Internacionales
Modelo Bukele contribuye a reducir índice de homicidios en Argentina
La aplicación del modelo Bukele en el área de seguridad en Argentina ha tenido como resultado una drástica disminución en la tasa de homicidios que la nación suramericana venía arrastrando los últimos 25 años, periodo en el que estuvo a punto de alcanzar los dos dígitos en dicho indicador.
«Es una gran inspiración para lo que estamos haciendo en Argentina», ha dicho sobre el modelo Bukele el ministro de Justicia de esa nación, Mariano Cúneo Libarona. Y es que esa «inspiración» los ha llevado a tener al cierre de 2024 una tasa de homicidios de 3.8 por cada 100,000 habitantes, lo que representa un descenso del 50 % (3.8 puntos) respecto a la registrada en el año 2000, cuando fue de 7.6 por cada 100,000 habitantes. En 2023 fue de 4.4.
El presidente argentino Javier Milei se mostró congratulado por la reducción significativa de los asesinatos en el país, y externó felicitaciones a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «@PatoBullrich felicitaciones por mejorar la calidad de vida de todos los argentinos de bien (esto es, salvo la de los delincuentes). Viva la libertad carajo», escribió en su cuenta en X.
La reacción del mandatario ocurrió tras conocerse información difundida por medios de prensa nacionales e internacionales que destacaban la caída drástica de la tasa de homicidios en los últimos 25 años en Argentina.
Milei, quien inició la gestión presidencial en diciembre de 2023, ha repetido que la mayor demanda de sus compatriotas «es bajar la inflación, y la otra es que terminemos con la inseguridad».
«La tasa de homicidios en la Argentina registró una fuerte caída en 2024, al ubicarse en 3.8 por cada 100,000 habitantes, la menor cifra desde el año 2000», suscribió en su sitio web la revista Infobae, añadiendo que «ese resultado dejó al país en segundo lugar en la región, detrás de El Salvador, que viene aplicando una política de extrema mano dura».
«Este logro demuestra que con decisión y políticas firmes, podemos vivir en un país más seguro», escribió por su parte en la misma red social la ministra Bullrich, reiterando que «bajamos la tasa de homicidios al 3.8 por cada 100,000 habitantes, la más baja desde que se tienen estadísticas», y recordando que «el año pasado, durante el gobierno kirchnerista, el número fue 4.4».
Bullrich visitó El Salvador en junio del año pasado, durante cuatro días, para conocer el método que emplea el gobierno del presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas, el crimen común y organizado, y el narcotráfico.
«La ministra está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras. De ser el país más violento del mundo y tener 145 homicidios por cada 100,000 habitantes, pasó a tener 2 por cada 100,000», informó el gobierno argentino a razón de la visita.
Durante su visita la ministra se reunió con funcionarios del gabinete de seguridad pública del gobierno de Bukele, también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), entre otras actividades realizadas en el marco de su agenda que tenía como punto central el tema de la seguridad pública.
Con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, Bullrich suscribió luego un acuerdo de trabajo para fortalecer la lucha contra el crimen. «El acuerdo representa una alianza estratégica y un compromiso entre ambas naciones para unir esfuerzos en favor de la prevención de la violencia y enfrentar con firmeza a los grupos del crimen organizado», informó el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador.
Añadió que «como parte del trabajo conjunto a desarrollar se crearán espacios de análisis especializado para diseñar estrategias y desarrollar herramientas innovadoras que permitan combatir con efectividad a los grupos criminales».
El Salvador y Argentina firmaron en septiembre de 2024, durante la visita de Estado del presidente Bukele a esa nación, una serie de acuerdos en materia de seguridad pública. «Firmé un acuerdo histórico con El Salvador que refleja un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo que venimos llevando adelante», informó Bullrich en X.
De acuerdo a registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de Argentina en el año 2001 la tasa de homicidios fue de 8.5, el siguiente año subió a 9.5, mientras que en el 2003 se ubicó en 7.8.
