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Autoridades investigan homicidio de dos recién nacidos y un bebé
Dos recién nacidos y un bebé de 8 meses han sido asesinados en las últimas semanas en diferentes zonas de El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) ya detuvo a una de las imputadas e investiga los otros casos que han conmocionado a la población salvadoreña.
El más reciente de los hechos fue reportado el lunes 8 de abril y la víctima es un bebé de 8 meses quien murió a causa de diversas lesiones que recibió. El bebé fue trasladado desde Usulután hacia el hospital de Niños Benjamín Bloom, San Salvador donde falleció.
«Nuestros agentes de Investigaciones e Inteligencia ya están trabajando para resolver el crimen», escribió la Corporación en la red X.
El 3 de abril, la PNC recibió una denuncia, tras lo cual registraron una vivienda en la cual hallaron una escena de homicidio en Monte San Juan, Cuscatlán.
En ese caso, trascendió que una mujer dio a luz y lanzó al recién nacido a una fosa séptica el 30 de marzo. El cuerpo del recién nacido fue hallado cuatro días después de haber sido asesinado.
Otro de los casos que causó indignación a escala nacional fue el ocurrido el 30 de marzo, donde la Policía detuvo a la Ada Estefani Mata de 24 años en la residencial Veranda, Santa Tecla, La Libertad.
El reporte policial detalla que Mata dio a luz a un niño, lo asfixió y después lo mutiló con un cuchillo. Luego lanzó partes del cuerpo por las tuberías de aguas negras.
Tras una intensa búsqueda que provocó el cierre de la residencial, los agentes policiales encontraron una pierna del recién nacido.
Tras el hallazgo desplegaron un operativo casa por casa y el 31 de marzo encontraron más restos del cuerpo. «Será procesada con todo el peso de la ley», sentenció la Corporación.
En otro caso, desde el 5 de diciembre de 2023, Flor Arely Molina, guarda prisión luego que el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla, encontró pruebas para que siga el proceso judicial por ser sospechosa de haber asesinado a un niño de dos años.
El día de la acusación trascendió que el hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre, la imputada se encontraba en estado de ebriedad mientras tenía a su cargo al niño. La autopsia confirmó que el niño murió producto de haber recibido «golpes contundentes».
«La imputada se encontraba bajo el cuidado del menor de edad, siendo ella quien se encargaba en ese momento, ella encontrándose en estado de ebriedad, realiza maltrato físico hacia el menor víctima, por medio de golpes contundentes hasta ocasionarle la muerte, lo cual ha sido corroborado por la autopsia médico legal en la que se estableció como causa de la muerte y traumatismos en el menor víctima» manifestó la fiscal del caso en esa oportunidad.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Héctor Antonio Zelaya Hernández, de 32 años, quien es acusado de portar ilegalmente un arma de fuego, que iba a entregar a un pandillero, en San Salvador.
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de mayo la inteligencia policial fue informada que en la colonia Esmeralda en el Barrio San Jacinto había un sujeto que se disponía a trasladar un arma de fuego a un integrante de una estructura criminal.
Aproximadamente las 9 de la noche, una patrulla policial intervino a Zelaya Hernández, quien ese momento paseaba un perro y quien al ver la presencia de los agentes, mostró una actitud nerviosa.
«Intentó darse a la fuga, motivo por el que (los policías) decidieron intervenirlo mediante tácticas y técnicas de defensa personal. Al registrarlo, le encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre 40, con un cargador y diez cartuchos, de la que no pudo presentar documentación que acreditara su legalidad», reza el expediente judicial.
También le encontraron una porción de marihuana. Durante ese procedimiento, según las investigaciones, una persona se acercó e informó que Zelaya Hernández la había amenazado de muerte debido a que no quiso acompañarlo a entregar el arma de fuego a un pandillero.
Durante la audiencia, el Tribunal determinó que existe abundante prueba para ser acusado por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, amenazas con agravación especial y posesión y tenencia.
