Internacionales
Papa finaliza su visita a Bélgica redoblando su punto de vista por el aborto y las mujeres y elogiando a las víctimas de abusos
El Papa Francisco concluyó una visita problemática a Bélgica el domingo redoblando sus puntos de vista tradicionales sobre las mujeres y el aborto y exigiendo que los obispos católicos dejen de encubrir a los sacerdotes depredadores, un escándalo que ha devastado la credibilidad de la Iglesia en todo el mundo.
Francisco revisó los temas clave y espinosos de su viaje a Bélgica durante su conferencia de prensa a bordo del vuelo de regreso a casa, elogiando al difunto rey Balduino de Bélgica como un «santo» por haber abdicado por un día en 1990 en lugar de firmar una legislación que legalizara el aborto.
«Se necesita un político que use pantalones para hacer esto», dijo Francisco, usando una expresión en español. «Se necesita coraje», dijo, añadiendo que el proceso de beatificación de Balduino avanza.
Francisco recibió críticas de algunos en Bélgica por haber rezado en la tumba de Balduino y por calificar la ley del aborto como «homicida», dado que el aborto sigue siendo una cuestión política en Bélgica, con nuevas propuestas para ampliar el límite legal del aborto de 12 a 18 semanas.
«Los médicos que hacen esto son, permítanme la palabra, sicarios. Son sicarios», dijo Francisco. «Y sobre esto no se puede discutir. Están matando una vida humana».
Fue la segunda vez en tantas semanas que a Francisco se le preguntó sobre su opinión sobre el aborto durante una conferencia de prensa a bordo de un vuelo. Al regresar de Asia a principios de este mes y cuando se le preguntó sobre las próximas elecciones estadounidenses, Francisco dijo que los votantes deberían elegir el «mal menor” al elegir entre un candidato que quiere deportar a los inmigrantes y uno que apoya el derecho al aborto, en referencia a Donald Trump y Kamala Harris.
Francisco llama a actuar contra los abusos en la iglesia
Francisco utilizó su única misa en Bélgica para exigir públicamente que los sacerdotes que abusan de los jóvenes sean castigados y que la jerarquía eclesiástica deje de encubrir sus crímenes.
Elogió la valentía de las víctimas que denunciaron sus abusos en comentarios improvisados ante una multitud de unas 30.000 personas en el estadio Rey Balduino de Bruselas. «El mal no debe ocultarse. El mal debe salir a la luz», dijo Francisco entre repetidos aplausos mientras la multitud asimilaba lo que decía.
Francisco se desvió de su homilía preparada el domingo para responder a la reunión que mantuvo con 17 sobrevivientes de abuso el viernes por la noche, donde escuchó de primera mano el trauma y el sufrimiento que soportaron y la respuesta sorda de la iglesia cuando denunciaron los crímenes.
Bélgica ha tenido un lamentable legado de abusos y encubrimiento, ninguno más simbólico de la hipocresía de la Iglesia que el caso del obispo de Brujas, Roger Vangheluwe. Se le permitió retirarse tranquilamente en 2010 después de admitir que había abusado sexualmente de su sobrino durante 13 años.
Francisco recién lo destituyó este año, 14 años después, en una medida que claramente se considera que finalmente soluciona un problema antes de su llegada a Bélgica.
Las víctimas entregaron a Francisco una carta con varias solicitudes, incluido el establecimiento de un sistema eclesiástico universal de reparaciones, ya que muchos dicen que los acuerdos financieros que han recibido de la iglesia ni siquiera cubren los costos de la terapia que muchos necesitan.
Francisco elogió la valentía de las víctimas y reconoció que los acuerdos que muchos han recibido en sentencias civiles, que según él creía tenían un tope de 50.000 euros, no eran suficientes.
«Tenemos la responsabilidad de ayudar a los maltratados y cuidar de ellos», afirmó. «Algunos necesitan ayuda psicológica: (debemos) ayudarlos con esto».
Internacionales
Ataque armado deja seis muertos y un herido en Guatemala; investigan disputa por venta de drogas
Al menos seis personas, entre ellas un adolescente de 17 años, murieron y una resultó herida durante un ataque armado registrado en la periferia sur de Ciudad de Guatemala, informó este domingo la Policía Nacional Civil.
El hecho ocurrió la noche del sábado dentro de una vivienda ubicada en la aldea urbana Boca del Monte, en el municipio de Villa Canales, donde desconocidos ingresaron y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar.
De acuerdo con el reporte policial, las víctimas estaban «conviviendo» durante la celebración de un cumpleaños cuando los atacantes realizaron los disparos, en el momento en que se quemaban fuegos artificiales en la calle.
Un vocero de la Policía indicó a AFP que, según las primeras investigaciones, el ataque estaría relacionado con una disputa de «territorio» entre grupos dedicados al «narcomenudeo» en el sector.
Las autoridades atribuyen casi la mitad de la violencia registrada en Guatemala al narcotráfico y a pandillas que se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.
Según cifras oficiales, Guatemala cerró el año pasado con una tasa de homicidios de 16.1 por cada 100,000 habitantes, una cifra que supera en más del doble el promedio mundial.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este domingo a Estados Unidos de intentar «apropiarse del país» mediante lo que calificó como una «política genocida», en referencia a las sanciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
Desde enero, el gobierno estadounidense aplica una política de máxima presión sobre la isla. Al embargo económico vigente desde 1962 se han sumado un bloqueo petrolero y nuevas sanciones dirigidas contra empresas y dirigentes cubanos.
