Internacionales
Adolescentes centroamericanos y mexicanos revelan abuso de torturas en refugios de EE.UU.
Muchos adolescentes de México y Centroamérica que en años recientes han llegado como refugiados a Estados Unidos han sido víctimas de castigos que rayan en la tortura en un reformatorio al que suelen ser enviados algunos de los menores no acompañados mque son detenidos en la frontera, quienes en lugar de ser protegidos son encarcelados debido a las políticas impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
En espera de que los casos de asilo de los menores no acompañados sean resueltos en corte, las autoridades de inmigración entregan la custodia de muchos de ellos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ( ORR), entidad del gobierno federal que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Los menores transferidos a la ORR son colocados en albergues o casas de crianza ‘foster care’, pero algunos otros en la etapa de la adolescencia son enviados a cárceles juveniles con las que el gobierno acuerda su encierro.
Uno de esos reformatorios es el Shenandoah Valley Juvenile Center, ubicado en el estado de Virginia, donde se reveló el maltrato físico y psicológico que sufrieron varios adolescentes citados en una demanda judicial.
Los testimonios inscritos en los documentos de la corte describen el castigo al que eran sometidos y refieren los insultos que constantemente recibían los jóvenes inmigrantes, tanto de los otros internos estadounidenses como del propio personal del centro carcelario.
Al estilo de la mafia
Uno de los adolescentes refugiados relata que en una ocasión se agarró a trompadas con un muchacho americano porque ya estaba cansado de que lo llamaran “pendejo” y “onion head”, los guardias del lugar lo amarraron a una silla, le cubrieron la cabeza con una bolsa y empezaron a golpearlo.
El castigo aplicado al estilo de la mafia lo recibió en cinco ocasiones, según cuenta el joven, además de que también eran sancionados con encierro en solitario y desnudos cuando no participaban en las clases o por golpear las paredes con el balón cuando jugaban futbol o si se quejaban de alguna dolencia o malestar físico.
Los relatos de varios jóvenes refugiados citados en la demanda describen escenarios similares sobre el castigo que padecían cuando eran inmovilizados en una silla y con una bolsa en la cabeza que por momentos los asfixiaba.
La acusación por uso excesivo de la fuerza en contra del reformatorio juvenil fue presentada en 2017, pero fue hasta julio de 2019, después de un largo proceso judicial en el que se escucharon los testimonios y se presentaron las pruebas, la demanda fue desechada por la jueza Elizabeth Dillon del Tribunal Federal de Distrito en Virginia.
Protección, no castigo
Abogados del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs que representan a los demandantes han llevado el caso a una corte de apelaciones, donde está en revisión, para que el caso pueda ser admitido y tratar de evitar que más adolescentes que llegan al país en busca de protección como refugiados sigan siendo encarcelados en correccionales para delincuentes juveniles y expuestos al abuso.
La petición de los demandantes tuvo la semana pasada el apoyo de grandes aliados cuando un grupo de más de 50 fiscales y reconocidos abogados de todo el país enviaron una opinión a los magistrados para que las acusaciones sean llevadas a juicio, al considerar que los jóvenes inmigrantes no habían cometido delito alguno para ser enviados al reformatorio.
“El propósito de la detención es para protegerlos, no para castigarlos“, señalan los fiscales en el documento enviado al tribunal de apelaciones para expresar su preocupación por el trato que reciben los inmigrantes que buscan asilo, que en este caso incluye abuso físico y confinamiento solitario.
Un nuevo vuelo con 231 venezolanos deportados por Estados Unidos arribó el viernes al aeropuerto que sirve a Caracas, el primero tras la incursión militar que derrocó y capturó al mandatario Nicolás Maduro.
El 3 de enero fuerzas estadounidenses bombardearon la capital en una incursión en la que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados. Ambos se enfrentan a la justicia en Nueva York por narcotráfico.
Se trata del primer avión de bandera estadounidense con migrantes a bordo en volar al país tras el ataque militar del presidente Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país.
La aeronave salió desde Phoenix, Arizona, y aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana, cerca de las 10H30 locales (14H30 GMT), constató la AFP.
Los deportados llegan a Venezuela en el marco de un programa de repatriación que se mantuvo incluso en plena crisis entre ambos países cuando estaba Maduro al mando. Aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos arribaron durante todo el año pasado pese al despliegue militar ordenado por Trump.
El presidente argentino, Javier Milei, anunció este sábado que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del «consejo de paz» para Gaza anunciado el jueves pasado.
Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será «un honor» acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair.
La Casa Blanca indicó que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el «fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital».
«Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar», dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.
El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, escribió que «Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad y que promueven la paz y la libertad».
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también informó este sábado que recibió el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo.
Con fusiles y mochilas de campaña, 10,000 soldados fueron desplegados el pasado viernes en tres provincias costeras de Ecuador para fortalecer la lucha contra la violencia de grupos narcotraficantes.
El gobierno del presidente Daniel Noboa está decidido combatir con mano de hierro a las numerosas bandas, en momentos en los que el país toca cifras récord de asesinatos y otros delitos.
Cientos de soldados de fuerzas especiales llegaron al aeropuerto de Guayaquil para «reforzar los operativos de seguridad» en las vecinas provincias de Guayas (capital Guayaquil), Manabí y Los Ríos, dijo a la prensa el general Mauro Bedoya, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Allí se ha recrudecido la guerra de organizaciones narco que tienen nexos con carteles internacionales y se enfrentan entre sí por el negocio de la droga.
Ecuador era hasta hace una década un país tranquilo, pero se transformó en el más violento de la región con 52 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2025, uno cada hora, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.
Según Bedoya, vuelos con militares también aterrizaron en Manta, principal puerto pesquero del país con altos «índices de violencia».
En medio de un inicio de año con un pico de homicidios, Noboa suspendió sus vacaciones y se reunió de urgencia y a puerta cerrada con ministros del área de seguridad y jefes militares y policiales en la sede presidencial, constataron periodistas de la AFP.
El centro colonial de Quito permanece con una fuerte vigilancia.
«La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad», afirmó el ministerio de Defensa en un comunicado.
El titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, también ordenó que el alto mando castrense opere por tiempo indefinido desde Guayaquil, donde militares inspeccionan los puertos marítimos, estratégicos para el narco.
Ecuador está ubicado entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína.
