Internacionales
Adolescentes centroamericanos y mexicanos revelan abuso de torturas en refugios de EE.UU.
Muchos adolescentes de México y Centroamérica que en años recientes han llegado como refugiados a Estados Unidos han sido víctimas de castigos que rayan en la tortura en un reformatorio al que suelen ser enviados algunos de los menores no acompañados mque son detenidos en la frontera, quienes en lugar de ser protegidos son encarcelados debido a las políticas impuestas por la administración del presidente Donald Trump.
En espera de que los casos de asilo de los menores no acompañados sean resueltos en corte, las autoridades de inmigración entregan la custodia de muchos de ellos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ( ORR), entidad del gobierno federal que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Los menores transferidos a la ORR son colocados en albergues o casas de crianza ‘foster care’, pero algunos otros en la etapa de la adolescencia son enviados a cárceles juveniles con las que el gobierno acuerda su encierro.
Uno de esos reformatorios es el Shenandoah Valley Juvenile Center, ubicado en el estado de Virginia, donde se reveló el maltrato físico y psicológico que sufrieron varios adolescentes citados en una demanda judicial.
Los testimonios inscritos en los documentos de la corte describen el castigo al que eran sometidos y refieren los insultos que constantemente recibían los jóvenes inmigrantes, tanto de los otros internos estadounidenses como del propio personal del centro carcelario.
Al estilo de la mafia
Uno de los adolescentes refugiados relata que en una ocasión se agarró a trompadas con un muchacho americano porque ya estaba cansado de que lo llamaran “pendejo” y “onion head”, los guardias del lugar lo amarraron a una silla, le cubrieron la cabeza con una bolsa y empezaron a golpearlo.
El castigo aplicado al estilo de la mafia lo recibió en cinco ocasiones, según cuenta el joven, además de que también eran sancionados con encierro en solitario y desnudos cuando no participaban en las clases o por golpear las paredes con el balón cuando jugaban futbol o si se quejaban de alguna dolencia o malestar físico.
Los relatos de varios jóvenes refugiados citados en la demanda describen escenarios similares sobre el castigo que padecían cuando eran inmovilizados en una silla y con una bolsa en la cabeza que por momentos los asfixiaba.
La acusación por uso excesivo de la fuerza en contra del reformatorio juvenil fue presentada en 2017, pero fue hasta julio de 2019, después de un largo proceso judicial en el que se escucharon los testimonios y se presentaron las pruebas, la demanda fue desechada por la jueza Elizabeth Dillon del Tribunal Federal de Distrito en Virginia.
Protección, no castigo
Abogados del Washington Lawyers’ Committee for Civil Rights and Urban Affairs que representan a los demandantes han llevado el caso a una corte de apelaciones, donde está en revisión, para que el caso pueda ser admitido y tratar de evitar que más adolescentes que llegan al país en busca de protección como refugiados sigan siendo encarcelados en correccionales para delincuentes juveniles y expuestos al abuso.
La petición de los demandantes tuvo la semana pasada el apoyo de grandes aliados cuando un grupo de más de 50 fiscales y reconocidos abogados de todo el país enviaron una opinión a los magistrados para que las acusaciones sean llevadas a juicio, al considerar que los jóvenes inmigrantes no habían cometido delito alguno para ser enviados al reformatorio.
“El propósito de la detención es para protegerlos, no para castigarlos“, señalan los fiscales en el documento enviado al tribunal de apelaciones para expresar su preocupación por el trato que reciben los inmigrantes que buscan asilo, que en este caso incluye abuso físico y confinamiento solitario.
Estados Unidos afirmó ayer que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, después de que los países del Golfo parecieran haberlo disuadido de emprender una acción militar contra Teherán por la letal represión de las marchas.
La República Islámica esta sacudida por protestas que empezaron el 28 de diciembre por el aumento del costo de la vida y se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático en el poder desde la revolución de 1979.
Las organizaciones de derechos humanos acusan a Irán de llevar a cabo una brutal represión que habría dejado miles de muertos, en un país privado desde hace una semana de acceso a internet.
Según el último balance de la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3,428 manifestantes han muerto desde el inicio del movimiento. Las autoridades iraníes no han facilitado ningún balance oficial.
El jueves, la vida había vuelto a la normalidad en Teherán, según un periodista de AFP en la capital iraní. Hace varios días que no se han registrado grandes manifestaciones en el país.
Mientras Washington parecía dar marcha atrás en una eventual acción militar, la Casa Blanca afirmó que «todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente».
