Nacionales
Autoridades investigan homicidio de dos recién nacidos y un bebé
Dos recién nacidos y un bebé de 8 meses han sido asesinados en las últimas semanas en diferentes zonas de El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) ya detuvo a una de las imputadas e investiga los otros casos que han conmocionado a la población salvadoreña.
El más reciente de los hechos fue reportado el lunes 8 de abril y la víctima es un bebé de 8 meses quien murió a causa de diversas lesiones que recibió. El bebé fue trasladado desde Usulután hacia el hospital de Niños Benjamín Bloom, San Salvador donde falleció.
«Nuestros agentes de Investigaciones e Inteligencia ya están trabajando para resolver el crimen», escribió la Corporación en la red X.
El 3 de abril, la PNC recibió una denuncia, tras lo cual registraron una vivienda en la cual hallaron una escena de homicidio en Monte San Juan, Cuscatlán.
En ese caso, trascendió que una mujer dio a luz y lanzó al recién nacido a una fosa séptica el 30 de marzo. El cuerpo del recién nacido fue hallado cuatro días después de haber sido asesinado.
Otro de los casos que causó indignación a escala nacional fue el ocurrido el 30 de marzo, donde la Policía detuvo a la Ada Estefani Mata de 24 años en la residencial Veranda, Santa Tecla, La Libertad.
El reporte policial detalla que Mata dio a luz a un niño, lo asfixió y después lo mutiló con un cuchillo. Luego lanzó partes del cuerpo por las tuberías de aguas negras.
Tras una intensa búsqueda que provocó el cierre de la residencial, los agentes policiales encontraron una pierna del recién nacido.
Tras el hallazgo desplegaron un operativo casa por casa y el 31 de marzo encontraron más restos del cuerpo. «Será procesada con todo el peso de la ley», sentenció la Corporación.
En otro caso, desde el 5 de diciembre de 2023, Flor Arely Molina, guarda prisión luego que el Juzgado Segundo de Paz de Santa Tecla, encontró pruebas para que siga el proceso judicial por ser sospechosa de haber asesinado a un niño de dos años.
El día de la acusación trascendió que el hecho ocurrió el pasado 19 de noviembre, la imputada se encontraba en estado de ebriedad mientras tenía a su cargo al niño. La autopsia confirmó que el niño murió producto de haber recibido «golpes contundentes».
«La imputada se encontraba bajo el cuidado del menor de edad, siendo ella quien se encargaba en ese momento, ella encontrándose en estado de ebriedad, realiza maltrato físico hacia el menor víctima, por medio de golpes contundentes hasta ocasionarle la muerte, lo cual ha sido corroborado por la autopsia médico legal en la que se estableció como causa de la muerte y traumatismos en el menor víctima» manifestó la fiscal del caso en esa oportunidad.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
