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Como prevención ante la cuarentena por coronavirus, gobierno implementa medidas preventivas de higiene en terminales
Luego que el Presidente Bukele decretara la alerta roja en todo el territorio nacional como medida para proteger a los salvadoreños del coronavirus, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Viceministerio de Transporte (VMT), implementan medidas preventivas para la higiene de los usuarios del transporte colectivo dentro de buses, microbuses y terminales interdepartamentales de país.
Como prevención ante la cuarentena por #COVID19, @ObrasPublicasSV y el @VMTElSalvador implementan medidas preventivas para la higiene de los usuarios del transporte colectivo dentro de buses, microbuses y terminales interdepartamentales. pic.twitter.com/ttyxV1m32W
— Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) March 13, 2020
Otra de las directrices del mandatario es la prohibición de aglomeraciones mayores a 200 personas. Previamente, con la declaración de cuarentena nacional, esta prohibición estaba dirigida a las concentraciones de 500 personas.
La cuarentena decretada por el jefe de Estado a nivel nacional el pasado miércoles -con una duración de 21 días a partir de esa fecha- establece una prohibición al ingreso de extranjeros y el cumplimiento de cuarentena de 30 días a los connacionales, diplomáticos y extranjeros residentes en el país que quieran entrar al territorio salvadoreño. En ese sentido, ya se han puesto en cuarentena a más de 300 personas, incluidos funcionarios públicos y al cardenal Gregorio Rosa Chávez.
En atención a varias denuncias ciudadanas, elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) realizaron un operativo en varios bares y centros nocturnos de la colonia Escalón, en San Salvador Centro.
De acuerdo con las autoridades edilicias, algunos de estos establecimientos operaban de manera ilegal y, además, generaban ruido y desorden en la zona.
Durante la intervención fueron inspeccionados ocho negocios, de los cuales tres fueron clausurados temporalmente por operar de forma ilegal.
Asimismo, las autoridades impusieron 14 esquelas por diversas infracciones, entre ellas la falta de licencia, la venta no autorizada de bebidas alcohólicas y acciones en contra de los delegados municipales.
El operativo contó con el apoyo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acompañaron al personal de la comuna capitalina durante las inspecciones.
Además, se realizaron 12 prevenciones por obstrucción de la vía pública y para regular el orden vehicular en la zona.
La Comuna Central sigue trabajando 24/7 para garantizar el orden y la tranquilidad ciudadana. pic.twitter.com/wXk9kR1Nmd
— PrensaSanSalvadorCentro (@Prensa_SSCentro) July 3, 2026
Con el objetivo de promover una mejor convivencia ciudadana y proteger la tranquilidad de las comunidades, la alcaldía de San Salvador Este recordó a la población la importancia de respetar los niveles de ruido permitidos en el municipio.
Según informó la comuna, en las zonas residenciales los niveles máximos autorizados son de 55 decibeles (dBA) durante el día y 45 decibeles (dBA) durante la noche. En el caso de discotecas y otros establecimientos, los límites establecidos son de 100 y 110 dBA, respectivamente.
Las autoridades municipales también hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie de forma anónima los casos en los que viviendas o establecimientos excedan los niveles de ruido permitidos.
Las denuncias pueden realizarse a través del WhatsApp del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM), al número 6071-6861, o mediante la página oficial de Facebook de la alcaldía.
La municipalidad reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar los lugares donde no se respeta la sana convivencia y contribuir al bienestar de las comunidades.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
