Judicial
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia», dice un panadero condenado a 10 años por cobrar una extorsión
Diez años de prisión fue la condena impuesta a un panadero que aseguró haber sido obligado por unos amigos de la infancia que se convirtieron en pandilleros y que lo amenazaron con matar a toda su familia en caso de no querer cobrar una extorsión.
Un angustiado Juan, de 24 años de edad, entró a la sala de audiencias en las que se desarrolló el juicio en su contra al ser señalado como el que recibió $2,000 producto de una extorsión que recibió en el centro comercial Plaza Mundo en Soyapango.
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia, esa fue la amenaza en la que colapsé”, fueron parte de las palabras con las que el joven se defendió ante la jueza que conoció el caso y que poco le creyó.
“En los últimos días de octubre de 2017 yo empecé a recibir unas amenazas de muerte, amenazas que iban hacia mi familia sino hacía lo que ellos decían. Yo siempre les decía que yo no podía hacer eso; que podía tener otro tipo de colaboración diferente, si querían dinero yo se los podía dar no importaba si eran $10, con tal de evitar ese acercamiento mi familia”, agregó.
Pese a haber crecido juntos, Juan tenía claro lo violento que estos pandilleros eran ya que había visto la forma en la que estos atemorizaban a vecinos por lo que tomó en serio las amenazas y decidió colaborar.
“Créame señora jueza yo provengo de una familia cristiana. Dios nos bendice, no tengo la necesidad de andarle haciendo daño alguno a nadie. Fue algo intimidante, ellos llegaban consecutivamente, me presionaban e incluso las llamadas ellos las elaboraron a mí solo me dieron mi teléfono para que me pusiera en contacto con la víctima”, relató.
La extorsión
Un empresario denunció ante las autoridades haber recibido la visita de un sujeto quien apuntándole con un arma de fuego le exigió el pago de $5,000 a cambio de no destruir el establecimiento con una granada.
Ante la amenaza, la víctima le alegó no tener el dinero exigido pero le pidió tiempo para reunirlo. El delincuente aceptó pero antes de retirarse le pidió un número para comunicarse con él. Al día siguiente, los delincuentes llamaron en varias ocasiones al extorsionado para pedirle dinero.
Tras las llamadas, el empresario decidió interponer la denuncia en una delegación policial en la que se montó un operativo para dar con los delincuentes que le señalaron que a las 11:45 de la mañana debía llevar el dinero a Plaza Mundo.
Cinto minutos antes de la hora señalada, uno de los agentes se comunicó con Juan quien horas antes había recibido el celular desde el que dio sus características físicas para ser reconocido.
«Dame el dinero rápido porque va a venir la jura y aquí vas a quedar”, fueron las palabras que un policía dijo escuchar del imputado quien rapidamente se alejó de la zona con el dinero en mano.
Minutos más tarde, Juan fue detenido por los agentes que lo siguieron y a quienes entregó el paquete. El señalado intentó justificar los motivos que lo llevaron a estar cobrando la extorsión pero los policías no lo escucharon.
«Yo he sido víctima, el día de mi captura declaré, se lo dije incluso a la persona que le di el paquete: yo soy víctima, no tengo nada que ver en eso fue una persona que se presentó”, declaró ante la jueza quien lo observaba y escuchaba atentamente.
Un último intento de demostrar su inocencia
Para contrarrestar la acusación, el abogado defensor llevó a un conocido de la familia que aseguró haber escuchado una conversación entre dos pandilleros y Juan donde le exigían a participar del hecho delictivo.
El testigo de la defensa explicó que quienes involucraron en el caso a Juan murieron meses más tarde durante un enfrentamiento con la policía. Algo que convertía al panadero en el único responsable a quien se podía juzgar.
Durante toda la audiencia, el padre del imputado fijó la mirada en su hijo mientras susurraba oraciones.La atmósfera cambió cuando la juez consideró a Juan como el autor material de la entrega del dinero sin haberse comprobado si realmente había realizado las amenazas.
“Todo va a estar bien papá”, fueron las últimas palabras que Juan le dijo a su angustiado padre mientras se alejaba con un guardia que lo llevaba esposado a un destino que trató de evitar llevando a su hijo a la iglesia pero que sus supuestas amistades le mal obraron.
“Hemos sufrido tanto por todo esto que ha sucedido, nuestros planes eran otros nunca pensamos en la traición que nos iba a poner todo estos grupos que tanto daño hacen”, señaló el hombre quien con una apelación mantiene la ilusión que su hijo saliera libre.
NOTA DE El Salvador TIMES
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
