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«Me violaban con un destornillador»: Una macabra familia que mantenía a varias jóvenes cautivas
Una madre y sus dos hijos mantenían en su propia casa a varias jóvenes cautivas. Una de ellas escapó y reveló una increíble historia de torturas, que rememora un famoso caso de la década de 1980 en Argentina.
Una joven de 18 años logró escapar este lunes de una familia que la torturaba, violaba y mantenía cautiva junto con otra mujer en una casa en la ciudad argentina de Bahía Blanca. Aldana García logró llegar hasta la casa de su madre y exponer al macabro ‘clan Benítez’, cuyo ‘modus operandi’ evoca al infame ‘clan Puccio’ que operó décadas atrás en el país sudamericano.
La joven denunció ante la Policía la pesadilla que sufrió a manos de Fernando Benítez, de 26 años, que fue detenido este martes junto a su hermano Gonzalo, de 24 años, y su madre de 65, María Esther Llanos. Los agentes encontraron en la residencia a Andrea Santa Cruz, de 23 años, que al igual que García presentaba mordeduras humanas y caninas en su piel, así como signos de brutales abusos sexuales.
«Me drogaban y me violaban con un destornillador», relató García, según el testimonio de su madre recogido por La Brújula 24. Ambas jóvenes debieron ser internadas en un hospital debido a la gravedad de sus heridas. García reveló que el primer detenido, Fernando, la agredía con un cinturón y la drogaba con cocaína para luego violarla.
Según trascendió, ambos mantenían una relación sentimental desde hace varios meses, pero la joven era aislada al máximo dentro de la residencia y su contacto con el exterior era estrictamente vigilado. Cuando salía de la casa, García trataba de encubrir los abusos que recibía de parte de su pareja afirmando que los signos de agresión en su cuerpo se debían a accidentes, hasta que un día ya no soportó más.
Su testimonio hizo que surgieran más detalles acerca del ‘clan Benítez’. Además de las dos jóvenes, otras dos mujeres confirmaron haber sufrido maltratos similares en esa vivienda. Una de ellas, una menor de edad, había denunciado a Fernando Benítez años atrás, pero su causa fue archivada. La otra afirma que tuvo un hijo con él.
«Me tenía secuestrada cuando estaba embarazada. Llegué a estar cinco días encerrada», denunció la víctima, llamada Micaela. «Al nene no lo conoce, nunca se hizo cargo. Me encerraba en la casa y la madre siempre fue cómplice. Ella decía que ‘yo era una piba y tenía que acceder a lo que él quería'», agregó.
Este caso ha evocado en la población argentina recuerdos de horror sobre los Puccio, una familia aparentemente común de Buenos Aires que durante la década de 1980 se dedicó a secuestrar empresarios, torturarlos en el sótano de su casa, exigir dinero por su rescate y posteriormente asesinarlos.
Ahora, el ‘clan Benítez’ se enfrenta al delito de privación ilegal de libertad, tentativa de homicidio, reducción a la servidumbre, abuso sexual y comercialización de estupefacientes. «Se me fue un poco la mano», dijo Fernando Benítez cuando era detenido por los agentes policiales.
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Reo de alta peligrosidad sale de cárcel Los Jocotes con un guardia para ir a concierto en Feria de Chiquimula
Byron Efraín Ruiz Roque, privado de libertad catalogado de alta peligrosidad y señalado por actividades de sicariato vinculado a la banda “Los Famosos Cheguen’s Chiquimultecos”, salió del Centro de Detención Preventiva Los Jocotes, en Zacapa, el 13 de agosto de 2026. Fue captado en el Estadio Las Victorias de Chiquimula disfrutando del concierto de la banda mexicana Los Dos de Tamaulipas durante la Feria departamental, junto a un guardia penitenciario identificado extraoficialmente como Pablo (o Pablo Azurdia). También habría asistido a un desfile hípico. Fotos y videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales.