Revelan además que los años 2013 y 2014 hubo un alto índice de homicidios en Argentina, pues se ubicó en 7.5 y 7.6 por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Luego se registraron una serie de fluctuaciones en dicho indicador de violencia homicida, siendo la tasa más baja de 4.2 y la más alta de 6.6 por cada 100,000 habitantes; hasta el año anterior que se redujo a 3.8.
Después de tres años de negociaciones, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron el miércoles un acuerdo histórico para enfrentar pandemias, anunció la entidad.
«Los Estados miembros de la OMS han dado un gran paso adelante en sus esfuerzos por conseguir un mundo más seguro frente a las pandemias, al elaborar un proyecto de acuerdo que se debatirá en la próxima Asamblea Mundial de la Salud, en mayo», indicó la OMS en un comunicado.
El acuerdo se alcanzó cerca de las 02H00 (00H00 GMT) del miércoles, dijo un delegado a la AFP. «Las naciones del mundo han hecho historia hoy en Ginebra», expresó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
«Al llegar a un consenso sobre el Acuerdo de Pandemia, no sólo han puesto en marcha un acuerdo generacional para hacer el mundo más seguro, sino que también han demostrado que el multilateralismo está vivo y bien, y que en nuestro mundo dividido, las naciones todavía pueden trabajar juntas para encontrar un terreno común y una respuesta compartida a las amenazas comunes», agregó Tedros.
Cinco años después de que el covid-19 comenzara matar a millones de personas y devastara economías, un sentido de urgencia creciente dominó las conversaciones, en medio del surgimiento de nuevas amenazas sanitarias como la gripe aviaria, el sarampión y el ébola.
El principal escollo en las discusiones fue el artículo 11, sobre la transferencia de tecnología para la fabricación de productos de salud ligados a las pandemias, sobre todo en beneficio de los países en desarrollo.
Ese tema fue motivo de numerosos reclamos de los países más pobres durante la pandemia del covid-19, cuando vieron cómo los ricos acaparaban dosis de vacunas y pruebas del coronavirus.
Varios países donde la industria farmacéutica representa parte importante de su economía se oponen a la transferencia obligatoria e insisten en su carácter voluntario.
Finalmente se alcanzó un consenso sobre el principio de la transferencia tecnológica «de mutuo acuerdo».
Doscientas personas por cada 10,000 habitantes se han convertido en víctimas de las extorsiones en Perú. Este es un problema que mantiene en vilo a la ciudadanía, que debe tener un fondo extra para pagar a los delincuentes y no poner en riesgo su vida.
La tensión llegó a su límite la semana pasada, especialmente cuando no cuentan con el respaldo del Gobierno ni del Congreso. Las protestas o exigencias de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte no hacen eco en el Ejecutivo ni en los parlamentarios. La semana pasada cientos de personas bloquearon calles y se manifestaron frente al Congreso en espera de una respuesta a sus demandas.
La agonía que viven las familias fue externada desde el año pasado, pero en lugar de un cambio la criminalidad opera con más fuerza en las comunidades.
La principal fuente de extorsión son las organizaciones delictivas y, aunque este delito se asocia al control territorial de los grupos, en el país sudamericano ha escalado adaptándose al perfil de las víctimas, de acuerdo con el estudio «¿Cómo combatir la extorsión en el Perú?», de la organización sin fines de lucro Lab-Co, con sede en México y El Salvador.
El informe, con registros de la Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior, reveló que de enero a agosto de 2023 hubo 12,936 denuncias por extorsión, y entre ellas la más frecuente es el «gota a gota», un mecanismo que empieza como un préstamo de manera informal y que conlleva a situaciones de impago para luego proceder a la extorsión, ya sea de forma presencial o virtual.
Una vez establecido el préstamo, las bandas operan mediante un aumento de los intereses, los cuales incrementan de manera excesiva por cada día de retraso.
Si se incumple una cuota, obligan a reiniciar los pagos desde cero, y frecuentemente presionan a las víctimas para que adquieran nuevos préstamos, se explica en la investigación. Del «gota a gota» existen 30 veces más registros de extorsión que otros tipos.
