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Modelo Bukele contribuye a reducir índice de homicidios en Argentina
La aplicación del modelo Bukele en el área de seguridad en Argentina ha tenido como resultado una drástica disminución en la tasa de homicidios que la nación suramericana venía arrastrando los últimos 25 años, periodo en el que estuvo a punto de alcanzar los dos dígitos en dicho indicador.
«Es una gran inspiración para lo que estamos haciendo en Argentina», ha dicho sobre el modelo Bukele el ministro de Justicia de esa nación, Mariano Cúneo Libarona. Y es que esa «inspiración» los ha llevado a tener al cierre de 2024 una tasa de homicidios de 3.8 por cada 100,000 habitantes, lo que representa un descenso del 50 % (3.8 puntos) respecto a la registrada en el año 2000, cuando fue de 7.6 por cada 100,000 habitantes. En 2023 fue de 4.4.
El presidente argentino Javier Milei se mostró congratulado por la reducción significativa de los asesinatos en el país, y externó felicitaciones a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «@PatoBullrich felicitaciones por mejorar la calidad de vida de todos los argentinos de bien (esto es, salvo la de los delincuentes). Viva la libertad carajo», escribió en su cuenta en X.
La reacción del mandatario ocurrió tras conocerse información difundida por medios de prensa nacionales e internacionales que destacaban la caída drástica de la tasa de homicidios en los últimos 25 años en Argentina.
Milei, quien inició la gestión presidencial en diciembre de 2023, ha repetido que la mayor demanda de sus compatriotas «es bajar la inflación, y la otra es que terminemos con la inseguridad».
«La tasa de homicidios en la Argentina registró una fuerte caída en 2024, al ubicarse en 3.8 por cada 100,000 habitantes, la menor cifra desde el año 2000», suscribió en su sitio web la revista Infobae, añadiendo que «ese resultado dejó al país en segundo lugar en la región, detrás de El Salvador, que viene aplicando una política de extrema mano dura».
«Este logro demuestra que con decisión y políticas firmes, podemos vivir en un país más seguro», escribió por su parte en la misma red social la ministra Bullrich, reiterando que «bajamos la tasa de homicidios al 3.8 por cada 100,000 habitantes, la más baja desde que se tienen estadísticas», y recordando que «el año pasado, durante el gobierno kirchnerista, el número fue 4.4».
Bullrich visitó El Salvador en junio del año pasado, durante cuatro días, para conocer el método que emplea el gobierno del presidente Nayib Bukele para enfrentar a las pandillas, el crimen común y organizado, y el narcotráfico.
«La ministra está interesada en toda la estructura que permitió bajar drásticamente el delito en El Salvador que hasta hace no mucho tiempo fue un país dominado por la violencia de las maras. De ser el país más violento del mundo y tener 145 homicidios por cada 100,000 habitantes, pasó a tener 2 por cada 100,000», informó el gobierno argentino a razón de la visita.
Durante su visita la ministra se reunió con funcionarios del gabinete de seguridad pública del gobierno de Bukele, también visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), entre otras actividades realizadas en el marco de su agenda que tenía como punto central el tema de la seguridad pública.
Con el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, Bullrich suscribió luego un acuerdo de trabajo para fortalecer la lucha contra el crimen. «El acuerdo representa una alianza estratégica y un compromiso entre ambas naciones para unir esfuerzos en favor de la prevención de la violencia y enfrentar con firmeza a los grupos del crimen organizado», informó el Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador.
Añadió que «como parte del trabajo conjunto a desarrollar se crearán espacios de análisis especializado para diseñar estrategias y desarrollar herramientas innovadoras que permitan combatir con efectividad a los grupos criminales».
El Salvador y Argentina firmaron en septiembre de 2024, durante la visita de Estado del presidente Bukele a esa nación, una serie de acuerdos en materia de seguridad pública. «Firmé un acuerdo histórico con El Salvador que refleja un cambio de paradigma en la lucha contra el narcoterrorismo que venimos llevando adelante», informó Bullrich en X.
De acuerdo a registros del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) de Argentina en el año 2001 la tasa de homicidios fue de 8.5, el siguiente año subió a 9.5, mientras que en el 2003 se ubicó en 7.8.
Revelan además que los años 2013 y 2014 hubo un alto índice de homicidios en Argentina, pues se ubicó en 7.5 y 7.6 por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Luego se registraron una serie de fluctuaciones en dicho indicador de violencia homicida, siendo la tasa más baja de 4.2 y la más alta de 6.6 por cada 100,000 habitantes; hasta el año anterior que se redujo a 3.8.
