Judicial
Corte Plena declara que caso contra Enrique Rais, no es de crimen organizado, como sostuvo el Ex Fiscal General Douglas Meléndez
Según lo manifestado por el abogado del empresario Enrique Rais, ahora se podrá demostrar ante el Juez de la causa, cómo se fabricó ilegalmente el proceso contra su cliente.
Este día se conoció que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron a fecha 25 de agosto de 2016, el conflicto de competencia que se había generado entre el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador y el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, confirmando que el caso no es competencia de los Juzgados Especializados, por no tener ninguna relación, vínculo o condición que acredite que se trata de una estructura de crimen organizado, como en su momento fue manifestado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien frecuentemente y contrario a las garantías del debido proceso, como destacaron abogados consultados, faltó a la imparcialidad de su cargo, declarando que Enrique Rais, era un criminal y acusándolo de liderar una red criminal. Motivo por el cual el empresario denunció a Meléndez, ante las autoridades en Suiza por ser víctima de una persecución penal arbitraria.
El Ex Fiscal Meléndez ha sido señalado y denunciado por ordenar a sus subalternos construir procesos penales contra personas en específico por razones políticas o intereses de empresarios competidores -una de estas personas afectadas ha sido según denuncian sus abogados: el empresario Enrique Rais- a través de pruebas falsas, pruebas adulteradas o uso de escuchas ilegales, en las que no existían autorizaciones judiciales para captar comunicaciones del empresario y se alteró un peritaje para presentar un número telefónico de otra persona, como si era el registro telefónico de un número utilizado por el Señor Rais.
La causa por la cual este proceso penal tuvo que llegar a resolverse en un conflicto de competencia, se generó en virtud que el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez; así como los Fiscales Auxiliares de esa Unidad: Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco habían insistido que se trataba de un asunto de “criminalidad organizada” lo que ha sido totalmente desconocido por la Corte Suprema de Justicia.
Con esta resolución el abogado de Enrique Rais, confirma que se va haciendo justicia, porque después de cuatro años de venir insistiendo ante los Tribunales que el caso no es de crimen organizado, ahora la Corte Plena les está dando la razón, lo que ahora facilita poder presentar ante el Juez de la causa, todas las pruebas que demuestran la forma en que se ha manipulado el caso para afectar personal y empresarialmente a Enrique Rais.
“Vamos a demostrar quiénes han estado detrás en términos financieros, en términos de manipulación de la investigación fiscal y en las acciones judiciales que han afectado de forma ilegal a nuestro representado” declaró el profesional del derecho que representa al empresario. También destacó que: “ahora podremos pedir que se indague la forma en que ilegalmente han hecho aparecer a un testigo “sin rostro”para lanzar acusaciones falsas y cómo se ocultó por el Juez 8º de Instrucción de San Salvador: Mario Mira Montes, por más de tres años, a los defensores del Señor Enrique Rais, las declaraciones de este supuesto testigo, que en realidad es un testigo criteriado, sobre el que también se ha ocultado quién fue el Juez que le otorgó el criterio de oportunidad.”
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
