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Autoridad del Centro Histórico y Centro Nocional de Registro firman convenio de cooperación interinstitucional para optimizar servicios en el Centro Histórico de San Salvador a través de la ventanilla única
En marzo del 2023, a través del Decreto N° 707, se aprobó la Ley de Creación de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador Centro, una entidad de Derecho Público descentralizada responsable de regular, calificar, aprobar, supervisar los proyectos y obras de rehabilitación, restauración, mantenimiento y desarrollo económico-social y urbano de un área delimitada Centro Histórico donde se incentiva el desarrollo económico basado en el turismo y la cultura.
Es por esta razón, que este día lunes 6 de mayo del presente año, en la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), la Autoridad de Planificación del Centro Histórico (APLAN) y el Centro Nacional de Registros (CNR), llevan a cabo la suscripción de un Convenio de Cooperación Interinstitucional que tiene como objetivo principal crear las condiciones interinstitucionales relacionadas a los servicios registrales, catastrales, así como de comercio, propiedad intelectual y garantías mobiliarias.
Estos servicios serán prestados dentro de la delimitación territorial del Centro Histórico de San Salvador a través de la Ventanilla Única, ofreciendo una solución estratégica e innovadora al concentrar múltiples servicios en un solo lugar. Además de simplificar los trámites, agiliza los procesos administrativos para ciudadanos e inversionistas.
Morena Valdez, titular del Ministerio de Turismo, expresó que este convenio sigue sumando a potenciar el Centro Histórico, teniendo en cuenta que es el segundo destino turístico más visitado del país por nacionales y extranjeros. Esta colaboración estratégica entre la Autoridad y el CNR es fundamental para fortalecer aún más el atractivo y la funcionalidad del Centro Histórico. Esta iniciativa refleja un compromiso firme con el desarrollo socioeconómico, turístico y cultural del destino. Además señaló la importancia de la instauración de la primera Ventanilla Única del país, se establece un referente crucial al garantizar la eficiencia en la gestión de trámites en un solo lugar, facilitando el proceso tanto para los ciudadanos como para los inversionistas.
Para Camilo Trigueros, este convenio representa un esfuerzo en conjunto bajo el Gobierno del Presidente Nayib Bukele y su liderazgo. Ahora se contará con la certeza jurídica de todos los bienes que están dentro del área delimitada, no solo serán visibles, sino que gozarán de publicidad registral. Como CNR, trabajaremos articuladamente con la Autoridad para que todos aquellos que se acerquen a la Ventanilla Única puedan solicitar servicios como: ubicaciones catastrales, certificaciones de denominaciones catastrales, remediciones, certificaciones literales y extractadas, reuniones de inmuebles, entre otros.
Por su parte, Manuel Joachin manifestó su profundo entusiasmo ante la firma de este trascendental convenio, destacando su importancia en la revitalización del Centro Histórico. Este acuerdo marca un hito histórico en la búsqueda del desarrollo socioeconómico, turístico y cultural de la región al fomentar la llegada de inversiones tanto nacionales como extranjeras, lo que conllevará a la creación de empleos formales
y dignos para la comunidad.
El Centro Histórico aglomera un perímetro aproximado de 790,615.00 m² y dentro de élse encuentran bienes nacionales protegidos por el Estado. Ahora, a través de este importante convenio, contará con un entorno meticulosamente ordenado, debidamente identificado y con seguridad jurídica, consolidándose como un atractivo para todos los salvadoreños y un destino de interés tanto para el turismo como para la inversión.
La implementación de esta Ventanilla Única marca un cambio paradigmático en la gestión pública, ofreciendo una experiencia más eficiente y transparente que contribuirá al desarrollo socioeconómico del Centro Histórico.
El presente convenio fue suscrito por el Director Propietario de la Junta Directiva de la Autoridad del Centro Histórico, Manuel Joachin; y por el Director Ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