Según el mandatario cubano, estas medidas han provocado una fuerte caída del turismo y de la entrada de divisas, además de la salida de numerosas empresas extranjeras del país. Las sanciones más recientes, anunciadas el jueves, están dirigidas contra el programa de misiones médicas cubanas en el extranjero, una de las principales fuentes de ingresos de Cuba.
«Cuba lidera hoy una batalla histórica (…) contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel durante un acto por el Día de la Rebeldía Nacional, celebrado en la ciudad de Pinar del Río, ubicada a unos 190 kilómetros de La Habana.
El jefe de Estado participó en la conmemoración del 73.º aniversario del ataque al cuartel Moncada, realizado en 1953 por Fidel Castro (1926-2016) en el este de la isla y considerado el inicio de la Revolución Cubana.
Durante su discurso, Díaz-Canel afirmó que «el bloqueo es un arma de guerra y provoca muertes» y sostuvo que Washington busca generar en Cuba, al igual que en otros países, un «estallido social con el único propósito de imponer gobiernos afines a los intereses imperiales».
Las declaraciones del mandatario se producen en medio de una crisis energética que mantiene cortes de electricidad de más de 30 horas en La Habana y de varios días consecutivos en otras provincias. Además, durante julio se registraron tres apagones generales que afectaron a los 9.4 millones de habitantes del país.
En la capital cubana también se han registrado manifestaciones de forma regular, especialmente durante la noche. Los ciudadanos golpean cacerolas y queman montones de basura en las calles para expresar su descontento por la escasez de alimentos y los constantes cortes de energía eléctrica y agua.
Ante este escenario, Díaz-Canel hizo un llamado a la «unidad» e instó a implementar con «prioridad estratégica» un paquete de 176 medidas de libre mercado aprobadas en junio por el Parlamento.
Por su parte, Trump sostiene que Cuba, ubicada a 150 kilómetros de las costas de Florida, representa «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y en varias ocasiones ha amenazado con «tomar el control» del país.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresó este domingo a su país, casi ocho meses después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico.
Hernández arribó en un vuelo privado al aeropuerto de Palmerola, ubicado a 60 kilómetros al noroeste de Tegucigalpa. En la pista fue recibido por su familia, mientras que cientos de simpatizantes lo esperaban fuera de la terminal aérea.
El exmandatario obtuvo el perdón antes de las elecciones presidenciales de noviembre pasado, en las que su copartidario conservador Nasry Asfura resultó electo por un estrecho margen, luego de que Trump advirtiera que suspendería la ayuda a Honduras si este no era elegido.
«Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump», declaró a AFP Ana García, esposa del expresidente. García sostuvo que Hernández ha sido víctima de una «persecución» y se arrodilló en la pista para orar tras su llegada.
Aunque recuperó la libertad, Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, deberá enfrentar ahora a la justicia hondureña. Está acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013.
Un juez suspendió la orden de captura en su contra bajo el compromiso de que se presentará voluntariamente ante las autoridades, decisión que permitió a su familia y seguidores organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.
«Estamos muy contentos» de recibirlo, expresó a AFP la simpatizante Eva Amador, de 56 años, quien portaba una pancarta de agradecimiento dirigida a Trump.
El exmandatario, de 57 años, comparecerá el próximo 3 de agosto ante una corte por acusaciones de fraude y lavado de activos, cargos de los que se declara «inocente».
Para Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el retorno de Hernández representa «una prueba para la independencia» del sistema judicial hondureño y «reabre el debate sobre la impunidad» tras las críticas generadas por el indulto concedido por Trump.
Condena por narcotráfico e indulto
En junio de 2024, un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de prisión, dos años después de que fuera extraditado desde Honduras.
La justicia estadounidense lo declaró culpable de colaborar en el ingreso de cientos de toneladas de cocaína producida en Colombia hacia Estados Unidos, en alianza con narcotraficantes, entre ellos el mexicano Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien cumple cadena perpetua en ese país.
La fiscalía lo acusó de convertir a Honduras en un «narco-Estado» y en una «superautopista» para el tráfico de drogas. Durante el juicio, un testigo colaborador afirmó que Hernández habría dicho: «Le vamos a meter la droga a los gringos en sus narices y no se van a dar ni cuenta».
La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto otorgado por Trump, quien sostiene que Hernández fue víctima de un «montaje» impulsado durante la administración del expresidente Joe Biden (2021-2025).
Hace tres meses, el medio digital Diario Red, fundado por el exvicepresidente del Gobierno español Pablo Iglesias, difundió audios que supuestamente revelan que el indulto formaba parte de un plan de varios gobiernos para convertir a Hernández en un operador contra la izquierda en la región.
Según esas publicaciones, denominadas «Hondurasgate», Estados Unidos, Israel, Honduras y Argentina habrían participado en la supuesta trama. Hernández calificó esas versiones de falsas y afirmó: «Claramente no es mi voz». Por su parte, Nasry Asfura, señalado de haberle ofrecido dinero, no se pronunció.
Bienes decomisados y legado político
Tras su captura en 2022, a Hernández le fueron decomisados 131 bienes, entre ellos 32 inmuebles, incluyendo casas, terrenos y fincas. De acuerdo con Ana García, esas propiedades fueron heredadas por el exmandatario y deben ser devueltas.
Durante su administración, Hernández promovió las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 con el objetivo de atraer inversiones.
Las ZEDE fueron declaradas inconstitucionales en 2024 por ser consideradas un «Estado dentro del Estado», aunque algunas, como Próspera, continúan operando.
El expresidente también logró un segundo mandato en 2017, pese a que la Constitución hondureña prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema permitió su candidatura y, tras imponerse en unos comicios cuestionados por denuncias de fraude, decretó un toque de queda durante las protestas, las cuales dejaron una treintena de fallecidos.
