Judicial
Jorge Hernández no declaró en caso Saqueo Público
La audiencia programada para ayer lunes en el caso Saqueo Público, fue suspendida por la inasistencia a tribunales del expresentador de noticias Jorge Hernández, quien había sido ofertado por la Fiscalía General de la República (FGR), para las 9 de la mañana.
En este caso son procesadas diez personas, entre ellas, la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, y el exsecretario de comunicaciones, David Rivas, por el desvío de $351 millones de las cuentas de Casa Presidencial, durante la gestión del expresidente Mauricio Funes.
Los juzgados donde Hernández es procesado no giraron los oficios a la PNC para su traslado por lo que, ante su ausencia, la jornada de ayer fue suspendida. Hernández tiene arresto domiciliario.
Hasta el momento, en este caso, ha declarado a puerta cerrada el exsecretario privado de Funes, Francisco Cáceres. Su declaración goza de reserva. El segundo testimonio sería el de Hernández, pero aún no se aclara en tribunales si también declarará a puerta cerrada y si cuenta con el régimen de protección extraordinario como en el caso de Cáceres.
El Tribunal Primero de Sentencia resolvió que la declaración de Hernández sí fue ofertada en el dictamen de acusación, pero fue el juez instructor quien no lo relacionó en el acta de apertura a juicio, y añadió que con la declaración del testigo se garantizará el principio de inmediación, contradicción y el del derechos de defensa.
En la audiencia que iniciaría ayer también iban a comparecer Miguel Menéndez «Mecafé» y el exsuegro de Funes, Juan Carlos Guzmán Berdugo, pero no se logró establecer la conexión desde la sala de audiencia del Centro Judicial “Isidro Menéndez” con los penales donde se encuentran recluidos.
En noviembre del 2017, la Fiscalía General de la República acusó a Hernández de lavado de dinero de unos $8.1 millones durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca. Sin embargo, quedó en etapa de instrucción en el desaparecido Juzgado Noveno de Instrucción y no siguió su etapa hacia juicio. La Fiscalía no ha presentado aún el dictamen de acusación en su contra.
Junto a Hernández, también era procesado Esteban Cañas Calderon, quien fue condenado a tres años de cárcel con reemplazo, ambos eran acusados de lavado de dinero y activos, el cual se habría llevado a cabo a través de la sociedad Marketing and Services, en la que se depositaron unos $5 millones; y unos $2 millones a la sociedad RIM, también vinculada a Hernández. Todo este dinero provenía de fondos sustraídos de las cuentas institucionales de la República.
Sobre él pesa un proceso en el Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, por el delito de defraudación al fisco en modalidad de evasión de impuesto, por $178,000. que no pagó al Ministerio de Hacienda en 2014, actualmente está a la espera de la audiencia preliminar.
Jorge Hernández fue capturado el 3 de noviembre del 2017, y luego le cambiaron la medida a arresto domiciliario, que supuestamente mantiene por el caso de lavado.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 61 años de cárcel para Carlos Fredy Rosa Meléndez, quien es acusado de abusar sexualmente de varios menores de edad y documentar en videos los hechos.
Consta en el proceso judicial que el sujeto se aprovechó de los menores de edad entre los años 2020 y el 2022.
La FGR lo acusó por violación en menor e incapaz en su modalidad continuada, agresión sexual en menor e incapaz en su modalidad continuada en perjuicio de 2 víctimas, utilización de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad en pornografía a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación y por adquisición o posesión de material pornografía de niños, niñas, adolescentes o personas con discapacidad a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación.
Durante la Audiencia Preliminar en el Caso SITRAMSS, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que los procesados sean enviados a juicio, en este sentido, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, emitió orden de captura para Nelson Napoleón García, exviceministro de transporte en uno de los gobiernos del FMLN.
En la investigación García es acusado por dos cargos de extorsión agravada, debido a que realizó actos de intimidación y coacción en contra de transportistas que prestaban servicio en la terminal y la vía que era utilizada por el Sitramss, a quienes les exigía que entregaran sus líneas de transporte.
Además, las pruebas presentadas en el caso también demostraron que los procesados presentes: Edwin Flores, exdirector de Tránsito del VMT, concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a SIPAGO, empresa privada de Miguel Ángel Castaneda, acción que no contó con la aprobación legal de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, Gerson Martínez, exministro de Obras Públicas, fue separado del proceso por el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla.
#AJuicio | La @FGR_SV logró que los procesados en el #CasoSITRAMSS sean enviados a juicio.
Las pruebas presentadas durante la Audiencia Preliminar han demostrado que, en el 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público a la empresa privada de… pic.twitter.com/T4wshdHcdT
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 25, 2024
En la exposición de los alegatos finales, la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador que condene a seis años de cárcel al diputado desaforado de Nuevas Ideas, Erick García Salguero, por el delito de falsedad ideológica.
Antes de finalizar el juicio los magistrados le dieron el derecho de última palabra al imputado quien pidió consideración en el caso que sea encontrado responsable.
García no quiere seguir en prisión y expresó a la Cámara que si es condenado le sustituyan la pena por una medida alterna, que está dispuesto a someterse a cualquier decisión que le permita estar fuera de la cárcel.
Según la acusación de la Fiscalía, García Salguero cometió el delito cuando en un documento hizo constar que prestó $90,000, pero en las investigaciones se concluyó que esa transacción nunca fue realizada.
Para demostrar el ilícito, el ministerio público presentó como parte de la prueba una pericia consistente en una experticia grafotécnica que confirma que las firmas en los documentos son de García Salguero.
