Nacionales
Autoridad del Centro Histórico y Centro Nocional de Registro firman convenio de cooperación interinstitucional para optimizar servicios en el Centro Histórico de San Salvador a través de la ventanilla única
En marzo del 2023, a través del Decreto N° 707, se aprobó la Ley de Creación de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador Centro, una entidad de Derecho Público descentralizada responsable de regular, calificar, aprobar, supervisar los proyectos y obras de rehabilitación, restauración, mantenimiento y desarrollo económico-social y urbano de un área delimitada Centro Histórico donde se incentiva el desarrollo económico basado en el turismo y la cultura.
Es por esta razón, que este día lunes 6 de mayo del presente año, en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y el Centro Nacional de Registros (CNR), llevan a cabo la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional que tiene como objetivo principal crear las condiciones interinstitucionales relacionadas a los servicios registrales, catastrales, así como de comercio, propiedad intelectual y garantías mobiliarias.
Estos servicios serán prestados dentro de la delimitación territorial del Centro Histórico de San Salvador a través de la Ventanilla Única, ofreciendo una solución estratégica e innovadora al concentrar múltiples servicios en un solo lugar. Además de simplificar los trámites, agiliza los procesos administrativos para ciudadanos e inversionistas.
Morena Valdez, titular del Ministerio de Turismo, expresó que este convenio sigue sumando a potenciar el Centro Histórico, teniendo en cuenta que es el segundo destino turístico más visitado del país por nacionales y extranjeros. Esta colaboración estratégica entre la Autoridad y el CNR es fundamental para fortalecer aún más el atractivo y la funcionalidad del Centro Histórico. Esta iniciativa refleja un compromiso firme con el desarrollo socioeconómico, turístico y cultural del destino. Además señaló la importancia de la instauración de la primera Ventanilla Única del país, se establece un referente crucial al garantizar la eficiencia en la gestión de trámites en un solo lugar, facilitando el proceso tanto para los ciudadanos como para los inversionistas.
Para Camilo Trigueros, este convenio representa un esfuerzo en conjunto bajo el Gobierno del Presidente Nayib Bukele y su liderazgo. Ahora se contará con la certeza jurídica de todos los bienes que están dentro del área delimitada, no solo serán visibles, sino que gozarán de publicidad registral. Como CNR, trabajaremos articuladamente con la Autoridad para que todos aquellos que se acerquen a la Ventanilla Única puedan solicitar servicios como: ubicaciones catastrales, certificaciones de denominaciones catastrales, remediciones, certificaciones literales y extractadas, reuniones de inmuebles, entre otros.
Por su parte, Manuel Joachin manifestó su profundo entusiasmo ante la firma de este trascendental convenio, destacando su importancia en la revitalización del Centro Histórico. Este acuerdo marca un hito histórico en la búsqueda del desarrollo socioeconómico, turístico y cultural de la región al fomentar la llegada de inversiones tanto nacionales como extranjeras, lo que conllevará a la creación de empleos formales
y dignos para la comunidad.
El Centro Histórico aglomera un perímetro aproximado de 790,615.00 m² y dentro de élse encuentran bienes nacionales protegidos por el Estado. Ahora, a través de este importante convenio, contará con un entorno meticulosamente ordenado, debidamente identificado y con seguridad jurídica, consolidándose como un atractivo para todos los salvadoreños y un destino de interés tanto para el turismo como para la inversión.
La implementación de esta Ventanilla Única marca un cambio paradigmático en la gestión pública, ofreciendo una experiencia más eficiente y transparente que contribuirá al desarrollo socioeconómico del Centro Histórico.
El presente convenio fue suscrito por el Director Propietario de la Junta Directiva de la Autoridad del Centro Histórico, Manuel Joachin; y por el Director Ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
