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«Me violaban con un destornillador»: Una macabra familia que mantenía a varias jóvenes cautivas
Una madre y sus dos hijos mantenían en su propia casa a varias jóvenes cautivas. Una de ellas escapó y reveló una increíble historia de torturas, que rememora un famoso caso de la década de 1980 en Argentina.
Una joven de 18 años logró escapar este lunes de una familia que la torturaba, violaba y mantenía cautiva junto con otra mujer en una casa en la ciudad argentina de Bahía Blanca. Aldana García logró llegar hasta la casa de su madre y exponer al macabro ‘clan Benítez’, cuyo ‘modus operandi’ evoca al infame ‘clan Puccio’ que operó décadas atrás en el país sudamericano.
La joven denunció ante la Policía la pesadilla que sufrió a manos de Fernando Benítez, de 26 años, que fue detenido este martes junto a su hermano Gonzalo, de 24 años, y su madre de 65, María Esther Llanos. Los agentes encontraron en la residencia a Andrea Santa Cruz, de 23 años, que al igual que García presentaba mordeduras humanas y caninas en su piel, así como signos de brutales abusos sexuales.
«Me drogaban y me violaban con un destornillador», relató García, según el testimonio de su madre recogido por La Brújula 24. Ambas jóvenes debieron ser internadas en un hospital debido a la gravedad de sus heridas. García reveló que el primer detenido, Fernando, la agredía con un cinturón y la drogaba con cocaína para luego violarla.
Según trascendió, ambos mantenían una relación sentimental desde hace varios meses, pero la joven era aislada al máximo dentro de la residencia y su contacto con el exterior era estrictamente vigilado. Cuando salía de la casa, García trataba de encubrir los abusos que recibía de parte de su pareja afirmando que los signos de agresión en su cuerpo se debían a accidentes, hasta que un día ya no soportó más.
Su testimonio hizo que surgieran más detalles acerca del ‘clan Benítez’. Además de las dos jóvenes, otras dos mujeres confirmaron haber sufrido maltratos similares en esa vivienda. Una de ellas, una menor de edad, había denunciado a Fernando Benítez años atrás, pero su causa fue archivada. La otra afirma que tuvo un hijo con él.
«Me tenía secuestrada cuando estaba embarazada. Llegué a estar cinco días encerrada», denunció la víctima, llamada Micaela. «Al nene no lo conoce, nunca se hizo cargo. Me encerraba en la casa y la madre siempre fue cómplice. Ella decía que ‘yo era una piba y tenía que acceder a lo que él quería'», agregó.
Este caso ha evocado en la población argentina recuerdos de horror sobre los Puccio, una familia aparentemente común de Buenos Aires que durante la década de 1980 se dedicó a secuestrar empresarios, torturarlos en el sótano de su casa, exigir dinero por su rescate y posteriormente asesinarlos.
Ahora, el ‘clan Benítez’ se enfrenta al delito de privación ilegal de libertad, tentativa de homicidio, reducción a la servidumbre, abuso sexual y comercialización de estupefacientes. «Se me fue un poco la mano», dijo Fernando Benítez cuando era detenido por los agentes policiales.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
