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Alcalde Henry Flores confirma decisión de CCR que contrato de Teclaseo es lesivo, como también lo es el contrato con empresa de Salume
Tomado de La Noticia SV
El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores ha tenido que afrontar, junto a su Concejo Municipal, la situación derivada de los contratos de recolección de basura adquiridos por 24 años con Teclaseo y con una empresa propiedad de Salume, para la disposición final de la basura que brindó información falsa al no poseer permiso ambiental, para obtener el contrato durante los años 2017 y 2018. Ambas empresas fueron beneficiadas, bajo la administración del alcalde Roberto d’Aubuisson. En el caso de Teclaseo, la Corte de Cuentas de la República declaró su contrato como lesivo y sobre el contrato con la empresa Pulsem, que administra el botadero municipal del Puerto de La Libertad, propiedad de Salume, señaló que esta empresa fue adjudicada y cobró aproximadamente $2 millones de dólares entre 2017 y 2018 por brindar el servicio de disposición final de la basura, pese a carecer de permiso ambiental para ese fin.
Recientemente, el alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, criticó los servicios ofrecidos por la empresa colombiana, TECLASEO, al expresar en su cuenta de la red social Twitter que: “Mantener la limpieza ha sido prioridad, pero la EMPRESA COLOMBIANA TECLASEO que la dejó el partido ARENA solo le interesa hacerse millonaria y es el peor servicio de basura que una alcaldía puede contratar. Nuestros empleados asumen la limpieza”. Además, manifestó el edil tecleño que están analizando mecanismos legales contra dicha empresa.
El alcalde Flores agregó, que, debido a los conflictos con dicha empresa, se tiene que echar mano de los mismos empleados de la comuna para solventar la recolección de basura, por lo que instó a otras alcaldías a no contratar a la empresa.
“No entiendo como la empresa TECLASEO anda dando mentiras a varias alcaldías del país y no pueden ni recoger la basura de Santa Tecla, nos toca a nosotros recoger la basura. Ni se les cruce en la cabeza contratar a esta empresa colombiana”, agregó.
UN PROBLEMA HEREDADO
Fue el exalcalde por ARENA, Roberto d’Aubuisson como antes se dijó, quien otorgó a TECLASEO la concesión del servicio de recolección por 24 años y declaró reservadas las condiciones del contrato, que finalmente la CCR ha declarado perjudiciales a los intereses de los fondos municipales y por tanto en perjuicio para todos los habitantes de Santa Tecla.
Por otra parte, el exalcalde arenero, Roberto d’Aubuisson, fue denunciado penalmente por delitos de estafa, en grado de cómplice, y negociaciones ilícitas, ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el abogado en derecho ambiental, Edgar Lemus, además en la misma denuncia se incluye a Nicolás Salume Pacas, apoderado legal de PULSEM, la empresa denunciada por el delito de estafa, en perjuicio de las finanzas de la municipalidad de Santa Tecla. Según el abogado, d’Aubuisson y Salume defraudaron la alcaldía por un monto superior a $1 millón 300 mil, cobrados por “Servicios de disposición final de los desechos sólidos generados en el municipio de Santa Tecla”.
Recientemente, la Corte de Cuentas de la República, resolvió que el exalcalde Roberto d’Aubuisson fuera condenado bajo responsabilidad patrimonial por haberse saltado procedimientos legales contenidos en la Ley de Contrataciones del Estado (LACAP), junto con su Concejo Municipal, durante el periodo 2015-2018, para favorecer una empresa de disposición final de la basura propiedad de Salume a la que erogó una cantidad cercana a un millón de dólares por un contrato fraudulento con duración de cinco meses.
Según la resolución emitida por Corte de Cuentas, sobre la que tuvo conocimiento este medio, el exalcalde d’Aubuisson contrató a la empresa PULSEM, propiedad de Salume, pese a que no contaba con los permisos ambientales de funcionamiento para brindar el servicio ofertado.
Debido a esto, Salume, fraudulentamente presentó un permiso de construcción del proyecto y no de funcionamiento, además que a la fecha del contrato solamente se contaba con un permiso a nombre de la municipalidad del Puerto de La Libertad, que solo podía recibir 42 toneladas diarias de basura. Solo Santa Tecla, produce entre 180 a 200 toneladas diarias de desechos, por lo tanto, PULSEM no estaba capacitado para adquirir ese contrato.
La acción de PULSEM obliga a la actual administración municipal a declarar el “rescate”’del servicio municipal, retirarle el contrato a la empresa de Salume y aplicarle la sanción de inhabilitación por cinco años para contratar con cualquier institución pública por incurrir en la causal de invocar hechos falsos para obtener una adjudicación de contrato con la municipalidad.
Nacionales
Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Este día, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), a través de su Departamento de Investigaciones e Inteligencia Migratoria, realizó un operativo en la tienda “O” de El Salvador, dedicada a la venta de artículos para el hogar, ante la presunción de que se estarían cometiendo delitos relacionados con estafa y otras irregularidades migratorias y laborales.
La intervención se llevó a cabo luego de recibir múltiples denuncias de ciudadanos que afirmaron haber pagado por productos que nunca recibieron. Según los testimonios recopilados, tras concretar las compras, los responsables de la tienda brindaban diversas excusas para justificar la falta de entrega, como supuestos atrasos en embarcaciones, sin que los clientes obtuvieran respuesta ni devolución del dinero.
