Nacionales
Acuerdos de Paz fueron un pacto de amnistía entre ARENA y FMLN
Esperanza y cambios demandó la población salvadoreña tras la firma de los Acuerdos de Paz por las partes beligerantes en el Castillo de Chapultepec, en México, el 16 de enero de 1992.
Nueve capítulos conforman el documento firmado, instrumento que en teoría daría la pauta para reconstruir una sociedad espoliada por cuatro décadas de dictaduras militares y 12 años de conflicto armado.
Para Dagoberto Gutiérrez, analista político y firmante de los Acuerdos de Paz, parte de las causales de la guerra fueron las desigualdades sociales, culturales y económicas de la época.
«La guerra era oligárquica. En el oriente del país había una clase de guerra, en Chalatenango había otra guerra, en Guazapa había dos guerras: una en el norte y otra en el sur, en San Vicente era otra guerra», citó como ejemplos, y mencionó que muchas masacres, aún en la actualidad, siguen impunes.
En la Asamblea Legislativa, los diputados de la bancada de Nuevas Ideas coinciden en un punto en particular: los Acuerdos solo fueron un reparto de bienes entre ARENA y el FMLN, la garantía de impunidad y la administración de instituciones claves dentro del aparato estatal.
El presidente de ese órgano estatal, Ernesto Castro, lamentó que ninguno de esos dos partidos decidió emprender el rumbo para reconstruir a El Salvador.
«El perdón y el olvido en este país necesitan de la verdad. La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad que siempre estuvo encubierto por el sistema», dijo recientemente Castro en una entrevista televisiva.
La Asamblea Legislativa acordó derogar el decreto de la conmemoración del día de la firma de los Acuerdos de Paz y lo sustituyó por el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado.
A partir de 1992, El Salvador pasó de una guerra civil a una especie de guerra social, con el incremento exponencial de grupos delictivos, que ante la falta de políticas públicas concretas ganaron territorio y poder.
En 1993 se promulgó una ley de amnistía que entregó de forma expedita inmunidad e impunidad a todos los autores de hechos violentos cometidos durante el conflicto armado.
Dicha ley, avalada por la Asamblea Legislativa, evidentemente contradecía el texto de los Acuerdos, ya que eliminaba de tajo la posibilidad de un resarcimiento de las víctimas y el esclarecimiento de los hechos de violencia.
La referida normativa fue derogada en 2016 con una sentencia de la Sala de lo Constitucional; aun así, el Gobierno del FMLN no promovió iniciativas para que los casos cerrados fueran reabiertos para castigar a los responsables.
La reconstrucción del país no implicaba solamente reparar las edificaciones dañadas, sino comenzar a construir un nuevo sistema en el que las causas que originaron el conflicto se eliminaran y se corrigiera el camino a seguir; además, que la justicia transicional llegara a las víctimas y a los familiares de estas, con el esclarecimiento de todos los crímenes de lesa humanidad, la apertura de los registros militares y la promoción del resarcimiento para la sociedad salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos fue una de las instituciones creadas a partir de los Acuerdos de Paz. Es la entidad responsable de promover la reparación a las víctimas, pero en casi 30 años de funcionamiento nunca entregó una propuesta seria sobre justicia transicional, como lo aceptó recientemente el actual procurador, Apolonio Tobar.
Con todos esos elementos, la sociedad salvadoreña sigue con el gran reto de otorgar justicia a las más de 80,000 muertes durante el conflicto bélico, y que sus familias puedan conocer la verdad, que los verdugos sean castigados, que las «heridas abiertas» sean cerradas con la justicia que por tres décadas durmió en el «sueño de los justos». Por ello, la Asamblea Legislativa ha declarado el 16 de enero Día de las Víctimas del Conflicto Armado, para comenzar a resarcir el daño.
Por: Diario El Salvador
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Ocean Breeze en la playa Mizata ha invertido US$80 millones
El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, participó en la presentación del avance del proyecto Ocean Breeze en Mizata, La Libertad Costa, destacando el impacto de la inversión turística en el desarrollo del país. Durante su intervención, Ulloa subrayó que el actual contexto de seguridad ha permitido atraer capital extranjero y dinamizar sectores estratégicos, señalando que “el turismo es ahora la primera fuente de divisas para El Salvador”.
El proyecto, impulsado por Grupo Corven, representa una inversión que ha escalado de $50 millones a $80 millones, consolidándose como uno de los desarrollos turísticos más relevantes en la zona costera.

