Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
El impactante colapso de una carretera en el distrito indonesio de Bener Meriah quedó registrado en un video sembrando el pánico entre los residentes.
El derrumbe ocurrió cuando un socavón, formado por la intensa erosión del agua, cedió por completo bajo la fuerza del paso hidráulico.
En las imágenes se aprecia cómo el asfalto se quiebra y se desploma en cuestión de segundos, mientras los vecinos observan sin poder creer lo que estaba sucediendo.
El episodio tuvo lugar en un contexto de graves inundaciones que continúan devastando amplias zonas de la isla de Sumatra.
El balance oficial es estremecedor: al menos 770 personas fallecieron y hay centenares de desaparecidos.
Fuentes de inteligencia penitenciaria y un explosivo dossier internacional confirman que Jorge Alberto Gaitán Castro, el polémico empresario guatemalteco acusado de liderar una red transnacional de fraude millonario y blanqueo de capitales, estaría ejecutando un sofisticado plan de fuga desde el Preventivo de la Zona 18 (Mariscal Zavala), donde disfruta de privilegios que ningún reo común siquiera sueña.
Gaitán Castro, detenido desde marzo de 2025 y con orden de extradición activa a El Salvador además de alerta roja de Interpol por vínculos con fugitivos estadounidenses, lleva meses pagando 5.000 dólares mensuales a estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13), considerada organización terrorista.
Ese dinero, según documentos filtrados, garantiza “protección interna” y, lo más alarmante, la preparación de una evasión espectacular. Cualquier pago a pandillas terroristas es catalogado automáticamente como acto de terrorismo. Entonces, ¿Por qué este sujeto sigue en una celda VIP en lugar de pudrirse en el infierno de Pavoncito?Privilegios que gritan corrupción a los cuatro vientosEn mayo de 2025 una requisa encontró un celular de alta gama escondido en su celda.
En agosto y septiembre del mismo año tres órdenes judiciales de traslado a Pavoncito fueron ignoradas con el pretexto de “seguridad”. Mientras tanto, Gaitán recibe reuniones familiares dentro del penal, visitas de lujo y acceso irrestricto a abogados que arrastran escándalos por todo Centroamérica.
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El cerebro jurídico detrás de este blindaje incluye nombres que congelan la sangre: Julio Taracena, abogado de cabecera de la magistrada Elia Raquel Perdomo; Gustavo Juárez, histórico defensor de la exvicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti, condenada por corrupción; y las hermanas Piedad Isabel Soberanis Alonzo y Marla Janet Ruiz Alonzo, señaladas en múltiples expedientes por representar estructuras terroristas y facilitar fugas de alto perfil.
Este empresario está acusado de pertenecer a un cartel financiero que, junto a socios de TPG Peppertree y otros fondos buitre, hundía empresas centroamericanas para saquear sus activos. El esquema dejó miles de desempleados en Guatemala y El Salvador, y hoy Gaitán es uno de los últimos eslabones visibles antes de que la extradición lo siente frente a jueces que no se venden tan fácil.
Autoridades consultadas en reserva advierten: “Si Gaitán logra fugarse, será el golpe más duro al sistema penitenciario desde la época de ‘El Rey del Pavón’”.
La extradición puede ejecutarse en cualquier momento y cada día que pasa con él en Mariscal Zavala es un día que le regalan a un hombre que ya demostró que puede comprar guardias, pandillas y hasta órdenes judiciales.La pregunta que retumba en todo Guatemala es una sola: ¿Quién responde si mañana amanecemos con la noticia de que Jorge Alberto Gaitán Castro voló de la cárcel como tantos otros antes que él?
La ciudadanía exige traslado INMEDIATO a Pavoncito, investigación exhaustiva a directivos penitenciarios y corte total de privilegios y comunicaciones.
Porque mientras un narcoempresario sigue manejando su escape desde una celda con WiFi, la justicia guatemalteca vuelve a sangrar por la herida que nunca cierra.
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Ronald José Salvador Montenegro, de 55 años, realizaba un ejercicio de ‘press’ de banca cuando la barra cayó sobre su pecho y le provocó la muerte.
El hecho ocurrió el pasado lunes y fue registrado por las cámaras de seguridad en un centro de entrenamiento en Olinda, Brasil.
El caso se está tratando como una muerte accidental y la policía está investigando el equipo y las circunstancias del entrenamiento.
Ronald era presidente del Centro Cultural Palacio de los Huesos Gigantes en Olinda y era reconocido por su labor con las tradiciones culturales de la ciudad.
