Judicial
Corte Plena declara que caso contra Enrique Rais, no es de crimen organizado, como sostuvo el Ex Fiscal General Douglas Meléndez
Según lo manifestado por el abogado del empresario Enrique Rais, ahora se podrá demostrar ante el Juez de la causa, cómo se fabricó ilegalmente el proceso contra su cliente.
Este día se conoció que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia resolvieron a fecha 25 de agosto de 2016, el conflicto de competencia que se había generado entre el Juzgado Especializado de Instrucción “A” de San Salvador y el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, confirmando que el caso no es competencia de los Juzgados Especializados, por no tener ninguna relación, vínculo o condición que acredite que se trata de una estructura de crimen organizado, como en su momento fue manifestado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, quien frecuentemente y contrario a las garantías del debido proceso, como destacaron abogados consultados, faltó a la imparcialidad de su cargo, declarando que Enrique Rais, era un criminal y acusándolo de liderar una red criminal. Motivo por el cual el empresario denunció a Meléndez, ante las autoridades en Suiza por ser víctima de una persecución penal arbitraria.
El Ex Fiscal Meléndez ha sido señalado y denunciado por ordenar a sus subalternos construir procesos penales contra personas en específico por razones políticas o intereses de empresarios competidores -una de estas personas afectadas ha sido según denuncian sus abogados: el empresario Enrique Rais- a través de pruebas falsas, pruebas adulteradas o uso de escuchas ilegales, en las que no existían autorizaciones judiciales para captar comunicaciones del empresario y se alteró un peritaje para presentar un número telefónico de otra persona, como si era el registro telefónico de un número utilizado por el Señor Rais.
La causa por la cual este proceso penal tuvo que llegar a resolverse en un conflicto de competencia, se generó en virtud que el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado y primo hermano del Ex Fiscal Douglas Meléndez; así como los Fiscales Auxiliares de esa Unidad: Mayra Raquel Guerra y Luis Montes Pacheco habían insistido que se trataba de un asunto de “criminalidad organizada” lo que ha sido totalmente desconocido por la Corte Suprema de Justicia.
Con esta resolución el abogado de Enrique Rais, confirma que se va haciendo justicia, porque después de cuatro años de venir insistiendo ante los Tribunales que el caso no es de crimen organizado, ahora la Corte Plena les está dando la razón, lo que ahora facilita poder presentar ante el Juez de la causa, todas las pruebas que demuestran la forma en que se ha manipulado el caso para afectar personal y empresarialmente a Enrique Rais.
“Vamos a demostrar quiénes han estado detrás en términos financieros, en términos de manipulación de la investigación fiscal y en las acciones judiciales que han afectado de forma ilegal a nuestro representado” declaró el profesional del derecho que representa al empresario. También destacó que: “ahora podremos pedir que se indague la forma en que ilegalmente han hecho aparecer a un testigo “sin rostro”para lanzar acusaciones falsas y cómo se ocultó por el Juez 8º de Instrucción de San Salvador: Mario Mira Montes, por más de tres años, a los defensores del Señor Enrique Rais, las declaraciones de este supuesto testigo, que en realidad es un testigo criteriado, sobre el que también se ha ocultado quién fue el Juez que le otorgó el criterio de oportunidad.”
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
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143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13 fueron condenados hasta con 75 años de prisión
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 143 integrantes de la clica Cinco Cedros Locos Salvatruchos de la MS-13, del programa Libertad, fueran condenados a penas que van desde los 20 hasta los 75 años de prisión por su vinculación y pertenencia a la estructura criminal y por otros delitos.
Todos los pandilleros delinquían en el cantón Lourdes, del distrito de Colón, en en las colonias Cinco Cedros, San Mateo, El Chapernal, Bazzini, Las 600 y zonas aledañas del departamento de La Libertad y fueron sentenciados según el grado de participación o rango en la estructura criminal. Todos fueron capturados a partir de la implementación del régimen de excepción.
Entre las sentencias más altas está la 75 años de prisión impuesta a Cristian Dagoberto Alas García, alias Chory o Espía; al imputado se le condenó por los delitos de agrupaciones ilícitas, siembra y cultivo de marihuana y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. El imputado fue capturado en agosto de 2022, en una finca de Talnique, donde almacenaba dos armas de guerra y cultivaba plantas de marihuana.
67 años de prisión fue la condena impuesta a Miqueas Misael Hernández Rodríguez, alias Miqueas, por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas, posesión de drogas con fines de tráfico y amenazas agravadas. Al momento de la captura el imputado amenazó verbalmente a elementos de la Fuerza Armada y se le incautaron sustancias ilícitas y un arma de fuego sin documentación legal.
El corredor de clica, Carlos Gerardo Escobar, alias Drupi, fue condenado a 66 años de prisión por agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y posesión de drogas; el imputado fue detenido en noviembre de 2022 en San Juan Opico, cuando intentó ocultar un arma de fuego y huir de las autoridades.
Otro de los condenados es el corredor de clica Jonathan David Doradea, alias Bacha o Mafioso, a quien se le impusieron 51 años de prisión por agrupaciones ilícitas y posesión de drogas.
Los corredores de clica Fidel Antonio Ramos Flores, alias Viejo Tigre, y Nelson Enrique Larios Saget, alias Duende, recibieron 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.
A esa misma pena y por el mismo delito fueron condenados los homeboys: Juan Carlos López Serrano, alias «Chacal»; Edwin Alexander Monterroza Arévalo, alias «Sayco»; Víctor Manuel Miranda Rosales, alias «Wizar», Elvis Jovanny Henriquez Montes, alias Espiri; Óscar Alfredo Alas Corea, alias «Black» o «Kilo»; Pedro Antonio Urbano Menjívar, alias «Vago»; Marvin Joel Gómez Portillo, alias «Slow»; Jairo Adonay Molina Paz, alias «Sparky»; Samuel Enrique Nieto Flores, alias «Zombie»; Andrés Rivas Menéndez, alias «Timón»; Juan Antonio García Cortez, alias «Humilde» o «Juan»; Juan Ramón Hernández Estrada, alias «Little Boy»; Samuel Eduardo Martínez Salazar, alias «Dauner»; Roberto Antonio Bermúdez Santamaría, alias «Pulga»; Dagoberto de Jesús Quintanilla, alias «Shorty»; Nelson Edgardo Aguirre Martínez, alias «Sombra»; Pedro José Sánchez Leiva, alias «Zonte»; Dany Wilson Ávalos Abrego, alias «Vigion»; Marcos Salvador López Martínez, alias «Gato de la Belén»; Manfredy Marcos Vanegas Durán, alias «Flaco» o «Scrapy»; Luis Alonso Gómez de Paz, alias «Pega»; Edwin Osmín Ruiz Aguilar, alias «Maníaco»; Francisco López Hernández, alias «Sapo»; Hayser Antonio Madrid Argueta, alias «Hayser», Carlos Antonio Ramírez, alias «Mico» y Elmer Shunico Shunico.
El resto de penas oscilan entre 36, 30 y 20 años de prisión. Según el fallo se condenó a 4 corredores de clica, 27 homeboys, 61 chequeos, 4 observaciones y 47 paro o colaboradores.
Estas condenas fueron impuestas en presencia de los imputados por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador, luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la audiencia única.
