 42 delincuentes, todos identificados y perfilados como delincuentes. «Por este negocio de droga morían una gran cantidad de salvadoreños a manos de estos pandilleros (…) aquí los delitos son por posesión y tenencia con fines de tráfico, agrupaciones ilícitas», detalló.
El titular de Justicia y Seguridad manifestó que entre los capturados por la Policía había un «líder histórico que ha estado manejando las operaciones en la Tutunichapa desde hace 40 años», pues el delincuente ocupaba una vivienda de la comunidad para desarrollar estas y otras actividades delictivas.
Y en vista que los delincuentes comenzaron a huir de la Tutunichapa al ver la presencia de policías y soldados, el presidente Bukele ordenó también cercar la comunidad La Granjita, en la zona de San Antonio Abad, que también tiene la singularidad de ser una zona donde se vende droga al menudeo.
«Luego de cercar la Tutunichapa, famoso centro de distribución de droga, sabíamos que muchos narcotraficantes irían a abastecerse a la comunidad La Granjita, otro famoso centro de distribución. Lo que no esperaban es que cercaríamos La Granjita, una vez estuvieran adentro», expresó el gobernante sobre el plan que se implementa.
El gobernante afirmó que para este caso se sumaron 1,000 soldados y 200 policías sin que se hayan tenido que trasladar de los cercos en Soyapango y la Tutunichapa; el mandatario aclaró que durante estas intervenciones no se han registrado enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los pandilleros.
«Ninguna operación militar en el mundo ha sido tan limpia… Y con increíbles resultados», aseguró el presidente.
Por su parte, el ministro de Defensa manifestó que los cercos de seguridad en nada están afectando la cotidianidad de los ciudadanos honrados, pues las acciones van dirigidas hacia criminales ya identificados por la Policía.
«Los cercos están afectando únicamente a los delincuentes, [de ellos] tenemos todos los antecedentes y de esa manera se llega de forma puntual a la extracción y no afecta en nada a las actividades normales de la comunidad», dijo el jefe militar.
Merino Monroy explicó que la operatividad de la Fuerza Armada les permite en este momento, junto a la Policía, implementar más cercos de seguridad en otras zonas que así se necesite y que esto en nada afectará los operativos que continúan desarrollando en Soyapango y la Tutunichapa.
Hasta el cierre de esta nota, policías y soldados continuaban desarrollando registros en dichas comunidades donde se mantendrán de manera indefinida para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
