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Autoridades investigan homicidio de dos recién nacidos y un bebé
Dos recién nacidos y un bebé de 8 meses han sido asesinados en las últimas semanas en diferentes zonas de El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) ya detuvo a una de las imputadas e investiga los otros casos que han conmocionado a la población salvadoreña.
El más reciente de los hechos fue reportado el lunes 8 de abril y la víctima es un bebé de 8 meses quien murió a causa de diversas lesiones que recibió. El bebé fue trasladado desde Usulután hacia el hospital de Niños Benjamín Bloom, San Salvador donde falleció.
«Nuestros agentes de Investigaciones e Inteligencia ya están trabajando para resolver el crimen», escribió la Corporación en la red X.
El 3 de abril, la PNC recibió una denuncia, tras lo cual registraron una vivienda en la cual hallaron una escena de homicidio en Monte San Juan, Cuscatlán.
En ese caso, trascendió que una mujer dio a luz y lanzó al recién nacido a una fosa séptica el 30 de marzo. El cuerpo del recién nacido fue hallado cuatro días después de haber sido asesinado.
Otro de los casos que causó indignación a escala nacional fue el ocurrido el 30 de marzo, donde la Policía detuvo a la Ada Estefani Mata de 24 años en la residencial Veranda, Santa Tecla, La Libertad.
El reporte policial detalla que Mata dio a luz a un niño, lo asfixió y después lo mutiló con un cuchillo. Luego lanzó partes del cuerpo por las tuberías de aguas negras.
Tras una intensa búsqueda que provocó el cierre de la residencial, los agentes policiales encontraron una pierna del recién nacido.
Tras el hallazgo desplegaron un operativo casa por casa y el 31 de marzo encontraron más restos del cuerpo. «Será procesada con todo el peso de la ley», sentenció la Corporación.
En otro caso, desde el 5 de diciembre de 2023, Flor Arely Molina, guarda prisión luego que el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla, encontró pruebas para que siga el proceso judicial por ser sospechosa de haber asesinado a un niño de dos años.
El día de la acusación trascendió que el hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre, la imputada se encontraba en estado de ebriedad mientras tenía a su cargo al niño. La autopsia confirmó que el niño murió producto de haber recibido «golpes contundentes».
«La imputada se encontraba bajo el cuidado del menor de edad, siendo ella quien se encargaba en ese momento, ella encontrándose en estado de ebriedad, realiza maltrato físico hacia el menor víctima, por medio de golpes contundentes hasta ocasionarle la muerte, lo cual ha sido corroborado por la autopsia médico legal en la que se estableció como causa de la muerte y traumatismos en el menor víctima» manifestó la fiscal del caso en esa oportunidad.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