Los sujetos fueron presentados como Juan Carlos «N», de 33 años, y Jesse Kevin «N», de 22 años, miembros de una célula delictiva presuntamente implicada en secuestro y tráfico de drogas y armas.
Las investigaciones determinaron que Juan Carlos «N» tomó parte «en una agresión a una familia que se trasladaba en un vehículo» y que tuvo como saldo la muerte de los niños, según un comunicado conjunto de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, la Guardia Nacional y la fiscalía federal.
Alexander, de 9 años; Gael, de 12; y el padre de ambos, Antonio Sarmiento, murieron el 19 de enero tras quedar atrapados en medio de un tiroteo en Culiacán, la capital de Sinaloa.
Desde septiembre, esa ciudad ha sido azotada por la guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, uno de los más poderosos de México y designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera.
Aunque la escalada criminal amainó en semanas recientes por el vasto operativo de las autoridades federales, hasta enero dejó un saldo de al menos 750 muertos y 900 desaparecidos, según cifras oficiales.
También desató la indignación de los habitantes de Culiacán, que salieron por miles a marchar a finales de enero exigiendo justicia por las muertes de Alexander y Gael.
La detención de los hombres fue resultado del cateo de tres inmuebles donde además fueron incautados 20 kg de cocaína, cristal, precursores químicos, 10 armas -incluida una ametralladora calibre 50-, municiones y seis vehículos, detalló por su parte el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.
«Esto es resultado del fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa», agregó el funcionario en su mensaje.
Desde diciembre de 2006, cuando se lanzó un polémico operativo militar antidrogas, México acumula más de 480.000 muertes violentas y decenas de miles de desapariciones, según cifras oficiales.
El fiscal general Alejandro Gertz informó en la conferencia de prensa presidencial que se trata de «un asunto de carácter federal», tras la captura de un presunto operador del cartel Jalisco Nueva Generación, que brindó a las autoridades información sobre el caso.
«En este momento es un asunto de carácter federal, está ocupado ese sitio por las autoridades federales y están entrando los peritos (expertos forenses) para determinar la realidad de lo que ahí hay», dijo el funcionario.
El colectivo de búsqueda Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el 5 de marzo que localizó ropa y restos óseos calcinados en esta finca, a la que organizaciones civiles describieron como un «campo de adiestramiento y exterminio».
Pero el lunes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que hasta el momento solo está confirmado que se trata de un «centro de adiestramiento» del crimen organizado.
García Harfuch reconoció sin embargo que en el lugar se cometieron asesinatos de personas que se resistían a ser reclutadas.
Según las primeras indagatorias, numerosas personas fueran llevadas allí con falsas ofertas de trabajo para finalmente ser obligadas a recibir entrenamiento para sumarse a la organización delictiva.
La Fiscalía General está asumiendo las investigaciones que fueron iniciadas por la fiscalía estatal, que debe entregar toda la información en su poder.
El Gobierno de México presentó parte de las acciones previstas para la alerta, búsqueda y localización de personas que contemplan las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, entre ellas, la creación de una Plataforma Única de Identidad.
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, explicó que la Plataforma Única de Identidad será la principal identificación de las personas desde su nacimiento.
«Se incorpora la CURP (Clave Única de Registro de Población) como mecanismo de identidad oficial con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real», señaló Godoy durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.Indicó que el objetivo es «interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares».
Godoy expresó que con esto será posible alimentar y actualizar el Banco de Datos Forenses y facultar a las fiscalías locales para robustecer sus capacidades de búsqueda e investigación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) «deberá permitir consultas en tareas de investigación, principalmente en actividades del gabinete de seguridad. Todas las personas en México tendrán esta identidad, la CURP», agregó.
De igual forma, comentó que se pondrá en marcha el nuevo Sistema Nacional de Alerta, el cual operará como un mecanismo de inteligencia artificial, identificando coincidencias entre bases de datos gubernamentales y privadas.
También está previsto que las empresas de telecomunicaciones, cementerios y crematorios se integren a la red, respetando la ley de protección de datos.Godoy comentó que también se crea la Base nacional de carpetas de investigación de personas desaparecidas y no localizadas.
Señaló que se abrirá «una carpeta de investigación de manera inmediata ante cualquier denuncia por desaparición sin dilación alguna, nada de ’72 horas’», lo que permitirá generar alertas en tiempo real para todas las fiscalías y autoridades vinculadas a la búsqueda de personas.
Señaló que la Base «estará integrada en los 180 días máximo, una vez entrada en vigor esta reforma».
