Judicial
Miembros de red que hurtaba en escuelas e iglesias reciben condenas de hasta 135 años
Miembros de una estructura delincuencial que hurtó en 18 centros escolares y en tres iglesias, han sido condenados a penas carcelarias de hasta 135 años, informó la Fiscalía General de la República.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que, entre el 2020 y 2021, hurtaron equipos y material informático del Ministerio de Educación, valorado en más de $200,000.
En las iglesias robaron consolas, amplificadores e instrumentos musicales.
«Los sujetos aprovechaban las horas de la noche o de madrugada para introducirse a hurtar, en su mayoría laptops y material informático, propiedad del Ministerio de Educación (Mined)», indicó la Fiscalía.
Los procesados fueron condenados por los delitos de agrupaciones ilícitas, hurto agravado y receptación.
De acuerdo con la información compartida por en total a la estructura criminal se le impuso una pena total de 397 años por todas las condenas.
A los condenados se les acumula 21 casos de hurtos, 18 en perjuicio de centros educativos y tres en perjuicio de iglesias, todos los casos cometidos entre los años de 2020 y 2021 en San Salvador.
Los condenados son:
Manuel Miranda Rivas 135 años de prisión
Eduardo Hernández 93 años de prisión
Santos Ulises Reyes Valladares 99 años de prisión
Dennis Erasmo Villalta Ruano 23 años de prisión
Jhony de Jesús Velásquez Velásquez 8 años de prisión
José Eddys Rivas 39 años de prisión
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
