Internacionales
California condena a dos mujeres por someter a migrantes a trabajo esclavo
Dos mujeres fueron condenadas en una corte de California por someter a migrantes a condiciones de trabajo esclavo, informó el departamento de justicia en un comunicado divulgado esta semana.
Nery Martínez y Maura Martínez, ambas de 54 años, deberán cumplir penas de seis años y medio y tres años, respectivamente, por mantener a una madre y dos hijas cumpliendo extensas jornadas de trabajo bajo amenazas y extorsión, y con poca o ninguna remuneración.
«Estas acusadas abusaron de víctimas vulnerables, obligándolas a trabajar en sus comercios, sin pagarles y privándolas de los más básicos derechos humanos», dijo el fiscal del distrito este de California, Phillip A. Talbert.
En 2016, la pareja, que tenía un restaurante y un servicio de limpieza en el condado de Shasta (norte de California), «convenció a las víctimas, una mujer de Guatemala y sus dos hijas de 15 y 8 años, de venir a Estados Unidos prometiendo una vida mejor», detalla el comunicado.
Las acusadas pagaron el viaje y una vez en territorio estadounidense, con visas temporales, obligaron a la familia a trabajar para pagar casi el triple de lo pagado inicialmente, de acuerdo con documentos de la corte.
«Cuando la víctima adulta se quejó y quiso irse, las acusadas las amenazaron diciéndoles que las harían arrestar por ilícitos migratorios a menos que continuaran las largas jornadas por poca remuneración», agrega el texto.
La madre y la hija mayor debían trabajar doce horas por día sin ningún día de descanso en los comercios de la pareja, y la hija menor otras varias horas sin remuneración, de acuerdo con informaciones de medios locales.
Las hijas eran golpeadas físicamente por una de las mujeres. La familia era mantenida en un trailer «destruido, sin calefacción ni agua, y eran humilladas y degradadas en frente de otros».
Las acusadas deberán pagar multas y resarcir con 300,000 dólares a las víctimas.
El yerno del líder del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en Estados Unidos, tras fingir su propia muerte, informó este jueves el Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales estadounidenses, «Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, de 37 años, comenzó a trabajar para el CJNG, uno de los cárteles de drogas más violentos de México, en torno a 2014».
Coordinó personalmente en México el transporte y la distribución de unos 40.000 kilos de metanfetamina y aproximadamente 2.000 kilos de cocaína, destinados a Estados Unidos, donde vivía en la opulencia.
Gutiérrez-Ochoa supuestamente promovió las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero del CJNG, señaló el comunicado.
En 2021 secuestró presuntamente a dos miembros de la Armada de México en un intento por obtener la liberación de la esposa de su suegro, Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’, que había sido arrestada por las autoridades de ese país.
Tras ser procurado en México, Gutierrez-Ochoa huyó a Estados Unidos, asumió una identidad ficticia y pasó a residir en una lujosa residencia en Riverside (California, oeste) comprada con fondos del lavado de dinero del CJNG».
Según la justicia estadounidense, «El Mencho» pudo haberle ayudado en su plan para fingir su propia muerte diciendo a sus socios que él lo asesinó por mentiroso.
Esto le ayudó a infiltrarse en Estados Unidos para estar con la hija de «El Mencho».
El Cártel de Jalisco «está más débil debido al arresto de un líder que supuestamente simuló su propia muerte y asumió una identidad falsa para evadir la justicia y vivir una vida de lujo en California», dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco, citada en un comunicado.
Este cártel ha desatado una violencia sin precedentes en México y ayuda a alimentar la mortal crisis de drogas en Estados Unidos, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
Gutiérrez-Ochoa se expone a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