«El presidente entiende que se suspendieron las 800 ejecuciones que estaban programadas y que se suponía que iban a tener lugar ayer (miércoles)», declaró a la prensa la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.
Según ella, Trump había advertido a Teherán de «graves consecuencias” si mataba a más manifestantes.
Por su parte, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra funcionarios de seguridad iraníes y redes financieras.
Irán ya es objeto de duras sanciones internacionales por su programa nuclear, que contribuyeron a los problemas económicos que desencadenaron las protestas
Trump afirmó el miércoles que había sido informado «por fuentes muy importantes» de que las matanzas han terminado», mientras que sus aliados del Golfo se esforzaron en disuadirlo de una intervención militar.
Según dijo a la AFP un alto cargo saudita, bajo condición de anonimato, Arabia Saudita, Catar y Omán llevaron a cabo «un esfuerzo diplomático de último minuto, largo e intenso, para convencer al presidente Trump de darle una oportunidad a Irán de que muestre buenas intenciones».
Otro funcionario del Golfo confirmó la conversación y añadió que también se había enviado un mensaje a Irán, indicando que atacar las instalaciones estadounidenses en la zona «tendría consecuencias» para las relaciones regionales de Teherán.
El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, advirtió por su parte que su país se defenderá «frente a cualquier amenaza extranjera», en una conversación telefónica con su homólogo saudita, el príncipe Faisal bin Farhan.
Un ciudadano canadiense ha muerto «a manos de las autoridades iraníes», informó Ottawa el jueves, en medio de fuertes protestas contra el gobierno de Teherán.
«Acabo de enterarme de que un ciudadano canadiense ha muerto en Irán a manos de las autoridades iraníes», declaró la ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, sin dar más detalles.
Añadió que la respuesta de Teherán a las «protestas pacíficas» ha «llevado al régimen a despreciar flagrantemente la vida humana».
Ayer, Estados Unidos sancionó este jueves a funcionarios de seguridad y de redes bancarias iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes de los ingresos petroleros.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un bloqueo de internet que duró casi una semana.
«Estados Unidos apoya firmemente al pueblo iraní en su reclamo de libertad y justicia», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que las sanciones se tomaron por orden del presidente Donald Trump.
Entre los sancionados se encuentran Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y el uso de la fuerza.
Cuba, que podría sufrir un corte del suministro de petróleo venezolano por las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, apenas generó la mitad de la electricidad consumida por la isla en 2025, según datos oficiales recopilados y analizados por la AFP.
Esta información también muestra que la isla reporta un aumento importante, aunque todavía poco efectivo, de la generación de energía solar, a partir de la instalación de unos 40 parques el año pasado.
La demanda diaria de energía eléctrica del país ronda los 3.300 megavatios (MW), pero entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 el sistema registró un déficit promedio de 1.643 MW, según cálculos de la AFP basados en información publicada por la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).
El monitoreo muestra que la tendencia se mantiene en la primera quincena de 2026.
La UNE publica diariamente la demanda prevista de energía eléctrica para el día, así como el déficit reportado en el pico nocturno. La diferencia entre ambos valores da una idea de la disponibilidad efectiva de energía diaria, que media los 1.670 MW: la mitad de lo que necesita el país de 9,6 millones de habitantes.
Los datos oficiales también muestran un fuerte incremento en la generación fotovoltaica. Mientras a fines de marzo los parques solares tenían una capacidad de generación de entre 300 y 400 MW, para fines de diciembre superaron los 3.000 MW.
Sin embargo, debido a la poca existencia de baterías de almacenamiento, esta energía solo se puede utilizar mientras haya sol y no por la noche, cuando se presenta la hora pico de consumo.
Bajo embargo de Estados Unidos desde 1962 y en medio de una fuerte crisis económica, Cuba enfrenta desde hace tres años una grave escasez de combustible que afecta la producción de electricidad.
Esa falta de combustible podría empeorar luego de que Trump, que tomó a inicios de este mes el control del sector petrolero de Venezuela, anunciara recientemente el fin del flujo de crudo y dinero venezolano hacia la isla comunista.
Venezuela ha sido desde el año 2000 el principal proveedor de petróleo a Cuba, su aliado ideológico.
Además, la base de la generación eléctrica de la isla descansa en ocho centrales eléctricas, casi todas inauguradas en los años 1980 y 1990, que sufren frecuentes averías o deben ser paralizadas para mantenimiento.
Los cortes diarios de luz, a veces de más de 20 horas seguidas, son moneda corriente.
El gobierno afirma que el embargo estadounidense le impide reparar su red eléctrica, pero economistas señalan una falta crónica de inversión estatal en el sector.
