Judicial
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia», dice un panadero condenado a 10 años por cobrar una extorsión
Diez años de prisión fue la condena impuesta a un panadero que aseguró haber sido obligado por unos amigos de la infancia que se convirtieron en pandilleros y que lo amenazaron con matar a toda su familia en caso de no querer cobrar una extorsión.
Un angustiado Juan, de 24 años de edad, entró a la sala de audiencias en las que se desarrolló el juicio en su contra al ser señalado como el que recibió $2,000 producto de una extorsión que recibió en el centro comercial Plaza Mundo en Soyapango.
“Si yo no iba a traer ese dinero iban a matar a mi familia, esa fue la amenaza en la que colapsé”, fueron parte de las palabras con las que el joven se defendió ante la jueza que conoció el caso y que poco le creyó.
“En los últimos días de octubre de 2017 yo empecé a recibir unas amenazas de muerte, amenazas que iban hacia mi familia sino hacía lo que ellos decían. Yo siempre les decía que yo no podía hacer eso; que podía tener otro tipo de colaboración diferente, si querían dinero yo se los podía dar no importaba si eran $10, con tal de evitar ese acercamiento mi familia”, agregó.
Pese a haber crecido juntos, Juan tenía claro lo violento que estos pandilleros eran ya que había visto la forma en la que estos atemorizaban a vecinos por lo que tomó en serio las amenazas y decidió colaborar.
“Créame señora jueza yo provengo de una familia cristiana. Dios nos bendice, no tengo la necesidad de andarle haciendo daño alguno a nadie. Fue algo intimidante, ellos llegaban consecutivamente, me presionaban e incluso las llamadas ellos las elaboraron a mí solo me dieron mi teléfono para que me pusiera en contacto con la víctima”, relató.
La extorsión
Un empresario denunció ante las autoridades haber recibido la visita de un sujeto quien apuntándole con un arma de fuego le exigió el pago de $5,000 a cambio de no destruir el establecimiento con una granada.
Ante la amenaza, la víctima le alegó no tener el dinero exigido pero le pidió tiempo para reunirlo. El delincuente aceptó pero antes de retirarse le pidió un número para comunicarse con él. Al día siguiente, los delincuentes llamaron en varias ocasiones al extorsionado para pedirle dinero.
Tras las llamadas, el empresario decidió interponer la denuncia en una delegación policial en la que se montó un operativo para dar con los delincuentes que le señalaron que a las 11:45 de la mañana debía llevar el dinero a Plaza Mundo.
Cinto minutos antes de la hora señalada, uno de los agentes se comunicó con Juan quien horas antes había recibido el celular desde el que dio sus características físicas para ser reconocido.
«Dame el dinero rápido porque va a venir la jura y aquí vas a quedar”, fueron las palabras que un policía dijo escuchar del imputado quien rapidamente se alejó de la zona con el dinero en mano.
Minutos más tarde, Juan fue detenido por los agentes que lo siguieron y a quienes entregó el paquete. El señalado intentó justificar los motivos que lo llevaron a estar cobrando la extorsión pero los policías no lo escucharon.
«Yo he sido víctima, el día de mi captura declaré, se lo dije incluso a la persona que le di el paquete: yo soy víctima, no tengo nada que ver en eso fue una persona que se presentó”, declaró ante la jueza quien lo observaba y escuchaba atentamente.
Un último intento de demostrar su inocencia
Para contrarrestar la acusación, el abogado defensor llevó a un conocido de la familia que aseguró haber escuchado una conversación entre dos pandilleros y Juan donde le exigían a participar del hecho delictivo.
El testigo de la defensa explicó que quienes involucraron en el caso a Juan murieron meses más tarde durante un enfrentamiento con la policía. Algo que convertía al panadero en el único responsable a quien se podía juzgar.
Durante toda la audiencia, el padre del imputado fijó la mirada en su hijo mientras susurraba oraciones.La atmósfera cambió cuando la juez consideró a Juan como el autor material de la entrega del dinero sin haberse comprobado si realmente había realizado las amenazas.
“Todo va a estar bien papá”, fueron las últimas palabras que Juan le dijo a su angustiado padre mientras se alejaba con un guardia que lo llevaba esposado a un destino que trató de evitar llevando a su hijo a la iglesia pero que sus supuestas amistades le mal obraron.
“Hemos sufrido tanto por todo esto que ha sucedido, nuestros planes eran otros nunca pensamos en la traición que nos iba a poner todo estos grupos que tanto daño hacen”, señaló el hombre quien con una apelación mantiene la ilusión que su hijo saliera libre.
NOTA DE El Salvador TIMES
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