Las autoridades identificaron que en el establecimiento laboran tanto salvadoreños como ciudadanos guatemaltecos. Sin embargo, se determinó que los trabajadores de nacionalidad guatemalteca no poseen autorización ni permisos para ejercer actividades laborales en el país. Además, se constató que están recibiendo pagos en efectivo, lo que sugiere una posible evasión de impuestos por parte del empleador.
#NACIONALES Operativo de investigación en tienda “O” por presunta estafa y empleo irregular de extranjeros
Nota completa: https://t.co/bjLMoE960q pic.twitter.com/3s5OCsSKu4— Diario Digital Cronio (@croniosv) May 17, 2025
De acuerdo con los registros migratorios, estas personas ingresaron a El Salvador en calidad de turistas durante el año 2024, por lo que su actual actividad laboral representa una infracción a la Ley migratoria vigente.
Asimismo, se ha establecido que el propietario de la tienda es de nacionalidad guatemalteca. Según los movimientos migratorios, debería encontrarse en territorio salvadoreño; sin embargo, a través de información recabada por otras fuentes no reveladas, indica que actualmente se encuentra en Guatemala, lo que sugiere que habría evadido los controles migratorios para salir del país.
Según lo establecido en la legislación nacional, corresponde a la DGME verificar las actividades que realizan las personas extranjeras en El Salvador.
A raíz de los hallazgos obtenidos en el operativo, el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR), para que se proceda con las investigaciones necesarias y se determinen las responsabilidades legales correspondientes.
Nacionales
Ministro Gustavo Villatoro: «Marina Nacional es la única que ha puesto orden y autoridad en aguas internacionales»
Tras la reciente incautación de una tonelada de cocaína al suroeste del Estero de Jaltepeque, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, resaltó el papel de la Marina Nacional como una fuerza que ha logrado imponer autoridad en aguas internacionales, donde históricamente predominaba el tráfico de drogas.
La operación fue ejecutada el pasado martes 6 de mayo a 570 millas náuticas (1,055 kilómetros) de la Bocana El Cordoncillo, donde se interceptó una embarcación pesquera artesanal con el cargamento ilícito. En declaraciones posteriores, Villatoro aseguró que El Salvador está demostrando al mundo su capacidad para combatir el narcotráfico, incluso más allá de sus fronteras.
“La Fuerza Naval Tridente está demostrando lo que se puede lograr con decisión firme. Estamos tomando control en millas náuticas tan distantes como la 500, 600, hasta la 1,000”, afirmó el ministro, subrayando que solo la Marina salvadoreña ha logrado imponer orden en esa “autopista de aguas internacionales” por la que transitaba libremente la droga.
Villatoro también respondió a las críticas de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, al señalar que el actual Gobierno no está vinculado al narcotráfico. “Estamos demostrando que no solo no tenemos nexos, sino que lideramos con firmeza el combate a este flagelo. Contamos con equipos de rayos X y políticas claras en nuestros puertos para escanear lo que sale hacia Europa y Estados Unidos”, enfatizó.
El titular de Seguridad comparó este esfuerzo con la guerra contra las pandillas, indicando que, al igual que en ese combate, se enfrentan a sectores que —según él— terminan defendiendo intereses criminales. “Solo en la cabeza de retrógradas pueden pensar que estamos vinculados con estas actividades”, afirmó.
Finalmente, Villatoro reiteró que seguirán trabajando de la mano con la Fiscalía General de la República para mantener y reforzar el combate al narcotráfico. Según cifras oficiales, en el último año El Salvador ha incautado aproximadamente 28.2 toneladas de droga, valoradas en unos $706.8 millones.
Una auditoría financiera contable presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) reveló irregularidades en la gestión de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, específicamente en la contratación de una empresa para recuperar impuestos en mora, la cual recibió pagos superiores a lo efectivamente recuperado.
Según explicó ante el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador una auditora de la Corte de Cuentas de la República (CCR), el contrato fue otorgado sin un estudio técnico previo que justificara el porcentaje de comisión acordado por la recuperación de mora tributaria.
La empresa beneficiada, representada legalmente por el abogado Ricardo Arturo Roque Baires —quien actualmente guarda prisión por este caso—, recibió un porcentaje de comisión 9.97% más alto que otras firmas contratadas en administraciones anteriores. Mientras que en gobiernos municipales previos se pagaba una comisión del 15% sobre lo recuperado, en este caso la alcaldía terminó pagando más por el contrato que por lo efectivamente recaudado.
De acuerdo con los datos expuestos en el juicio, la comuna de Soyapango firmó un contrato de recuperación de mora por un monto de $1,247,000. Sin embargo, durante el periodo contractual solo se recuperaron $867,499.96 en impuestos, mientras que a la empresa se le cancelaron $187,530.12, fondos que salieron de dos cuentas municipales firmadas por Montano y la extesorera Ruth Raquel Aguilar de Montano, actualmente prófuga.
La perito calificó como excesivo el pago realizado a la empresa de Roque Baires, quien ya había realizado trabajos similares para la alcaldía de Nuevo Cuscatlán y Albapetróleos, cobrando comisiones del 13% y 15%, respectivamente.
Para sustentar su informe, la experta auditora revisó documentos proporcionados por la Superintendencia del Sistema Financiero, así como información decomisada por las autoridades y otra suministrada por la misma alcaldía de Soyapango.
El caso forma parte de los procesos judiciales que enfrenta la exalcaldesa Montano por presuntos actos de corrupción durante su administración.