De las 3,060 denuncias recibidas entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2023, un total de 463 fueron por extorsión en modalidad de préstamos gota a gota. De las denuncias recibidas, el 57 % fueron de mujeres.
En cuanto a las formas de pago, 54 % fueron a través de una aplicación, 23 % a una cuenta bancaria y 14 % fueron realizadas de manera presencial. Los préstamos van desde los $66 a los $1,341.
También se encuentra el «chalequeo», un cobro por un servicio de seguridad dirigido a unidades de transporte o comercios grandes. Las bandas ofrecen sus servicios de protección para evitar las amenazas de su misma organización. Otro método es el «cobro de cupos y cuotas» diseñado para obras de construcción civil, puestos de transportistas y trabajadoras sexuales.
Las organizaciones criminales han instaurado un sistema de cobros ilícitos en cada proyecto de construcción en desarrollo. En esta modalidad se incluye al sector informal, ya que los vendedores deben pagar por lugares o plazas donde circula el comercio.
Cuando los usuarios recurren a créditos de manera virtual facilitan a los delincuentes el uso de datos personales obtenidos en sus celulares o extorsionar a sus contactos. De 2021 a 2023, un total de 3,730,802 personas descargaron aplicaciones de préstamos informales en sus dispositivos móviles, de acuerdo con el estudio. A esta modalidad se denomina «aplicativos informales de préstamo».
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) difundió una lista de 29 aplicaciones de préstamos informales identificadas hasta mayo de ese mismo año.
Un informe del Instituto Peruano de Economía y Asociación de Bancos del Perú reveló que 580,000 familias peruanas debían pagar una tasa anual de interés de por lo menos 500 %, y el 35 % de esas familias (más de 200,000) recibieron amenazas o fueron presionadas.
En algunos casos nunca solicitaron un financiamiento. El «escopetazo/extorsión desde cárceles» funciona con el envío masivo de mensajes o llamadas extorsivas, y quienes responden a los mensajes son acosados constantemente.
El techo del club nocturno Jet Set se derrumbó la madrugada del 8 de abril. Desde el aire puede verse el agujero que quedó en la estructura colapsada, entre máquinas de aire acondicionado y plantas eléctricas que pesaban toneladas.
El incidente ocurrió durante un concierto del popular cantante de merengue Rubby Pérez, quien falleció en el lugar.
La ministra de Interior, Faride Raful, informó que hay «un número de víctimas mortales del siniestro acontecido que asciende en este momento a 231 fallecidos: 221 que fueron levantados en la zona y 10 más que fueron levantados en hospitales».
El servicio de salud pública informó que 12 pacientes permanecen hospitalizados, de los cuales tres tienen pronóstico reservado. Otros dos fueron dados de alta y otro fue trasladado a Puerto Rico, de donde es originario, por pedido de su familia.
La identificación y entrega de los cuerpos de los fallecidos terminó la madrugada del sábado.
«Vacío en la ley»
El gobierno dominicano ordenó una investigación sobre este suceso a través de una comisión de expertos nacionales y extranjeros.
El presidente Luis Abinader dijo que iba a a «respetar que se haga justicia como tiene que hacerse justicia».
«No van a encontrar ningún tipo de incidencia del gobierno en los aspectos de justicia», añadió en su rueda de prensa semanal.
Expertos coincidieron en que una sobrecarga de la estructura, combinada con una pobre fiscalización, desencadenaron la tragedia.
Abinader explicó que no hay una ley que obligue una revisión de edificios privados en el país e indicó que el ministerio de Vivienda trabaja en un proyecto legislativo sobre este tema.
«Hay un vacío en la ley que tenemos que solucionar», señaló.
El techo de la Jet Set no tenía columnas para aliviar la carga y tampoco estaban reforzadas las columnas laterales.
La discoteca reportó un incendio en 2023 después de que un rayo impactara la planta eléctrica del establecimiento. Los bomberos descartaron entonces que el edificio quedara comprometido.
«Ese techo aplastó a todo el mundo, a mí me dejó atrapada hasta la cintura y a mi esposo lo enterró», dijo a la AFP Marisol Chalas. Ambos sobrevivieron.
