Judicial
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia», dice un panadero condenado a 10 años por cobrar una extorsión
Diez años de prisión fue la condena impuesta a un panadero que aseguró haber sido obligado por unos amigos de la infancia que se convirtieron en pandilleros y que lo amenazaron con matar a toda su familia en caso de no querer cobrar una extorsión.
Un angustiado Juan, de 24 años de edad, entró a la sala de audiencias en las que se desarrolló el juicio en su contra al ser señalado como el que recibió $2,000 producto de una extorsión que recibió en el centro comercial Plaza Mundo en Soyapango.
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia, esa fue la amenaza en la que colapsé”, fueron parte de las palabras con las que el joven se defendió ante la jueza que conoció el caso y que poco le creyó.
“En los últimos días de octubre de 2017 yo empecé a recibir unas amenazas de muerte, amenazas que iban hacia mi familia sino hacía lo que ellos decían. Yo siempre les decía que yo no podía hacer eso; que podía tener otro tipo de colaboración diferente, si querían dinero yo se los podía dar no importaba si eran $10, con tal de evitar ese acercamiento mi familia”, agregó.
Pese a haber crecido juntos, Juan tenía claro lo violento que estos pandilleros eran ya que había visto la forma en la que estos atemorizaban a vecinos por lo que tomó en serio las amenazas y decidió colaborar.
“Créame señora jueza yo provengo de una familia cristiana. Dios nos bendice, no tengo la necesidad de andarle haciendo daño alguno a nadie. Fue algo intimidante, ellos llegaban consecutivamente, me presionaban e incluso las llamadas ellos las elaboraron a mí solo me dieron mi teléfono para que me pusiera en contacto con la víctima”, relató.
La extorsión
Un empresario denunció ante las autoridades haber recibido la visita de un sujeto quien apuntándole con un arma de fuego le exigió el pago de $5,000 a cambio de no destruir el establecimiento con una granada.
Ante la amenaza, la víctima le alegó no tener el dinero exigido pero le pidió tiempo para reunirlo. El delincuente aceptó pero antes de retirarse le pidió un número para comunicarse con él. Al día siguiente, los delincuentes llamaron en varias ocasiones al extorsionado para pedirle dinero.
Tras las llamadas, el empresario decidió interponer la denuncia en una delegación policial en la que se montó un operativo para dar con los delincuentes que le señalaron que a las 11:45 de la mañana debía llevar el dinero a Plaza Mundo.
Cinto minutos antes de la hora señalada, uno de los agentes se comunicó con Juan quien horas antes había recibido el celular desde el que dio sus características físicas para ser reconocido.
«Dame el dinero rápido porque va a venir la jura y aquí vas a quedar”, fueron las palabras que un policía dijo escuchar del imputado quien rapidamente se alejó de la zona con el dinero en mano.
Minutos más tarde, Juan fue detenido por los agentes que lo siguieron y a quienes entregó el paquete. El señalado intentó justificar los motivos que lo llevaron a estar cobrando la extorsión pero los policías no lo escucharon.
«Yo he sido víctima, el día de mi captura declaré, se lo dije incluso a la persona que le di el paquete: yo soy víctima, no tengo nada que ver en eso fue una persona que se presentó”, declaró ante la jueza quien lo observaba y escuchaba atentamente.
Un último intento de demostrar su inocencia
Para contrarrestar la acusación, el abogado defensor llevó a un conocido de la familia que aseguró haber escuchado una conversación entre dos pandilleros y Juan donde le exigían a participar del hecho delictivo.
El testigo de la defensa explicó que quienes involucraron en el caso a Juan murieron meses más tarde durante un enfrentamiento con la policía. Algo que convertía al panadero en el único responsable a quien se podía juzgar.
Durante toda la audiencia, el padre del imputado fijó la mirada en su hijo mientras susurraba oraciones.La atmósfera cambió cuando la juez consideró a Juan como el autor material de la entrega del dinero sin haberse comprobado si realmente había realizado las amenazas.
“Todo va a estar bien papá”, fueron las últimas palabras que Juan le dijo a su angustiado padre mientras se alejaba con un guardia que lo llevaba esposado a un destino que trató de evitar llevando a su hijo a la iglesia pero que sus supuestas amistades le mal obraron.
“Hemos sufrido tanto por todo esto que ha sucedido, nuestros planes eran otros nunca pensamos en la traición que nos iba a poner todo estos grupos que tanto daño hacen”, señaló el hombre quien con una apelación mantiene la ilusión que su hijo saliera libre.
NOTA DE El Salvador TIMES
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que María Antonia Preza fuera condenada a 30 años de cárcel por el homicidio agravado de una bebé recién nacida.
Según las investigaciones, en marzo de 2024, Preza dio a luz en una fosa séptica y no informó a nadie sobre el parto, procediendo a limpiar la escena para eliminar evidencias.
Tres días después, familiares hallaron el cuerpo de la bebé y notificaron a las autoridades. La autopsia reveló que la menor respiró al nacer y murió posteriormente por asfixia debido a la aspiración de heces.
