Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