Ocean Breeze incluye un hotel de 174 habitaciones, áreas recreativas y un componente residencial, además de una oferta de servicios orientados a experiencias exclusivas, fortaleciendo la oferta turística del país.
Por su parte, Marco Zablah destacó que el complejo no solo impulsa el turismo, sino que también genera más de 1,000 empleos y contribuye al crecimiento económico local.
El proyecto se posiciona como parte del impulso de Surf City, estrategia que busca consolidar a El Salvador como un destino turístico competitivo a nivel internacional.

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Más de 1,000 jóvenes de San Salvador y La Libertad se unen a la Generación que florece
Gracias al trabajo del Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la Generacio n que Florece se amplía. Actualmente, más de 17,000 jóvenes de todo el país provenientes de instituciones educativas pu blicas ya puedan ejercer su derecho a la educacio n superior. Esto significa
una enorme transformacio n de país.
Ahora, la Dirección de Integración continúa sumando soñadores a esta cuenta, ha salido a buscarlos para invitarlos y animarlos a que sigan esforza ndose por alcanzar su meta,volviéndose protagonistas de su propio futuro, el de su familia y el país.

Como parte de este proceso, el presidente de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, brindo una Masterclass del ADN de la Pobreza y la Cultura de la Integración a más de 1,000 estudiantes del último año de bachillerato de instituciones públicas de San Salvador y La Libertad, quienes ya son parte del Proceso Formativo, un paso previo y esencial que les permitira conquistar su suño de cursar una carrera universitaria, técnica o vocacional, en una de las 37 instituciones de educación superior que tiene convenio con la Dirección de Integración.

Como ellos, miles de jóvenes en todo el país han comenzado a sumarse al Proceso Formativo que tiene lugar a lo largo de este an o. Estos constituyen la tercera ola de una generación que, desde que el modelo integración se convirtio en política pública, esta viendo como sus sueñoos de estudiar y florecer en su tierra se convierten en realidad, gracias a las relaciones integradoras que se han creado entre las comunidades y las instituciones pu blicas y privadas.

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Gobierno supervisa avance del 80 % en obra de paso en Villa Lourdes
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó este día el colado de la losa superior en la construcción del nuevo puente en Villa Lourdes, distrito de Colón, en La Libertad Oeste, como parte de los esfuerzos por restablecer la conectividad en la zona afectada por las lluvias de 2025.
La obra de paso, que presenta un avance del 80 %, busca garantizar una infraestructura segura y accesible para más de 10 mil familias, además de beneficiar a comunidades aledañas que utilizan esta vía para movilizarse hacia el departamento de Sonsonate.
«Tenemos un avance del 80 % en la construcción de obra de paso en Villa Lourdes, Colón. Hoy realizamos un colado de la losa del puente donde empezarán a transitar muy pronto los peatones y los conductores», afirmó el funcionario.
El proyecto surge tras el colapso del antiguo puente durante el invierno pasado, situación que dejó incomunicadas a numerosas familias, quienes debieron utilizar rutas alternas más largas.
Como medida inmediata, las autoridades instalaron una pasarela temporal mientras avanzaban las labores de construcción.
«En este caso estamos reconstruyendo una mejor obra de la que estaba para evitar que vuelvan los riesgos que estaban el año pasado», señaló el ministro, al destacar que la intervención forma parte del Plan Nacional de Mitigación.
La nueva infraestructura tendrá una longitud de 30 metros y representa una inversión superior a los 2 millones de dólares.
Según las autoridades, incluirá un paso peatonal seguro y permitirá la circulación tanto de vehículos como de peatones en condiciones adecuadas.