El Sistema Penitenciario confirmó el incidente el 17 de agosto mediante un comunicado oficial. Presentó denuncias penales ante el Ministerio Público contra guardias y autoridades del centro por posible participación o complicidad, inició acciones administrativas y reiteró su política de “cero tolerancia” a la corrupción. Como medida inmediata, trasladó a Ruiz Roque al Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, en la capital, donde permanece aislado mientras avanza la investigación.
Este caso expone graves fallas de control en el sistema carcelario guatemalteco. Fuentes periodísticas y redes lo describen como un privilegio indebido a un reo peligroso, lo que generó fuertes críticas sobre la seguridad en los centros de detención. El 19 de agosto, en respuesta al escándalo, el SP, la PNC y el Ejército realizaron una requisa masiva en Los Jocotes: decomisaron drogas, objetos punzocortantes, teléfonos, cajetillas y otros ítems ilícitos, y trasladaron al menos 11 privados de libertad a otros centros para desarticular una estructura criminal interna.
El Ministerio Público continúa las diligencias para determinar exactamente cómo se facilitó la salida y quiénes son los responsables. El caso se suma a una serie de irregularidades reportadas en las cárceles del país y mantiene abierta la discusión sobre la necesidad de reformas urgentes en el Sistema Penitenciario.
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FOTOS – VIDEOS | Desmantelan cámaras instaladas por las maras para controlar los movimientos policiales en Guatemala
El control territorial de las maras o pandillas ha escalado a niveles impensados en Guatemala, donde fueron instaladas cámaras en postes de la vía pública para vigilar los movimientos de las fuerzas policiales.
Este miércoles fueron localizadas cámaras de vigilancia en la vía pública de la aldea Ciudad Quetzal, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas desmantelaron los dispositivos, que también eran utilizados para monitorear los movimientos de los residentes de la zona.
Los operativos de las fuerzas de seguridad y militares se desarrollan después de que en el sector fueran capturados cuatro terroristas señalados de estar vinculados con un crimen ocurrido en la ruta a San Raymundo.
Seguridad y tranquilidad para los guatemaltecos 🇬🇹
Unidades militares en coordinación con las fuerzas de seguridad civil realizan patrullajes a pie y a motor, puestos de control y acciones de seguridad en colonias y sectores de la aldea Ciudad Quetzal, #SanJuanSacatepéquez,… pic.twitter.com/HBQCUJ6r0B
— Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) August 19, 2026
Este lunes se conoció el asesinato a balazos del abogado y exfuncionario judicial hondureño Dereck McField, ocurrido durante horas de la mañana.
El hecho de violencia se registró en plena vía pública, cuando el jurista regresaba de dejar a su hijo pequeño en la escuela, según reportó el medio hondureño HCH.
La noticia generó gran revuelo luego de que, horas más tarde, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmara que McField era testigo protegido en el caso de Angie Peña, una joven universitaria que desapareció el 1 de enero de 2022 en una isla, mientras paseaba en un jet ski. Se presume que la joven fue vendida a una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Días después de su desaparición, la moto, el chaleco salvavidas y otras pertenencias de Peña fueron encontrados en un cayo de Belice.
Por este caso, cuatro hombres, tres estadounidenses y un hondureño, han sido imputados y permanecen en prisión preventiva mientras el proceso se desarrolla en un juzgado.
Angie Peña lleva seis años desaparecida. Foto: Cortesía
Al inicio del proceso judicial, en 2024, las autoridades confirmaron que «Harold Green le vendió a Angie Peña a William James Murdock por una cantidad de dólares». Además, señalaron que existen «muchas pruebas (de la transacción), vaciados (transcripciones) telefónicos, videos, fotografías, testimonios», según declaró a la AFP el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora.
Desde entonces, se han realizado allanamientos para localizar a Peña, pero «no se ha encontrado» y las autoridades «esperan que esté viva».
Los tres ciudadanos estadounidenses vinculados al caso viven en Honduras y tienen inversiones turísticas en Roatán.
