Internacionales
Hombres armados mataron a unas 40 personas en el centro de Nigeria
El ataque ocurrió el lunes por la noche en el distrito de Wase, en el estado de Plateau, una región que, desde hace tiempo, es escenario de conflictos entre comunidades, mineros y relacionados con la tierra.
El estado de Plateau, situado en la línea de demarcación entre el norte Nigeria, mayoritariamente musulmán, y el sur, predominantemente cristiano. Allí, los enfrentamientos entre comunidades son frecuentes entre pastores nómadas y agricultores.
Además, en esa zona el cambio climático también ha hecho que se incrementen las tensiones por el acceso a los recursos terrestres, hídricos y minerales.
«Unos bandidos armados en moto invadieron el pueblo de Zurak, tirando disparos e incendiando casas», declaró por teléfono a AFP el comisario para la información del estado de Plateau, Musa Ibrahim Ashoms.
«Hasta ahora se ha confirmado la muerte de una cuarentena de personas», añadió.
Un cargo local encargado de Juventud, Shafi’i Sambo, también declaró que al menos 42 personas murieron en ese asalto.
«Desde las 17H00 hasta la medianoche, dispararon contra cualquiera que estuviera fuera, también secuestraron a gente, algunas personas huyeron al monte», explicó.
Los vecinos de Zurak viven sobre todo de la minería.
«No hay ninguna seguridad, se han encontrado cuerpos y seguimos buscando», comentó otro lugareño, Adamu Maikasuwa Saluwe.
Para Saluwe, este tipo de incidentes «constituye una amenaza para la seguridad alimentaria de la región», pues el ataque, en el que murió gente y «se destruyeron bienes», se produjo justo antes de la época de labranza.
La región es reputada por sus importantes reservas de estaño, zinc y plomo, y en ella han invertido empresas nigerianas y extranjeras.
Las actividades mineras ilegales están muy extendidas, lo que da lugar a tensiones frecuentes y a enfrentamientos intercomunitarios.
Crisis de seguridad y humanitaria
Además, en algunas regiones del noroeste y del centro de Nigeria también campan bandas criminales fuertemente armadas, que saquean aldeas y llevan a cabo secuestros masivos para obtener rescates.
Desde hace años, los agricultores de esa zona acusan a los pastores de destrozar sus cultivos con su ganado, y esto da lugar a menudo a violentas disputas.
Los enfrentamientos, agravados por el cambio climático y la explosión demográfica del país, de 215 millones de habitantes, han desembocado en una grave crisis de seguridad y humanitaria.
El estado de Plateau fue escenario de unos violentos enfrentamientos entre comunidades en diciembre de 2023, que se cobraron la vida de 200 personas durante el fin de semana de Navidad.
En enero, varios ataques dejaron más de 50 muertos y miles de desplazados en esa provincia.
Estos incidentes forman parte de los principales desafíos en términos de seguridad a los que se enfrenta el presidente Bola Ahmed Tinubu, quien hizo campaña prometiendo que reduciría la inseguridad.
El mandatario busca atraer inversiones extranjeras para la primera economía africana y, también, el país más poblado del continente.
Durante la mañana del domingo recién pasado, un trágico accidente tuvo lugar en la comunidad de Nizanda, Oaxa, México, cuando el Tren Interoceánico que transportaba a 250 personas se descarriló, dejando devastación a su paso.
Como resultado del accidente vial, al menos 13 personas perdieron la vida, 98 más heridos, y 36 personas hospitalizadas, entre ellas 5 de gravedad.
A pesar que las autoridades declararon que fue un accidente simple, diversas opiniones surgen al respecto, ya que desde su construcción en 2023 diversos expertos señalaron la baja calidad de los materiales y el mal estado de las vías.
Luego de las constantes e intensas lluvias registradas el fin de semana en Sudáfrica, se reortó el colapso del techo del centro comercial Northgate, en Randburg, Johannesburgo, destruyendo parte del inmueble con la inundación.
Este accidente provocó severos daños materiales en el inmueble, pero hasta el momento, no se reportan personas lesionadas o fallecidos, ya que el hecho ocurrió en horas de la noche.
Las personas que se encontraban aún en el establecimiento mostraron su pánico mediante gritos y muestras de preocupación ante lo que sus ojos presenciaban.
Por su parte, las autoridades evaluaban la seguridad de la estructura y el alcance de las afecciones en la zona afectada del centro comercial.
La Comunidad Chino Panameña exigió una investigación formal y la reconstrucción del Parque Mirador de Las Américas tras su desmantelamiento, ocurrido la noche del 27 de diciembre de 2025 en el distrito de Arraiján.
El hecho, atribuido a la alcaldía local, ha generado una ola de rechazo por la ausencia de notificación, consulta pública y diálogo previo con las organizaciones representativas del colectivo.
Según denunciaron, la intervención se realizó sin cumplir principios básicos de transparencia, legalidad y participación ciudadana, lo que impidió preservar elementos patrimoniales y resguardar el valor simbólico del espacio.
Para la comunidad, la decisión constituye una actuación arbitraria y carente de sensibilidad intercultural, incompatible con una gestión responsable del patrimonio conmemorativo.
El parque fue concebido como un lugar de memoria colectiva para honrar a los primeros inmigrantes chinos que contribuyeron de manera decisiva al desarrollo del país, particularmente en obras emblemáticas como el Ferrocarril de Panamá y el Canal de Panamá.
La obra fue impulsada y financiada con el esfuerzo directo de ciudadanos de la comunidad china panameña, en el marco de los 150 años de presencia de esta colectividad en Panamá, como símbolo de integración entre la herencia cultural china y la identidad nacional.
Desde junio de 2024, representantes comunitarios sostuvieron gestiones ante la alcaldía de Arraiján para abordar la situación del parque, sin obtener respuestas concretas, afirmó Alex Gao, presidente de la Asociación China de Panamá.
“Solicitamos una investigación sobre el procedimiento y la posibilidad de reconstruir el parque en su ubicación original”, reiteró.
La comunidad hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para respetar la memoria histórica, garantizar procesos participativos y asegurar que decisiones sobre espacios conmemorativos se adopten con diálogo, criterios técnicos y respeto cultural, evitando precedentes que vulneren la dignidad colectiva de las comunidades que forman parte del país.
